Escribe Gabriel Meggiotto
Tiempo de lectura: 4 minutos
La patronal de Granja Tres Arroyos (G3A) ha iniciado un proceso de vaciamiento total de sus plantas en todo el país y de reducción de la jornada laboral.
Recientemente 120 productores que trabajaban en un sistema integrado con Granja Tres Arroyos se retiraron debido a atrasos en los pagos. Esto implicó un éxodo del 60% de las granjas asociadas a la firma (La Nación, 28/3) y una caída en la faena de pollos, que pasó de 700.000 a 200.000 ejemplares. Para Unrein, presidente del CAPIT, el panorama es negativo: asegura que el 40% de los productores restantes continúa trabajando con GTA solo porque aún espera cobrar lo que se le adeuda (ídem). Es decir, si la empresa llegara a saldar la deuda con esos productores, es muy probable que también abandonen el sistema integrado, lo que obligaría a Granja Tres Arroyos a producir con sus propias granjas. Con 7.000 millones de pesos en cheques rechazados y una deuda acumulada de 26.000 millones, la crisis en la firma es total.
De esta crisis se derivan los ajustes que la patronal está llevando adelante a nivel nacional. Un rumor que circulaba en la planta de Concepción del Uruguay -según el cual, durante la semana del 6 de abril, se iniciaría un proceso de recortes y despidos que incluiría una fuerte reducción de la jornada laboral- terminó confirmándose el miércoles 8 de abril en la planta de Pinazo, en Pilar. Al mediodía de ese miércoles, la burocracia sindical convocó a los trabajadores a una «asamblea informativa» en la que señaló que, tras conversaciones con la patronal y para «preservar» los puestos de trabajo, se había acordado una reducción de la jornada a dos días por semana (cuatro días por quincena) para los sectores más importantes de la fábrica: faenado, carnicería, envasado, etcétera. Sólo el sector de pre-frito se mantiene sin cambios.
Esta modificación reduce aún más los ya magros salarios, ya que los trabajadores de Granja Tres Arroyos cobran sin los premios; es decir, en el sueldo no perciben ni antigüedad ni presentismo. Por otro lado, el sindicato informó que la empresa pidió 180 días para reordenar sus finanzas, sin dar perspectiva alguna sobre qué ocurrirá con los puestos de trabajo una vez finalizado ese plazo de seis meses fijado por la patronal.
En diálogo con un trabajador del sector de envasado, el compañero señaló que las máquinas que utilizan para envasar los pollos y demás productos llevan mucho tiempo con fallas o están totalmente obsoletas. La empresa no ha invertido ni un peso en repararlas o reemplazarlas; son los propios trabajadores del sector quienes deben encargarse de repararlas para dar continuidad a la producción. Por otra parte, según nos indicó, el envasado por turno solía ser de 90.000 pollos, pero esa cifra se ha reducido a 20.000. Todo lo que no se alcanza a envasar queda en el congelador hasta el día siguiente o incluso hasta la semana siguiente. Con respecto al sector de faenado, nos informó que los compañeros que trabajan allí no cuentan con antigüedad: son puestos de trabajo recientes que, de algún modo, quedan apartados del conjunto de los trabajadores debido a su escasa trayectoria e inexperiencia. Por último, varios compañeros nos señalaron que el sector más aislado de la planta -el de re-fritos, que no tiene ninguna relación con el sindicato ni adhiere a los paros- es, paradójicamente, el menos afectado por la reducción de la jornada, ya que mantiene aún el esquema normal de trabajo: seis días laborables y uno de descanso.
Esta composición de la planta se explica, en parte, por la intervención del sindicato. Los delegados no responden por el sector que representan, sino al total de la planta, independientemente del sector al que pertenezcan. Este esquema homogeneiza la discusión entre patronal y sindicato, lo que permite que la empresa tenga un mayor control a la hora de negociar con la burocracia. En palabras de los trabajadores de la fábrica, quienes dirigen el sindicato allí «están arreglados», ya que simplemente se limitan a transmitir lo que la patronal dice. En general, los paros que llevan adelante continúan la tendencia del conjunto de la burocracia: son aislados. Es decir, para los trabajadores de Granja Tres Arroyos, los burócratas no son más que informantes y colaboradores de la patronal elevados al estatus de comisión interna.
De todos modos, la situación de la planta de Pilar no es un hecho aislado; la crisis al interior de Granja Tres Arroyos es muy profunda. En lo sucesivo, la patronal avanzará en una reducción de la jornada laboral en el resto de las plantas del país hasta que, potencialmente, cese la producción. A todas luces, lo que refleja la planta de Pilar es el vaciamiento y el abandono total de la producción. También refleja que está planeada una reconversión, ya que en los próximos seis meses el saneamiento de las cuentas de la empresa apuntará a seguir una tendencia en el sector avícola: la importación desde Brasil.
Ante todo, la continuidad de los puestos de trabajo se encuentra cuestionada. Ya sea por la reconversión o por su disolución total, los únicos que saldrán perdiendo serán los trabajadores. Una lucha profunda y consciente que plantee el control obrero de la fábrica y de sus finanzas es lo único que logrará revertir esta situación. La burocracia sindical jamás se atreverá a desarrollar esos planteos ni adherirá a un programa obrero. Solo se logrará a través de la discusión en asambleas de base con resolución, tomas, piquetes y unidad con el resto de los trabajadores de la zona, para discutir una ofensiva contra la patronal y sus colaboradores, fijando como rumbo la huelga general.
