CABA: prisión preventiva para el policía que fusiló al vecino de Villa Lugano

Con la acusación de homicidio agravado, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 procesó al policía que mató a Juan Gabriel González en Villa Lugano el día de Navidad. El juez a cargo, Hugo Decaria, dictó la prisión preventiva de Darián Gastón Miño, el oficial que disparó a quemarropa contra González.

Ni el uso del protocolo policial, ni las hipótesis de agresiones y violencia entre vecinos montadas por el gobierno de la Ciudad, quedaron en pie. El dictamen revela una larga cadena de mentiras y de encubrimientos que puede llevar a que caigan otros cinco policías implicados – y eventualmente, los funcionarios que los encubrieron. En el relato de los policías se incriminaba a Nelly Portillo, la pareja de Juan Gabriel, a su hijo Dante y a su amigo Néstor Chávez, quienes fueron acusados del homicidio de su propio pariente y amigo. El fiscal Edgardo Orfila, apoyado en las múltiples pruebas audiovisuales aportadas por los vecinos y en las pericias y resultados de la autopsia, desarmó las imputaciones y el juez sobreseyó a los tres incriminados falsamente.

La resolución dice que “Miño disparó una escopeta -que se trataría del arma de fuego larga marca Benelli modelo M3 SUPER 90, calibre 12-70, con numeración M920436P17 en el armazón y 138837J17 en el cañón- contra el cuerpo de la víctima a una distancia de menos de cinco metros, logrando impactar municiones metálicas en el lado derecho del abdomen de la víctima, donde presentó lesiones”; esto va en el sentido de la autopsia que encontró “hemorragias interna y externa, causadas por lesión de munición múltiple en tórax y abdomen, que causaron la muerte de González”. La CORREPI, a cargo de la representación de la familia de la víctima, agregó: “El cuerpo exhibía un orificio de 14 centímetros de diámetro lado derecho. El taco de metal del cartucho fue recuperado dentro de su estómago y el detector de metales permitió ubicar 9 postas metálicas esparcidas entre sus órganos”.

La cadena de encubrimientos

La resolución reconstruye la llegada al lugar de la UPB (“Unidad Barrial de Pacificación”, nada menos) que montó un cordón policial alrededor de la casa de González, quien se encontraba “descalzo, sin armas y con el torso desnudo”. Los policías inmediatamente empezaron a golpearlo con bastones; Nelly y Chávez intentaron interceder y defenderlo, hasta la llegada de una camioneta de la que bajó Miño, marca el punto clave de la investigación. Miño apuntó directamente a Juan Gabriel y a una distancia de menos de cinco metros le disparó y lo asesinó.

El policía Miño ya había sido apartado preventivamente. En su indagatoria, adjudicó el disparo a otra policía que se encontraba en el lugar desde antes de que él llegara. Imitando las versiones de Patricia Bullrich sobre los disparos a que casi matan al fotógrafo Pablo Grillo en la marcha de los jubilados, Miño dijo que “disparó contra una chapa para que González se asuste y cese su actitud” porque “la víctima estaba muy sacada, era imposible reducirlo”. Según el juez, la policía Valentini a la que intentó implicar Miño actuó de mayor distancia y desde la izquierda.

En su dictamen, el juez recorre la carrera de Darían Gastón Miño, demostrando que es una persona “con entrenamiento en el uso de armas”, que pasó por el Ejército Argentino para luego entrar en 2018 a la Policía de la Ciudad, como ha ocurrido con muchos agentes de inteligencia, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, que constituyen desde su creación la oficialidad de la Policía de la Ciudad.

El fallo concluye: “el oficial resolvió la cuestión en poco más de una decena de segundos que mediaron entre su constitución en el lugar y el disparo fatal, no fue víctima de una agresión ilegítima por parte de quien terminara muerto, que haya justificado su accionar, primera y esencial condición para que sea procedente la legítima defensa”, descartando así la figura de “exceso en la legitima defensa”. A Miño puede caerle la pena de prisión perpetua por la grave acusación de "homicidio agravado por haberse cometido en abuso de su función o cargo al revestir la calidad de miembro integrante de una fuerza de seguridad", Código Penal artículo 80 inciso 9.

La resolución judicial es un duro golpe a los planteos, tanto de los operadores periodísticos del mundo policial como de la ex-ministra de Seguridad Patricia Bullrich: no hubo protocolo, ni legítima defensa, ni otro justificativo. A Juan Gabriel lo mataron de una manera brutal como parte de una escalada policial brutal en los barrios populares de CABA y en las manifestaciones que se desarrollan en suelo porteño.

En este sentido, días después de lo sucedido en Villa 20, en el barrio de Constitución fue gravemente herido Víctor Vargas, quien recibió tres disparos de plomo de la policía y se encuentra al día de hoy internado de gravedad. Siguiendo esta agenda contra los trabajadores más precarios, esta semana el PRO y Jorge Macri dieron rienda suelta a una nueva ola de desalojos de viviendas donde incluyeron varios predios donde trabajaban cooperativas de cartoneros.

Los responsables políticos

Como parte de las malversaciones de la información y de las mentiras de Horacio Giménez alrededor del caso, una médica firmó un acta trucha que decía lo contrario a la autopsia de Juan Gabriel. Según esta “médica”, se constató que la herida de González fue “provocada por un elemento corto-punzante, no hallando lesiones por postas de goma de los efectivos”. Uno más de los atropellos y corresponsabilidades que sostienen el accionar de la Policía de la Ciudad. No fue un corte, no fueron postas de goma, fue un fusilamiento con plomo.

El fiscal Edgardo Orfila pidió la detención de los oficiales Vanesa Valentini y otros cuatros policías por “afirmar falsedades y haber callado la verdad de lo que realmente sucedió en perjuicio de los tres detenidos y falsamente imputados por la muerte de González por homicidio en riña”, tomando las declaraciones que los propios policías volcaron en el sumario elaborado en la Comisaría 8A. El fiscal cierra con lo siguiente: “También les imputó haber ayudado a Darían Miño a eludir la investigación de la autoridad, haber alterado rastros y pruebas del delito -toda vez que impidieron que peritos en criminología actúen de forma inmediata en el lugar del hecho- y no haber denunciado la perpetración de un delito e individualizado a su autor”.

Sobre este punto la abogada María del Carmen Verdú de CORREPI dijo: “El intento institucional de la Policía de la Ciudad de enmascarar el hecho como una riña entre vecinos quedó totalmente descartado, sus familiares y amigos fueron sobreseídos y hay policías de la ciudad imputados por el encubrimiento. Vamos por perpetua para el asesino y juicio y castigo para los encubridores”. Como en otros crímenes policiales, fue la movilización de los vecinos y la familia de Juan Gabriel por justicia junto a los videos aportados los que fueron determinantes para esta acción de la justicia.

Al momento, si bien el juez elevó un pedido de investigación por encubrimiento, aún no apartó de sus funciones al resto de los policías implicados. Tampoco avanzó sobre el Comisario a cargo del operativo, la Oficina de Transparencia y Control Externo del ministerio de seguridad porteño o sobre Asuntos Internos, todos necesariamente implicados en el montaje del encubrimiento. Organismos que son parte de una cadena de mando a cargo de los responsables políticos de estos crímenes policiales que son Jorge Macri y Horacio Giménez.

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