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El paro de ADIUNT de este jueves 11 tuvo mayor adhesión entre la docencia y mayor repercusión en los medios de comunicación que el paro del 27 de mayo. Este nuevo paro había sido votado por una Asamblea General en la que también se había registrado una concurrencia mayor a la asamblea precedente.
ADIUNT se encuentra en un plan de lucha por el reconocimiento de un conjunto de derechos laborales y por la defensa del salario docente. Las autoridades de la UNT, como las de casi todas las universidades, se resisten a reconocer derechos que le pongan un límite a la precariedad laboral y educativa que se ha acrecentado por la pandemia. El plan de lucha ha logrado instalar estos temas en la agenda y ha arrancado su debate en paritarias.
El nuevo paro estuvo precedido de una fuerte agitación por la aprobación del proyecto de Licencia por Violencia de Género para las docentes de la UNT. La violencia de género se ha incrementado con la cuarentena y no se puede admitir ninguna razón para dilatar la lucha para enfrentarla.
Una agenda contra la docencia
El paro de ADIUNT tuvo lugar un día después de la primera reunión de la paritaria nacional sobre condiciones de trabajo, una reunión que debió haber sido convocada apenas iniciada la cuarentena, pero que el gobierno demoró 80 días y a la que encima concurrió “sin propuesta”.
Finalmente, el viernes 12, giró un borrador de acta con “recomendaciones de condiciones laborales mínimas para la emergencia”.
Bien miradas, estas “recomendaciones” constituyen un ataque a los derechos docentes: aunque incluyen el pago íntegro de salarios y el cumplimiento de las designaciones horarias, en el contexto del sobreesfuerzo que la docencia está realizando por la baja de la productividad del trabajo virtual, lo que correspondía era el pago de un diferencial salarial o una reducción de la cantidad de horas efectivas frente a los dispositivos.
Algo similar sucede con los recursos tecnológicos para el desarrollo de las actividades virtuales: el documento del gobierno no garantiza la provisión de computadoras ni siquiera la compensación de los gastos que ya han realizado los docentes en estos 80 días. Mucho menos garantiza la conectividad de estudiantes y docentes.
Ni una palabra sobre el carácter voluntario del trabajo virtual ni sobre el problema de las evaluaciones, un tema en el que deja libertad de acción a las camarillas que, de conjunto, pretenden aprovechar la pandemia para cepillar una parte de la masa de estudiantes de las universidades públicas.
Aunque el documento del gobierno plantea algunos cuidados sanitarios básicos, la mayor parte de las camarillas están organizando posibles retornos a la presencialidad a espaldas de los trabajadores e incluso chocando con los gremios docentes y no docentes.
Conadu Histórica había llevado a la reunión con el gobierno un pliego reivindicativo, pero las “recomendaciones” del gobierno van en la dirección contraria, lo que era previsible toda vez que el gobierno marcha a un acuerdo de deuda que significará mayores ajustes para los trabajadores y para la educación. El nuevo escenario plantea la necesidad de un congreso de la federación y de un plan de lucha del conjunto de la Conadu Histórica tanto por el salario como por las condiciones laborales.
