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El gobernador Gustavo Sáenz y el intendente Guerra se han visto obligados a revisar su línea de ajuste en Colonia Santa Rosa. Después de varios meses de reclamos de los vecinos de 15 barrios y una huelga municipal que ya ha sobrepasado dos semanas, la provincia ha decidido habilitar la entrega de harina, garrafas sociales, mercadería y el municipio a realizar obras de limpieza en algunos barrios. A su vez, Guerra ha anunciado unilateralmente un aumento del 10% a fines de junio a los salarios municipales.
Este lastre es, sin embargo, limitadísimo. Las asambleas barriales exigían también obra pública de urbanización y el equipamiento de salitas y el hospital. Los municipales reclaman el pago del 30% de aumento conquistado en 2019, los aumentos dados este año para los estatales provinciales y la reincorporación de trabajadores despedidos por luchar, entre otros reclamos.
El recule gubernamental se ha producido después de que una rebelión de vecinos y trabajadores municipales copara el concejo deliberante y obligara a los ediles a votar la suspensión del intendente Guerra y la conformación de una comisión auditora que incluía representantes de trabajadores y vecinos en lucha. Sin embargo, los concejales no han hecho nada para hacer cumplir su resolución y ahora se declararon en cuarentena, garantizando la continuidad del intendente Guerra.
“Tiempo fuera"
A este cuadro, se le sumó la alarma por nuevos contagios de COVID-19 en la zona y también un llamado a conciliación obligatoria a los sindicatos que se declararon de paro para precipitar esta maniobra, que fue rechazada por los municipales autoconvocados. El cuadro creado le ha regalado al gobierno una suerte de “tiempo fuera".
Por el alcance de las reivindicaciones obreras y populares y por la quiebra del municipio, la crisis está muy lejos de resolverse. La premisa establecida por el secretario provincial de asuntos municipales, Mario Cuenca, de que “con Guerra o sin Guerra el municipio de Colonia Santa Rosa no puede seguir funcionando si no reduce la planta de empleados municipales”, sigue siendo la orientación fundamental del gobierno provincial, que además acaba de desdoblar el pago del medio aguinaldo para los estatales.
El gobernador ha rescatado a un intendente que hoy en día ni siquiera puede salir a la calle sin recibir el repudio popular. El reclamo histórico de los municipales autoconvocados de la apertura y control de las cuentas del municipio por parte de la población trabajadora comenzaba a ser levantado por huelguistas y los manifestantes de los barrios.
Tareas
Esta tregua debe aprovecharse para defender la continuidad de las asambleas barriales y la asamblea municipal y evitar la usurpación de una representación electa y revocable por los punteros y burócratas ligados al gobierno y los partidos patronales. Las concesiones obtenidas son fruto de la lucha y no de gestiones o padrinazgos.
La experiencia del último período ha dejado claro para una vanguardia, que Guerra no se irá del municipio si no es echado a través de la lucha. Es necesario poner en pie un congreso de trabajadores que pugne por una real apertura y control obrero y popular de las cuentas y el suelo del municipio y el departamento.
Extensión
Los conflictos municipales por el salario y falta de insumos de trabajo comienzan a extenderse a otros municipios como Hipólito Yrigoyen, Salvador Mazza y Aguaray. En Salta Capital, la intendenta Bettina Romero tantea un desguace de las áreas municipales de tránsito y obras públicas entre otras. Se plantea la necesidad de la coordinación de estas luchas y un congreso de bases de trabajadores municipales, que supere la fragmentación administrativa e impuesta por decenas y decenas de sellos sindicales burocráticos. Los municipios y sus trabajadores son los eslabones más débiles de la cadena del estado y jugarán un rol destacado en las luchas de clase que se avecinan.
