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La renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, ha puesto de manifiesto el carácter fraudulento del “equilibrio fiscal” que Milei y Caputo exhiben como la “gran” conquista de su programa económico. Ese mentiroso equilibrio se ha sostenido en base a un fraude, principalmente, contra los cinco millones y medio de jubilados.
Marco Lavagna había anunciado días atrás la aplicación de un nuevo índice de precios al consumidor a partir del dato de enero. Esa actualización aumenta el peso de los servicios públicos en el índice, de acuerdo a los consumos actuales en ese rubro. El anterior índice subestimaba su verdadera gravitación en la canasta de gastos. El índice nuevo se encontraba elaborado y chequeado desde hace tiempo por los técnicos del INDEC. Pero Milei y Caputo postergaron su aplicación, para encubrir el verdadero alcance de la inflación.
Finalmente, en enero de este año debía ponerse en marcha el nuevo índice. Según las fuentes del propio INDEC, el indicador treparía por arriba del 3%. Más allá de superar el valor de los meses pasados, el índice iba a desnudar el desbarranque inflacionario de la política oficial y la dolarización de las tarifas de servicios públicos. Enfrentados a esta perspectiva, la orden de Caputo de “no innovar” y seguir aplicando el índice ficticio, precipitó la renuncia de Lavagna.
La crisis del INDEC puso de manifiesto la confiscación social ya perpetrada en los dos años de lilberticidio, a través de una estafa estadística. Entre 2024 y 2025, la diferencia acumulada entre los dos índices -el viejo y el actualizado- se estima en un 18%. Si se considera que los haberes jubilatorios se ajustan de acuerdo al IPC, ese porcentaje indica el despojo perpetrado a los trabajadores pasivos, sólo por la aplicación de un índice inadecuado. Este robo se extiende al conjunto de los trabajadores, allí donde se adoptaron pautas salariales que tomaran en cuenta, en alguna medida, a la inflación pasada. La estafa estadística echa luz también sobre el fraude que hubo que cometer para alcanzar el superávit fiscal declarado, pues ese “resultado” se alcanzó con un gasto deliberadamente subestimado -las jubilaciones representan un 45% del gasto público-, frente a unos ingresos impositivos que se ajustan con los precios “de verdad”, como el IVA. Los “pulcros” y “rigurosos” técnicos del FMI han avalado este fraude, porque servía para asegurar el objetivo número uno, de ellos y de los liberticidas -recaudar el dinero para pagar la deuda pública.
La decisión de Caputo muestra la firme determinación de continuar con este fraude. Los trabajadores del INDEC alertan sobre ello. La escalada inflacionaria acicatea a los liberticidas a reforzar ese rumbo, y practicar una “desindexación “de facto” de los gastos sociales y, principalmente, previsionales. En estos días, las consultoras económicas abundan en alertas acerca del “crecimiento del gasto previsional” en el gasto total; ello porque, mientras otros rubros del gasto -salud, universidades- se congelan arbitrariamente, existe una norma legal que ajusta a las jubilaciones con el índice de precios oficial. El fraude sobre el índice de precios es una derogación encubierta de la movilidad jubilatoria. Los campeones del gobierno por decreto y de los superpoderes a la SIDE decretan ahora el “estado de excepción estadístico”.
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Marco Lavagna renuncia a la dirección del INDEC El alza de la inflación de enero pone en crisis la actualización de los índices. Por Leonardo Perna, 02/02/2026.
