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En plena intervención del gobierno nacional al puerto de Ushuaia, un avión militar estadounidense aterrizó este fin de semana en el aeropuerto internacional de esa ciudad, transportando a una delegación de congresistas que estaría encabezada por el republicano Morgan Griffith. Luego de sus actividades en Tierra del Fuego, la delegación se trasladaría a Neuquén, donde se encuentran Vaca Muerta y también la base china de exploración espacial Bajada del Agrio, cuestionada por el Departamento de Estado.
El arribo de la nave no había sido anunciado oficialmente por el gobierno argentino ni por la embajada norteamericana. Más tarde, fuentes de la embajada de Estados Unidos confirmaron que la delegación se encuentra realizando una visita oficial que incluye “reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica” (La Nación, 27/1), sin aportar mayores detalles, entre ellos, la identidad de los pasajeros. La aeronave Boeing C-40 Clipper que los transportó es definida como una “oficina en el cielo”, equipada para trasladar a altos mandos militares y funcionarios gubernamentales, incluyendo equipos de comunicación encriptada. El propósito de la misión sería ´monitorear´ la actividad china en la región austral, con foco en las llamadas tierras raras.
Ushuaia se ha convertido en un destino frecuente de delegaciones norteamericanas de primer nivel: dos generales del Comando Sur visitaron la base durante el gobierno de Javier Milei – en 2024 fue Laura Richardson durante la gestión de Joe Biden y septiembre de 2025, Alvin Holsey, ya durante el gobierno Trump. Las gestiones estuvieron focalizadas en la construcción de una base militar conjunta en la isla. Según Milei, su propósito sería “defender la soberanía sobre Malvinas”, a pesar de que los norteamericanos desarrollan regularmente ejercicios militares conjuntos con las tropas inglesas. Ushuaia es un enclave estratégico en el extremo sur del continente y una de las principales bases de abastecimiento para las expediciones a la Antártida. China mantiene inversiones en Rio Grande, donde se proponía construir un puerto multipropósito en aguas profundas, finalmente vetado por el lobby norteamericano. En 2024, la generala Richardson lo denunció ante un comité de la Cámara de Representantes, porque “podría mejorar dramáticamente la capacidad de acceso de China a la región antártica". Actualmente, sin embargo, China está detrás de dos proyectos que el gobernador Gustavo Melella -un radical K- reactivó: la construcción de la Nueva Usina Termoeléctrica de Ushuaia, considerada “una obra clave para resolver la crisis energética de la ciudad” (La Nación, 27/1); y la instalación la Planta de Urea, para transformar el gas natural en urea y metanol.
Casi simultáneamente con el arribo del avión militar norteamericano, el gobierno tomó control administrativo del puerto de Ushuaia, que fue transferido a la provincia de Tierra del Fuego desde 1992. El gobierno nacional se valió de denuncias sobre el deterioro de la infraestructura portuaria, desvío de fondos y otras excusas para desplazar a los representantes provinciales y hacerse cargo de la gestión del puerto por al menos un año. Circulan versiones sobre un eventual acuerdo entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump para ceder su control a Estados Unidos, que tiene un fuerte interés en instalar en la capital fueguina una Base Naval Integrada que le sirva como ingreso a la Antártida. El Tratado Antártico, todavía vigente, prohíbe la presencia militar en la zona, pero hoy, bajo el “nuevo orden mundial” impulsado por Trump, eventualmente no significa nada.
