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Cuando el fiscal de Rawson, Chubut, justificó como un “desahogo sexual” una violación ´en manada´ ocurrida en 2012, en Puerto Madryn, la corriente del feminismo cultural creyó encontrar un ejemplo mayúsculo del machismo anidado en la sociedad, y el sector oficialista se sintió reivindicado en su objetivo de impulsar “la perspectiva de género” en el Estado. En aplicación de la ley Micaela, el gobierno ya ha tomado medidas en ese sentido, por ejemplo, la capacitación de centenares de policías.
El fiscal en cuestión entendió que su caracterización justificaba un cambio de carátula de la causa, que pasó entonces a abuso sexual simple de la que establecía, con anterioridad, el abuso sexual agravado con acceso carnal. La nueva calificación permitía solicitar un juicio abreviado y una condena de hasta tres años, que podía quedar en suspenso. Que una violación ejecutada en grupo (“manada”) debía merecer un cambio de carátula y la reducción de la pena, si obedecía a un ‘un desahogo’ colectivo, hacía ver a quien quisiera que estábamos ante un claro abuso político, o sea de poder.
Ocurre que un juicio abreviado no es prerrogativa del fiscal si no está respaldada por un acuerdo de partes; en 2017 la víctima se había animado a hacer la denuncia del delito. De otro lado, el juicio abreviado debe ser refrendado por el juez. Todos los diarios informaban que los victimarios eran “hijos del poder” de la ciudad, Madryn. Finalmente quedó claro que el poder había comprado ese juicio abreviado mediante un arreglo económico con la familia de la joven violentada, lo cual desmentía que la víctima hubiera tomado la iniciativa, para no alargar en el tiempo la experiencia por la que fue forzada a atravesar, e incluso repetirla en un juicio oral y público.
No sabemos todavía si la indignación popular que causo el manoseo del fiscal, o por otras razones, el juez rechazó el cambio de carátula, y la defensa apeló la sentencia de primera instancia. En los fundamentos, el juez revela que el acuerdo de partes no fue tal, sino ‘a la Trump’, o sea acallar a la víctima por dinero. La presencia del dinero confirma que se trata de una coacción de los ‘padres del poder’, con la complicidad del fiscal. Estamos ante una cuestión política de pies a cabeza, y no de una deriva ‘cultural’, que en todo caso no sería sino la expresión justificatoria del poder y del abuso de poder.
Solamente destruyendo este poder se puede eliminar la impunidad de una violación de los derechos humanos de la joven, y de la mujer. Es claro que solamente bajo otro poder, de los trabajadores, y en definitiva bajo la abolición de todo poder, o sea de toda forma de opresión y subordinación, se pueden desarrollar las condiciones históricas para acabar con la opresión milenaria de la mujer. La cultura es un arma para luchar por la abolición de toda opresión, cuando en lugar de operar como una justificación del orden existente, la cultura machista y no el orden social y político, opera como crítica práctica de ese orden.
Con esta comprensión, propugnamos la formación de un movimiento por el juicio rápido y por la condena de la ‘manada’, sin que nos corresponda a un juicio sobre la aceptación del juicio abreviado por parte de la querella – haya mediado dinero o no. No admitimos sumar a aquella violación otra violación, como condenar a la víctima por el papel que se le atribuye acerca del juicio abreviado. Simplemente nos sumamos a una movilización política por el juicio y castigo a los culpables
