Desregulación de la navegación de ríos y mares: una medida al servicio de los agroexportadores y los intereses norteamericanos

En medio de una nueva licitación de la Hidrovía, el gobierno nacional reformó el régimen del servicio de practicaje y pilotaje en puertos y vías fluviales. El objetivo declarado es reducir los costos del comercio exterior. La iniciativa del “desregulador” Federico Sturzenegger ha generado controversias con la Armada, por el “impacto en la seguridad y en el esquema laboral del sector dado que permite la libre navegación de buques de empresas extranjeras” (LPO, 10/4). La Armada es la responsable desde hace más de 100 años del sistema de formación de la Marina Mercante, compuesta por los buques y personal civil dedicado al transporte comercial de mercancias y pasajeros. El DNU plantea transferir esta función a la Prefectura Naval.

Además de limitar la intervención estatal en la fijación de tarifas para la navegación de ríos y puertos y a su vez, el decreto da vía libre a que los buques extranjeros no tengan supervisión alguna. En la página oficial del Estado argentino todavía se puede leer que el servicio de practicaje y pilotaje “es un servicio público de interés para la seguridad de la navegación, maniobras y reglamentación en zonas declaradas de practicaje o pilotaje obligatorio o facultativo (...) es esencial para optimizar el uso de las vías navegables y de instalaciones portuarias, asegurando que los buques puedan transitar, atracar, operar comercialmente y salir de manera segura y fluída” (Practicaje, Pilotaje y Baquía | Argentina.gob.ar)

El DNU desregulador se da en el marco de una nueva instancia de la licitación de la Hidrovía, pero en una perspectiva más general, la medida del gobierno refuerza los intereses estadounidenses sobre el Atlántico Sur, ya que el practicaje y pilotaje es un servicio esencial en el Estrecho de Magallanes, paso bioceánico fundamental en la guerra comercial que los EE. UU. mantiene con China. El gobierno de Milei ha avanzado en este sentido interviniendo el puerto de Ushuaia con la vista puesta en la privatización del mismo, y quienes llevan ventajas políticas y económicas en este proceso son los holdings de EE. UU., detrás de los cuales se guarecen motivaciones “geopolíticas”, como lo ha manifestado reiteradamente la Armada estadounidense, que pretende instalar una base militar en la isla y de esta manera tender un puente a la Antártida.

Rechazos

Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina, asociación de caracter civil, advierten que el DNU "cumple un viejo anhelo Sturzenegger, del famoso abaratamiento de costos del transporte marítimo, que en éste caso el principal beneficiario de este abaratamiento va a ser las empresas navieras extranjeras, aquellas que por ejemplo vienen a cargar cereal a la hidrovía y después se van" y “habilita a capitanes extranjeros que han venido una cierta cantidad de veces a un puerto argentino a poder prescindir de los servicios del práctico. Esto es grave porque el práctico, entre otras cosas, es los ojos de la autoridad marítima en el buque extranjero". “Vas a poder tener buques extranjeros sin argentinos a bordo, navegando a pocos metros de la central de Atucha”, concluye.

Desde la Asociación Internacional de Prácticos Marítimos (IMPA también aseguran que se degradaría la seguridad del movimiento de buques, aumentando la probabilidad de colisiones, abordajes, encallamientos e interrupciones en el comercio. Con los mismos argumentos, desde la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos rechazan la desregulación del servicio y presentaron un pedido formal para frenar los plazos administrativos. Solicitan acceso a la documentación técnica y abrir una instancia de revisión del esquema propuesto.

Un Práctico que desarrolla tareas en Rosario dijo que "los daños ecológicos y en infraestructura son igual de graves, con consecuencias sobre el aumento de los seguros o cómo se vería la vida afectada con derrame de combustible, los cascos no solo se pueden romper al chocar con unas rocas, también los accidentes como puentes o infraestructura argentina lo pueden generar. Cuando el practicaje dejó de funcionar en Alaska, costó U$D 12.000 millones y años de daño ambiental irreversible" (LPO, 15/4).

El empresariado del sector ha tomado una posición enconada contra el DNU y por ende con Sturzenegger y advierten que el ministro interviene "en lo que no conoce" y busca "perjudicar sectores argentinos marítimos y fluviales en beneficio de 5 empresas extranjeras”. Señalan que sus decisiones plantean a futuro problemas para la seguridad y la soberanía.