Estallido policial desenmascara la contrarreforma laboral
Milei, Pullaro y los gobernadores enfrentados por sus custodios
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Cuando el Senado se apresta a dar media sanción a la contrarreforma laboral, el desafío contra este atropello histórico contra la clase obrera no parte de la CGT ni de la burocracia peronista de los sindicatos, sino de los agentes policiales de Rosario, aunque no hagan mayor referencia a ella y aunque sus colegas de la Federal y de Caba, junto a la Gendarmería, se apresten a reprimir las protestas contra esa media sanción.
En la provincia de Santa Fe, los encargados de proteger la seguridad pública y defender el “orden” (capitalista ajustador), dicen que no pueden vivir con 900.000 pesos de salario, compuesto de un básico de 160.000 pesos y toda clase de ‘adicionales’ precarios.
Santa Fe es la provincia más rica de Argentina, donde circulan los millones de dólares de la “patria” sojera, de los monopolios exportadores y de la gran industria. Milei y Pullaro, con Bullrich y Caputo, no garantizan la comida de sus propios guardianes.
En esa provincia, se armó el mayor dispositivo represivo del país, para custodiar los puertos privados, el negocio inmobiliario y el narcotráfico.
En sus piquetes improvisados, los policías denuncian que se ven obligados a changuear como choferes o motoqueros de aplicaciones de reparto. La mitad de la clase obrera de la industria y servicios hace lo mismo con Uber. Esta es ‘la libertad carajo’ de Milei y la clase capitalista de delincuentes sociales que lo apoya.
El recibo de sueldo de los policías amotinados es un retrato, hecho y derecho, de la contrarreforma laboral que el gobierno ha enviado al Congreso, para que la voten los mismos Pullaros y los gobernadores que deberán enfrentar en poco tiempo más rebeliones similares.
Karina Milei y sus secuaces santafecinos han salido a “caranchear” con la huelga policial, a la que presentan con el repetido verso de los “infiltrados”. Milei y sus funcionarios enfrentan cargos judiciales por corrupción con los fondos de los discapacitados, negociados con las redes sociales y contratos adulterados de compras públicas.
Mientras tanto, el INDEC anuncia una inflación trucha del 3%, cuando la real se acerca al 4 o 5%.
A este ritmo, los trabajadores, que han sufrido una caída de entre el 20 y 40% de sus salarios en los últimos dos años, van a perder otro 25% del salario en 2026; los despedidos ni eso.
La cloaca oficial teme que, si ‘cede’ ante el personal policial, las luchas reivindicativas de los trabajadores se multipliquen y pasen por encima de la burocracia antiobrera.
En esta feroz lucha de clases desencadenada por el capital y su gobierno fascistoide, tenemos la obligación de explotar las quiebras y fracturas de un sistema condenado, para lanzar una lucha de conjunto.
O sea, una huelga general apoyada en autoconvocatorias y coordinadoras.
