Brasil: Jair Bolsonaro logró reducir su pena en el Congreso con los votos de la oposición y parte del oficialismo

El Parlamento brasileño anuló este jueves el veto del presidente Lula al proyecto de ley que reduce las penas de los condenados por golpe de Estado, incluido el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022). El veto de Lula fue rechazado por una mayoría aplastante tanto de senadores (49 frente a 24) como de diputados (318 frente a 144), convirtiendo así la propuesta original en ley. Entre los puntos principales se encuentra el impedimento a la acumulación de condenas por delitos de la misma naturaleza (en el caso del expresidente, la abolición violenta del Estado de Derecho democrático y el golpe de Estado) y amplía la posibilidad de libertad condicional, permitiendo a los condenados avanzar en su condena tras cumplir aproximadamente el 16,6 % de la misma. Se trata de un golpe del Congreso contra el gobierno de Lula, a cinco meses de las elecciones que deberán enfrentar al actual mandatario y al senador Flávio Bolsonaro (hijo del expresidente). La anulación del veto presidencial se produjo, además, un día después de que el Senado rechazara al candidato de Lula para cubrir una vacante en el Tribunal Supremo (según los diarios, la primera derrota de este tipo para un presidente brasileño en más de 130 años).

El expresidente Jair Bolsonaro se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario, concedido tras el deterioro de su salud a causa de una neumonía. La Corte Suprema lo había sentenciado en septiembre pasado por intento de golpe de Estado, con intento de asesinato de varias figuras políticas y funcionarios públicos incluido, tras perder las elecciones contra Lula en 2022. La suma de sus condenas llevó a los jueces a dictarle 27 años de prisión; con la nueva reglamentación deberá prevalecer la pena por el delito más grave (golpe de Estado), y no la suma de ambas. Se prevé que Bolsonaro pueda ahora pasar de un régimen penitenciario cerrado a uno semiabierto en dos o tres años. La ley beneficiaría también a cientos personas que participaron en el intento de golpe del 8 de enero de 2023. Según la opinión de algunos juristas, la medida también mejoraría la situación de condenados que nada tienen que ver con el golpe de Estado: cerca de 200.000 condenados por otros delitos comunes.

La reducción de la condena de Bolsonaro no será automática; sus abogados deberán presentar una solicitud de revisión de la sentencia ante el Tribunal Supremo. El Poder Judicial deberá valorar e interpretar la nueva ley, y definir en qué medida beneficia a los condenados. Se prevé, además, que la ley de sentencias será impugnada ante el Tribunal Supremo, el cual deberá definir la constitucionalidad y el alcance de la nueva legislación (inmediatamente después del resultado, el PSOL y Rede anunciaron que apelarán ante la Corte Suprema para que declare inconstitucional el proyecto de ley).

Hace pocos meses se habría dado por hecho que el Tribunal Superior de Brasil fallaría contra cualquier medida que pudiera beneficiar a Bolsonaro. El presidente del tribunal, Alexandre de Moraes, uno de los objetivos a ser asesinado por el plan de golpe de Estado bolsonarista, fue el principal impulsor del enjuiciamiento y condena contra Bolsonaro. Pero los tiempos han cambiado. “Los magistrados del Tribunal Supremo de Brasil (TSF) han indicado a los legisladores que es improbable que el Tribunal interfiera en la decisión del Congreso Nacional de revocar el veto del presidente Lula al proyecto de ley de penas” (O Globo, 4/5). Incluso parte del tribunal fue partícipe de la confección del proyecto: “el ala del Tribunal Supremo con mayor influencia en el Parlamento, conocida como el 'Centrão do Supremo' (Bloque Centrista del Tribunal Supremo), fue consultada de antemano” para precisar cuestiones del proyecto. En este grupo se encuentran Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes, quienes se dice que “incluso recibieron borradores del texto original del proyecto de ley” (ídem). El propio Moraes “discutió ajustes a la redacción del texto aprobado por la Cámara de Diputados con al menos cuatro senadores” y se ocupó de informar a los legisladores con anticipación que los miembros del Tribunal no iban a rechazar la ley. Moraes está en el centro de la tormenta por las sospechas de vínculos con el exbanquero Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, cuya causa (“Caso Master”) por múltiples delitos de corrupción y defraudación lleva adelante el propio Tribunal Supremo.

El sorprendente acercamiento entre Moraes y Bolsonaro va más allá de la cuestión de la ley de sentencias. Una columnista de Folha de Sao Paulo asegura que “el bolsonarismo se ha aliado con el mayor verdugo del expresidente Jair Bolsonaro”, Alexandre de Moraes. para revocar la nominación de Messias, el candidato al Tribunal propuesto por Lula. Curiosamente, los miembros del tribunal Nunes Marques y Mendonça, ambos nombrados por Bolsonaro, pidieron al Congreso los votos para el candidato de Lula. Durante su comparecencia ante el Senado, Messias se despachó con un discurso antiaborto, lo cual se interpretó como un intento de atraer a los votantes evangélicos (un 26,9 % de la población y mayoritariamente bolsonaristas). El gran armador de la jugada contra Messias fue el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, quien se alió con Flávio Bolsonaro para esta movida, pero también más allá. Alcolumbre, “como buen representante del bloque centrista, cambia de postura según las circunstancias. Así, forjó una buena relación con Jair Bolsonaro y se había mostrado aliado del gobierno de Lula, hasta que todo se complicó con la nominación de Messias” (Folha, 30/4). Según informes, Alcolumbre, ahora amo y señor de la cámara, sólo permitirá una nueva audiencia de confirmación después de las elecciones. Si Flávio Bolsonaro ganara, y considerando la cantidad de magistrados que se espera que se jubilen en los próximos cuatro años, además de los dos nombrados previamente por su padre, la familia Bolsonaro podría obtener una mayoría de seis de los once magistrados del tribunal.

La votación por la reducción de la pena de Bolsonaro se inscribe así en una ofensiva más general de la derecha, que se ha ganado un amplio apoyo del Centro y del Tribunal Supremo. Todavía más, la votación en favor del proyecto contó con el apoyo de los partidos que forman parte de la coalición de gobierno de Lula. Los diputados del PSD, União Brasil y MDB, cuyos miembros lideran ministerios en la actual administración, contribuyeron a la derrota del gobierno en la votación. En la Cámara de Diputados, la anulación del veto recibió 27 votos más de los que había recibido la aprobación del propio proyecto de ley en diciembre, gracias a este giro de los partidos aliados de Lula. “Durante todo este tiempo, ningún ministro me llamó para hablar en contra del proyecto. Al contrario, algunos incluso lo elogiaron”, dijo Paulinho da Força, el impulsor del proyecto de sentencias, al diario O Globo.

El repunte de la derecha llega en el peor momento del gobierno de Lula. El oficialismo se ha visto paralizado frente a esta ofensiva. “Una fuente describió el manejo del asunto como algo «dejado en manos de Dios», lo que indica que el Palacio de Planalto optó por no invertir capital político en la disputa”, asegura O Globo. Las encuestas dan un empate técnico entre Lula y Bolsonaro hijo para las elecciones de este año.

Aun así, la ultraderecha se encuentra lejos de lograr la movilización que alguna vez alcanzó. Las manifestaciones en favor de Bolsonaro han menguado, hasta ahora, en forma irrefrenable. Al inicio del juicio contra el expresidente, en febrero de 2024, unos 185.000 manifestantes se congregaron en la capital, para rechazar el inicio de las investigaciones. Al finalizar el juicio, unas 42.000 se congregaron para rechazar la sentencia. Otras convocatorias no superaron las 12.000 personas. En ocasión del reciente 1 de mayo, un grupo formado por partidarios de Bolsonaro, personas religiosas y conservadores intentaron impedir las manifestaciones obreras y de la izquierda en la Avenida Paulista. Los manifestantes, que ocuparon la avenida en apoyo de Jair Bolsonaro, de la candidatura presidencial de su hijo Flávio y en defensa de una amnistía total para los investigados y condenados por los atentados del 8 de enero de 2023, no alcanzaron el centenar de personas y los medios registraron que los transeúntes repudiaron su presencia.