El gobierno de Fernández intenta avanzar en la regulación de la prostitución

Este domingo por la tarde, se habilitaba la inscripción al Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) y dentro de las categorías aparecía la opción de “Trabajadores Sexuales”. Por primera vez, el gobierno avanzaba en la regulación de la prostitución sin siquiera anunciarlo. Hacia el final del día la categoría de registro había sido anulada de la web, pero desde el gobierno anunciaron que están armando una Mesa de Trabajo a la que se convocará “a representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, de Trabajo y de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y a organizaciones sociales y diversos colectivos para analizar las distintas perspectivas” (Infobae, 8/6/20).

Prostitución y pandemia

El negocio de la prostitución es una de las “industrias” capitalistas más redituables del mundo. Está entrelazado a las empresas, bancos y financieras más importantes y llena las arcas de funcionarios de todos los poderes del estado. Las organizaciones de mujeres en situación de prostitución, como AMMAR o ATTA (Asoc. de Trans y Travestis de Argentina), se crearon para la defensa de las compañeras contra el proxenetismo y de las fuerzas policiales, de quienes denunciaban todo tipo de hostigamiento para arrojarlas a las redes de trata. Luego de haber sido cooptada por el Estado, AMMAR inició un lobby para regular lo que consideran “trabajo sexual” planteando que esas mismas instituciones, que las hostigaban y las entregaban a los proxenetas, ahora iban a protegerlas. Lo cierto es que ya desde hace algunos años, se han sucedido denuncias y procesamientos en todo el país contra dirigentes de AMMAR acusadas de regentear mujeres en prostíbulos contra su voluntad. La apertura de la categoría de “trabajadores sexuales” propuesta por ReNaTep tenía como opción a marcar si era cuentapropista o “bajo relación dependencia”, que no significa otra cosa que la habilitación del regenteo de mujeres.

La situación de las compañeras insertas en el régimen prostituyente las convierte en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, y esto se agrava fuertemente con la pandemia en curso. La exposición a la violencia, violaciones, amenazas y al contagio de enfermedades venéreas se suma a la completa exposición al coronavirus, siendo, muchas de ellas, población de riesgo. El sector trans es uno de los más golpeados en ese sentido y tienen hoy una expectativa de vida de 35 años. El gobierno tiene que responder cómo puede llamarse profesión o trabajo una actividad que destina a una esperanza de vida que involuciona hacia la época de las cavernas.

El ReNaTEP y una regulación en línea con la decadencia del capitalismo

Georgina Orellano, y el feminismo regulacionista, sostienen que la mejor manera de sacar a las prostitutas de la situación de precariedad y vulnerabilidad es que el Estado las reconozca como trabajadoras y le otorgue los derechos laborales legislados. En principio, omiten que el desarrollo de la crisis mundial, sumado a la pandemia, ha avanzado contra los derechos y condiciones de vida de la clase trabajadora. Asistimos a millones de despidos y suspensiones, que se suman a una base de un 40% de precarizados. Este es además un condicionante fundamental que lleva a cercar a las mujeres a la prostitución como única salida para alimentarse ella y sus hijos.

El ReNaTEP se crea para el blanqueo del trabajo precario. La regulación propuesta por el gobierno de Fernández ni siquiera quitaría a las mujeres en situación de prostitución de la precarización- hoy embellecida bajo el nombre de “economía popular”. Les otorgarían al parecer las magníficas condiciones de vida de vendedores ambulantes o cartoneros. No garantizan estabilidad salarial, ni obra social, ni aguinaldo, no garantizan una vivienda sin hacinamiento o con agua, ni tampoco insumos para la protección al contagio de coronavirus.

Las mujeres que vivimos de nuestro trabajo no queremos que nos registren bajo un trabajo precario, queremos trabajo digno, en condiciones y con salarios igual a la canasta familiar. Es urgente la lucha por un subsidio a las desocupadas de $30.000, por el cupo laboral trans, contra el hacinamiento y la falta de agua. Exigimos el desmantelamiento de las redes de trata y la confiscación de bienes que puedan transformarse en ayuda económica para las víctimas. Se vuelve necesaria la deliberación y la organización independiente del Estado y sus organismos, cómplices y garantes del negocio multimillonario de la explotación sexual.