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En las últimas horas, se ha reproducido por diversos portales la situación crítica que está atravesando la empresa. La misma posee fábricas en las localidades de Clason, Lehmann y Suardi, al oeste de la provincia, donde trabaja la suma de 700 operarios.
Sucede que sus trabajadores y el sindicato denuncian que les deben salarios desde octubre del año pasado; inclusive, no han cumplido con el pago del medio aguinaldo previsto para diciembre. Como salida al conflicto, se acordó que semana tras semana la empresa depositaría un millón de pesos a cada uno de sus trabajadores hasta saldar las deudas vigentes. No obstante, este acuerdo cayó en saco roto desde el 8 de enero, cuando la patronal anunció que es incapaz de sostenerlo dejando sin ingresos a todo el personal.
La empresa argumenta problemas de financiamiento y achaca la caída de la producción a la situación general del país. Desde septiembre se encuentra funcionando solamente para la producción de leche en polvo, a raíz de contratos a fazón para terceros, cuya perspectiva de que este aumente son nulas.
Mientras esto sucedía, los trabajadores denunciaron un proceso de vaciamiento: que la empresa esté en “funcionamiento” es meramente una formalidad, ya que no hay materias primas y ni siquiera los transportes que los trasladan al lugar de trabajo. Es lo que sucede en concreto con la fábrica ubicada en Clason, donde los operarios se acercan a la parada del colectivo de la empresa y denuncian que sin previo aviso este dejó de funcionar.
En conocimiento de la situación, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe ha participado de una serie de audiencias para resolver el conflicto. Los funcionarios aseguran haber ofrecido nuevos socios y capitales interesados en invertir. Inclusive, el funcionario encargado de esto ha expresado que la actividad lechera atraviesa un crecimiento sostenido y que lo de Lácteos Verónica, como SanCor, son “situaciones particulares de crisis” (Rosario 3, 14/1).
Esto último reviste una enorme importancia: la particularidad a la que alude es que pretenden doblegar la organización interna y sindical de los empleados, al igual que en SanCor. De ahí se explica el aprovechamiento de la crisis para liquidar planteles, incorporar nueva mano de obra con menos derechos laborales y, en definitiva, reestructurar la empresa sobre las premisas que contiene la reforma laboral de Milei y compañía.
ATILRA, sindicato involucrado en este conflicto, es denunciado por haber cerrado en base a su intereses y haber desprotegido a sus representados. En ese sentido, señalan que ya arreglaron con la familia Espiñeira (que controla la firma) y cesaron con el reclamo de deudas sindicales. Sugieren que el problema se va a solucionar cuando se consume una eventual venta de todo este conglomerado.
En el plano meramente sindical, que su asesoramiento legal recae simplemente en realizar constancias policiales cuando van a tomar el colectivo y nada. Al mismo tiempo, les fue solicitado a los obreros que no concurran al lugar de trabajo. Las fuentes indican (Bichos de Campo 15/1) que la dirigencia no quiere díscolos ni iniciativas individuales, que se radicalicen ante la desoladora situación que están viviendo. Esto no ha impedido que se organicen asambleas en el mismo lugar de trabajo, con la perspectiva de desenvolver una lucha a fondo.
La tensión trasciende a las fábricas involucradas: la actividad lechera es el núcleo de la actividad productiva, del “tejido social” que la rodea y su entorno. La recesión y la prepotencia patronal para aniquilar el “costo laboral” son un cóctel explosivo que implica la desindustrialización del país. El movimiento obrero debe impedirlo.
