Lugones reinstala por resolución el Reglamento de Residencias derogado por el Congreso

Por medio de la resolución administrativa N° 542/2026, el “Ministro de Prepagas”, Mario Lugones, pretende revivir el Reglamento de Residencias liberticida que fuera derogado el año pasado por la Ley N° 27.796 del Congreso de la Nación –vetada por Milei y luego confirmada por mayorías especiales. Esa ley en su conjunto, que incluía la declaración de la emergencia pediátrica y el refuerzo presupuestario para el Garrahan, pretendió ser ignorada por el gobierno y luego fue solo parcialmente aplicada gracias a la lucha de los trabajadores de la salud. Ahora, con esta medida anti-jurídica, el gobierno reincide en el desconocimiento del Congreso para incrementar los ataques a los trabajadores y la salud pública.

La resolución de Lugones argumenta que, al derogar el Reglamento mileísta, el Congreso produjo “un vacío normativo que, de consolidarse, afectaría gravemente al Sistema [Nacional de Residencias]”. La afirmación es una burrada, porque al anular el Reglamento introducido por la resolución 2109/2025, lo único que ocurría es que volvía a tener vigencia la normativa anterior del año 2015. La insistencia del gobierno en violar el principio constitucional de jerarquía normativa está anudada al interés de los grandes pulpos capitalistas de la salud para desguazar y privatizar el sistema público de formación profesional.

La nueva resolución ilegal de Lugones liquida la relación de dependencia de los residentes e impone su condición de “becarios”. La derogada norma liberticida del año pasado ofrecía, en cambio, a los residentes la posibilidad de “elegir”. El Ministerio Prepago argumenta que “el 80% de los residentes que ingresaron en 2025 eligió la modalidad Beca”, como si se pudiera hablar de “elección” cuando la “modalidad” de conservar los aportes previsionales y la obra social implicaba aceptar el cobro de un salario más bajo, inferior al millón de pesos, y dejar de percibir los bonos especiales que otorgan algunos hospitales. Esta condición de “becarios” devuelva a los residentes de salud al estatuto fijado en 1979 por Videla, borrando medio siglo de luchas y conquistas laborales.

El artículo N° 8 de la nueva normativa establece un régimen laboral de 9 horas diarias a las que se añaden 8 guardias mensuales de 24 horas. Este régimen insalubre incluye el desconocimiento del derecho al descanso posguardia ya que, según el dictado liberticida, “en la jornada subsiguiente a la realización de una guardia, el residente cumplirá hasta la mitad de la jornada de formación (sic)”… como si fuera posible hablar de “formación” para un residente que tiene que seguir trabajando después de “deslomarse” 24 horas corridas. Poner a los funcionarios mileístas a trabajar una semana bajo este régimen alcanzaría para obtener la tan mentada renuncia de Adorni y todos los demás adornados.

La resolución de Lugones amenaza con descontar parte de la beca si este régimen horario no es respetado y anula derechos adquiridos como el cobro del aguinaldo, la licencia por estrés y el reconocimiento de la antigüedad en el sistema de salud. Un tema sensible se concentra en la elección de los jefes de residentes: mientras que la resolución del 2015 consagraba su votación por parte de los residentes, Lugones dispone que sean electos por “el cuerpo docente”, es decir, los jefes de servicios y aquellos designados por las autoridades de los hospitales. De delegados de sus compañeros, los jefes de residentes se convertirían en emisarios de la cadena jerárquica patronal.

Haciendo gala de xenofobia y chovinismo, la resolución coloca enormes obstáculos para que médicos y profesionales migrantes logren acceder al sistema de residencias. La torpeza de esta medida discriminatoria no podría ser mayor, cuando todos los años quedan miles de vacantes sin ocupar en especialidades críticas y el aporte de estos compañeros y compañeras resulta indispensable para sostener en pie los servicios y efectores del sistema de salud.

Lo único que está “afectando gravemente al Sistema Nacional de Residencias” es la política de desguace del gobierno, que para el próximo concurso recortó 70 cargos de residencias. Los residentes del Hospital Posadas, el más grande del país, denuncian que fueron cerrados el 40% de los cupos para nuevos residentes. El Posadas se encuentra prácticamente paralizado tras la ruptura de sus tomógrafos, sin respuestas oficiales, frente a lo cual la asamblea de residentes está convocando a un abrazo al hospital para el miércoles 6 de mayo. La residencia de salud mental (RISAM) del Hospital Bonaparte directamente no tendrá ingresos por segundo año consecutivo, por lo que el gobierno que fabula sobre la salud mental está provocando su liquidación.

La destrucción de las condiciones laborales de los residentes de los hospitales nacionales afectará más temprano que tarde a las otras jurisdicciones, en las que aún se conservan derechos y conquistas establecidos en diferentes normativas de carácter distrital. Así lo desean las patronales de la medicina privada, que quieren capturar la especialización profesional y quebrar todo vestigio de derecho laboral al interior de sus clínicas y sanatorios. Las burocracias sindicales de la salud, desde UPCN a las federaciones médicas, no han abierto la boca sobre la medida anti-constitucional de Lugones. Según La Política Online (30/4), Rojo de Médicos Municipales se alió con el Ministro Prepago en una maniobra para quedarse con Osmédica. Los burócratas juegan sus propios intereses empresariales en la crisis de la salud. En el caso de ATE Capital, Catalano se limitó a enviar una carta documento exigiendo el cumplimiento de la Ley 27.796.

En estas condiciones, la lucha por defender a las residencias, sus cupos y derechos conquistados y al conjunto del sistema público de salud es una tarea que involucra e interpela, sin intermediarios, a trabajadores y usuarios. Tomemos el ejemplo de los residentes del Hospital Posadas y multipliquemos las autoconvocatorias en todos los hospitales y centros de salud. Abajo el estatuto ilegal de los liberticidas. Cumplimiento efectivo de la Ley 27.796. Reconocimiento irrestricto de todos los derechos laborales, pago de guardias y respeto al descanso posguardia. Elección democrática de los jefes de residentes y continuidad laboral en planta permanente. Vamos por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar (3 millones de pesos) para todos los trabajadores de la salud.