Tiempo de lectura: 2 minutos
El 12 de junio se cumplieron 9 años del asesinato de Carla Milens, una joven que desapareció cuando salía de trabajar en el Bingo Oasis, de Pilar: Su cuerpo fue encontrado a metros de su casa, en el barrio El Manantial, golpeado y quemado. Hasta el día de hoy, no hay acusados ni imputados por el crimen.
El día anterior a su asesinato, Carla cumplía 19 años. Ese domingo, salió de trabajar y fue a la casa de su novio, quien declaró haberla acompañado hasta la parada del colectivo de regreso a a su hogar, pero nunca llegó. La encontró su hermano, a metros de su casa, en la planta alta de una obra en construcción abandonada. La mataron de forma salvaje: la apuñalaron, la remataron con un piedrazo en la cabeza, la prendieron fuego y tiraron su cuerpo en dicho lugar.
Pero apenas 72 horas después del crimen, en un hecho inédito, la Municipalidad de Pilar destruyó la casa y limpió la escena, eliminando todo tipo de evidencias y pruebas, a raíz de un supuesto pedido de los vecinos del barrio. Sin embargo, uno de ellos reconoció que les hicieron firmar papeles luego de haber pasado las topadoras.
El autor de la demolición fue el secretario de Obras Publicas de aquel entonces, José Kastelic, con el aval del intendente Humberto Zuccaro. El secretario de Obras fue imputado por falsificar las firmas de aquellos vecinos que "pidieron la demolición", pero nunca tuvo un juicio por el encubrimiento del hecho. El entonces concejal por la oposición, Gabriel Lagomarsino, hizo una acusación sobre el hijo del ex intendente "Quique" Zúccaro como uno de los autores del crimen (Infonews, 3/10/13). Zúccaro gobernó Pilar durante 12 años, tiempo que tuvo para entablar negocios con jueces y fiscales que no hicieron otra cosa que dilatar el caso al punto de no tener ni un solo imputado en la causa.
Los padres de Carla se mantienen firmes exigiendo justicia. En 2017, se encadenaron al municipio exigiendo respuestas que nunca obtuvieron. El papá de Carla, Claudio Milens, en ese momento, denunciaba que “los escombros se siguen revolviendo. Eso lo puede hacer solo una topadora”. Analia Palatnik, la madre, afirmaba "todo fue mal hecho desde el principio. Durante las pericias a mi hija la cepillaron y después hicieron la autopsia y su ropa estuvo un año en la comisaría, sin usarse como prueba" (Perfil, 1/10/12). En 2018, José Kastelic fue citado a declarar por falsificación, pero no se presentó.
El estado, representado en el poder judicial y en el poder político, son los garantes de la violencia a las mujeres trabajadoras. El hecho de Carla, como el de Luna Ortiz, desnuda a un estado que se nutre de las peores aberraciones para sostenerse, siendo funcional a la impunidad de una determinada clase social. El carácter de clase del estado no lo cambiará ninguna reforma ni ninguna "ley Micaela". No se trata de un problema cultural o de “formación” de los funcionarios del Estado: es un entramado corrupto, en el cual las mujeres valemos lo mismo que un envase descartable, al que debemos tirar abajo.
¡Justicia por Carla! El Estado es responsable.
