Entre Ríos: represión a estibadores del puerto de Concepción del Uruguay

Escribe Sergio Yeti

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El lunes 26 de enero, por la mañana, estibadores del Puerto de Concepción del Uruguay (CdU) nucleados en el SUPA (Sindicato Unidos Portuarios Argentinos) y la FEPA (Federación de Estibadores Portuarios Argentinos) bloquearon el acceso al puerto por reclamos gremiales relacionados con el salario, las condiciones de trabajo y el reconocimiento sindical. El gobierno de Entre Ríos respondió con una brutal represión que dejó decenas de heridos y seis detenidos.

Los estibadores de Concepción denuncian a la única operadora del puerto, Urcel Argentina, por incumplimiento en el convenio colectivo de trabajo, el no reconocimiento del sindicato SUPA Concepción del Uruguay y condiciones de trabajo deplorables. En comunicación radial el secretario gremial de la regional, Héctor Ramón Aguirre, señaló que un estibador en Concepción gana 43.000 pesos por jornal, cuando por convenio el piso se encuentra en los 98.000 pesos, y tiene atrasos de hasta una semana en los pagos. El puerto de Concepción no ofrece a sus jornaleros instalaciones apropiadas, sin baños ni vestuarios, así que los trabajadores y trabajadoras utilizan baños químicos a la intemperie. Aguirre y la seccional que dirige no es reconocido por la empresa como entidad sindical y negocia directamente con la seccional de Zárate (Bajo Paraná). El incumplimiento del convenio colectivo de trabajo, los arreglos por sector y el desconocimiento de los gremios muestra un escenario con la reforma laboral aplicada de hecho en el puerto de Concepción.

URCEL Forectry & Logistics

La empresa cuenta con un fuerte apoyo tanto del gobierno provincial, como de la justicia. La Policía de Entre Ríos junto con la Prefectura pudieron montar la represión gracias a la rápida orden de la fiscal Marina Albertina Chichi. Desde el SUPA denuncian que también cuenta con el apoyo de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (Fempinra). Inmediatamente desarrollada la represión, la secretaria de Trabajo de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria por 15 días, lo que conlleva que los trabajadores no puedan realizar acciones de protesta y que la empresa no pueda tomar represalias.

La empresa URCEL de capitales uruguayos se dedica a la explotación forestal y posee, según su página de internet, 960.000 hectáreas cosechables en el litoral argentino de donde extrae 600.000 toneladas de madera al año. Operan desde los puertos de Ibicuy y Concepción del Uruguay (donde tiene también su oficina central).

Interna sindical

A finales de diciembre de 2025 se realizaron las elecciones de SUPE CdU con el apoyo de la FEPA conducida por Marcelo Osores. Las elecciones no sólo dieron como ganador a Héctor Ramon Aguirre, sino que reactivaron una seccional que se encontraba sin dirigencia hace años. Previo a esto, los arreglos de los estibadores de esa región se llevaban a cabo directamente con la seccional SUPE Bajo Paraná (conocida como seccional Zárate), en manos de Héctor “Piru” Rojas, quien figura en la nómina de empleados de Urcel. El martes 27 de enero por la tarde se filtró un audio de Rojas en el que anuncia a los carneros sobre su participación activa en gestionar y acelerar el desarrollo de la represión: “Prefectura está esperando la orden del juez o de la gobernación para poder liberar el ingreso, yo estoy apurando ese tema para que se pueda ingresar”.

Las diferencias entre Rojas (SUPA Zarate) y Osores (FEPA) llevaron a que la seccional Zárate se retire de la FEPA y pase a nuclearse en la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (Fempinra), donde es secretario gremial. Rojas intentó colocarse como secretario general de la CGT Zárate-Campana perdiendo con Carlos Gutiérrez, de ASIMRA, alineado con Furlán.

La FEMPINRA es conducida por el secretario general de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmidt, actual secretario de Política de Empleo de la CGT y extriunviro a cargo de la conducción en tiempos de Mauricio Macri.

La seccional de Concepción del Uruguay sigue sin ser reconocida por la empresa URCEL y denuncian que los arreglos salariales se realizan aún con la seccional Zárate, la cual facilita el envío de trabajadores precarizados desde el otro lado del puente Brazo Largo para reemplazar a trabajadores locales.

La FEPA sacó un comunicado en el que anuncia un estado de alerta y movilización y amenaza con un posible paro nacional. La represión desatada en Concepción del Uruguay es una muestra ejemplificadora de la disposición de los gobiernos a garantizar las ganancias de los grandes grupos económicos, a base de asegurar y profundizar la pauperización de la clase obrera.

Revista EDM