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La ‘democracia peruana’ se supera a si misma cada vez más. Luego de varios mandatos presidenciales interrumpidos por delitos de corrupción, un cleptocidio, ha ingresado en una suerte de regimenicidio. El ballotage, una competencia entre mayorías, se ha convertido en una disputa entre ultraminorías. Como resultado de este caos, la presidencia carece de mayoría en el Congreso, o incluso de un bloque relevante. En las elecciones recientes, la desintegración del poder formal se ha acentuado considerablemente debido a la irregularidad de los mismos comicios, del recuento de votos, de la indeterminación del candidato que ocupa el segundo lugar en la disputa de la segunda vuelta y, finalmente, en la renuncia del presidente de la Comisión Nacional Electoral y el allanamiento de su domicilio por parte de la policía. Los politólogos más conocidos han renunciado a caracterizar la deriva del estado peruano.
“Excepcional” como luce, el proceso peruano no es más que una variante de la crisis de estado en América Latina. En Brasil, un golpe parlamentario reclamado por el alto mando militar derrocó a la presidenta Dilma Roussef, proscribió la candidatura de Lula para las elecciones subsiguientes y lo condenó a doce años de cárcel, para rehabilitarlo más tarde ante la necesidad de poner fin al gobierno de Bolsonaro, que puso a Brasil en el segundo lugar de muertos por la pandemia del Covid. Ni qué hablar de Ecuador, donde el vice de Rafael Correa lo obligó al exilio y concluyó en la presidencia de Novoa, representante de la pandilla del banano, y en el desencadenamiento de una violencia de los clanes del narcotráfico. En Venezuela, el chavismo residual se ha convertido en los gurkas de Trump, mientras que en Argentina gobierna con métodos inconstitucionales un gobierno elegido constitucionalmente, que difunde su apoyo al genocidio.
Perú no ha superado la etapa del gobierno bonapartista criminal de Alberto Fujimori. Fujimori dotó a Perú de una Constitución que se caracteriza por las garantías al capital extranjero y la autonomía de las Fuerzas Armadas. Fujimori mismo fue el cierre del periodo abierto por el golpe de estado nacionalista de 1968 y el gobierno subsiguiente del general Velazco Alvarado, que nacionalizó a la oligarquía costeña del país. Fue, de conjunto, un período de grandes movilizaciones populares; Fujimori aprovechó el pretexto de Sendero Luminoso y de Tupac Amaru para desatar una represión que lo dio por concluido. Las instituciones que gobiernan Perú, en la actualidad, son el Banco Central y el alto mando militar, que protegió al esbirro de Fujimori, Vladimiro Montesinos, en los cuarteles; los representantes ‘civiles’ se ajustan a este régimen político.
Perú tampoco ha superado la infiltración profunda del estado por la corporación Odebrecht, que en su asalto por América Latina (Venezuela, El Salvador, Argentina, naturalmente Brasil, Perú especialmente) no dejó títere con cabeza. Desde Toledo a Kuczinski, el presupuesto de coimas de Odebrecht fue una savia institucional. Odebrecht pretendía monopolizar las obras que conectaran del Atlántico al Pacífico y la cadena de producción resultante. Los golpes que recibió del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de sus agentes judiciales de Brasil, lo aniquilaron literalmente, y dejaron a sus compinches al descubierto.
En la actualidad, se desenvuelve un nuevo operativo sobre Perú: el intento de Trump de desalojar a China, que ha convertido a Perú, un país del Pacífico, en un eslabón estratégico de sus cadenas de producción. Cuando el recuento de votos provocaba un sonoro escándalo, se desató una riña entre el ministerio de Defensa y el de Relaciones Exteriores, acerca de una compra de aviones militares a Estados Unidos. El precario ‘régimen político’ de Perú, si es que algo así existe allí, es sacudido en forma violenta por estas guerras internacionales. Pedro Castillo, el expresidente condenado a once años por tentativa de golpe de estado, y su sucesor, Roberto Sánchez, que lleva una delantera de veinte mil votos para entrar al segundo turno (13 %), han propuesto la convocatoria de una Asamblea Constituyente para derogar la Constitución de Alberto Fujimori. Es un planteo intrascendente. El resultado nefasto se ha podido ver en Chile, con la Constituyente de Boric, el Partido Comunista y ‘otras’ izquierdas.
La prensa del país agita la “seguridad ciudadana” como la principal preocupación del electorado; existe un interés en convertirla en el pretexto ‘sendero luminoso’, para una dictadura encabezada por su hija, con el apoyo de Trump. Perú, el cliente de China, ha firmado el Escudo de las Américas, el Donroe de Trump. Ni los sindicatos, ni la izquierda democratizante desarrollan esta caracterización, ni la convierten en el punto de apoyo para una plataforma de lucha revolucionaria; van al remolque de los acontecimientos. Quienes acompañaron a Castillo en la aventura pasada se han ido a la derecha o desaparecido de escena. El sombrero que luce Sánchez no contiene ningún mensaje.
