Tiempo de lectura: 2 minutos
En abril de 2023, el gobierno de Boric aprobó, en tiempo récord, una variante criolla de la Ley Gatillo Fácil, la ley Naín-Retamal. Boric, quien posee la carta del veto presidencial, la promulgó sin reparos. Supuestamente creada como una ley antidelictual, es en realidad una ley antiobrera. Sirve como pretexto para la absolución de carabineros, policías de investigaciones y gendarmes que cometieron, cometen y cometerán crímenes de lesa humanidad contra los manifestantes en el contexto de la represión política a la rebelión popular de 2019; de fondo, castiga el componente combativo de la actividad política y social del activismo y de la militancia de izquierda. La apariencia democrática de esta medida salta por los aires cuando se devela su contenido profundamente reaccionario, que de paso agudiza la crisis política.
El caso de Gustavo Gatica es emblemático porque en noviembre de 2019 fue mutilado por el oficial de Fuerzas Especiales de Carabineros Claudio "el carnicero" Crespo -bautizado así tras sus criminales actos como esbirro de Piñera-, hoy retirado de la institución, quien lo cegó de ambos ojos disparándole perdigones con su escopeta de servicio directamente al rostro y a una corta distancia en plena manifestación. Tras seis años de investigaciones y procesos de diversa índole, los responsables de la represión gozan hoy de total impunidad. De ese modo, su agresor es encubierto, protegido y liberado por esta "Ley Maldita", porque la Justicia asume que Crespo actuó “en defensa propia”. Los precedentes de este tipo en la mafia judicial capitalista en Chile y América Latina abundan. Se trata de un claro mensaje a los activistas: si protestan y desafían el orden establecido, podrán serán cegados. Esta política le resulta satisfactoria al gobierno entrante en cuanto apuntala al aparato del Estado y a su legislación para ajustar cuentas con la rebelión popular y allana el camino para que futuros crímenes contra la clase obrera queden impunes. La situación tomada de conjunto marca la crisis mortal del oficialismo y de los partidos que lo componen, promotores y cómplices de este despotismo.
Por su parte, el grueso del activismo, carente de programa, se encuentra desconcertado. A fines de 2025, Catalina Ugarte, la jefa de gabinete electoral de Kast, dijo que están preparados para hacerle frente a un nuevo estallido social. Por su parte, Rodolfo Carter, alcalde de la comuna de La Florida en la Región Metropolitana, señaló por la TV que no puede dar ningún detalle del programa de disminución de 6.000 millones de dólares en presupuesto público, caballito de batalla de Kast para "acabar con el mal gasto social", porque inmediatamente desataría protestas en el país. Es lo que ocurre en Bolivia. El fantasma de la rebelión popular los acecha.
La derechización de las masas chilenas es como la derecha abandera su triunfo electoral y el grueso de la izquierda democratizante justifica su pasividad.
Es necesaria una campaña para defender las libertades democráticas y para desarrollar debates, resoluciones, pronunciamientos y la preparación de la lucha.
Justicia para Gustavo Gatica y todos los mutilados.
Libertad a los presos políticos de la Rebelión popular.
Fin a la Ley Naín-Retamal.
