El Comando Sur bombardea Venezuela en una “operación conjunta” con el gobierno de Delcy Rodríguez

El viernes se realizó la primera operación militar conjunta entre el Comando Sur de los Estados Unidos y las fuerzas venezolanas para descabezar a la supuesta organización ´narco terrorista´ denominada "Tren de Aragua". The Washington Post señaló que las fuerzas del Mando Conjunto de Operaciones Especiales llevaron a cabo el ataque con un misil y que la CIA colaboró sobre el terreno con fuerzas venezolanas durante la operación. La participación preponderante de los estadounidenses en este ataque demuestra que la figura de “protectorado” le va quedando chica al chavismo residual.

El bombardeo ocurrió en la zona de Las Claritas, en el estado de Bolívar, al sur de Venezuela, para asesinar a Héctor “Niño” Guerrero, presunto líder de la banda criminal Tren de Aragua. Resulta incomprobable, pues la identificación de los restos no ha sido posible por la explosión del misil. Ninguno de los dos gobiernos informó tampoco cuántas personas fueron asesinadas en total.

Además de cuestionar la soberanía de Venezuela, esta operación viola todos los marcos legales nacionales e internacionales. Utiliza armamento militar pesado para resolver una cuestión que, en el caso más extremo, constituye un problema de seguridad corriente. La desproporción en el uso de la fuerza no tiene precedentes en el continente. Ni siquiera el Plan Colombia llegó a tanto: el Congreso de los Estados Unidos impuso un límite máximo de efectivos en territorio colombiano y no les permitía participar formalmente en misiones de combate directo. Su radio de acción se limitaba a las bases militares donde entrenaban a los efectivos locales. En aquel momento se cuestionaban las fumigaciones con glifosato sobre las plantaciones de coca, no los bombardeos sobre civiles.

Esta operación constituye un salto en la política de guerra que Trump está planteando en el continente. Esta política comenzó con el bombardeo de lanchas de pescadores en el mar Caribe y continuó con el secuestro de Nicolás Maduro. Ahora pretende sentar el precedente de un ataque en territorio continental para naturalizar la presencia del Comando Sur, violando la soberanía de todos los países de América Latina.

Es la implementación plena de la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, que plantea un repliegue de Estados Unidos sobre el continente americano para fortalecerse en su enfrentamiento con China. Las pretensiones de Trump no se limitan al sur, sino que periódicamente reitera sus intenciones de anexar Groenlandia y Canadá. No se trata de los caprichos de un megalómano, sino de la necesidad de controlar la cadena de suministros y los pasos comerciales cuando el imperialismo se ve amenazado por el derrumbe de su competitividad frente a China.

La excusa para justificar el ataque es por demás absurda porque, según los propios informes de la DEA, Venezuela no es ni un país de tránsito de drogas hacia Estados Unidos ni un país productor.

Hasta principios de este año, muchos analistas ponían en duda la existencia del grupo criminal Tren de Aragua, ya que se lo creía diezmado. La propaganda de “lucha contra el crimen”, utilizando como excusa a este grupo, le sirvió a Trump para deportar hacia las cárceles de El Salvador a centenares de venezolanos que se encontraban exiliados en Estados Unidos solo por portar un tatuaje. Trump había invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para detener y deportar a venezolanos, acelerando el proceso y suprimiendo su derecho a una audiencia ante un tribunal de inmigración. Además, a grupos de delincuentes comunes de toda América Latina se los está considerando miembros de ese grupo, como si formaran parte de una franquicia -como pasó con Al Qaeda-. La idea es seguir inventando una realidad a la medida de las intenciones represivas y fascistas del imperialismo.

Washington dirige la política interna de Venezuela en todos los órdenes. La facturación de las exportaciones de petróleo entra directamente a Estados Unidos. La corporación estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) suscribió este jueves acuerdos con la británica Shell para el desarrollo y la explotación de proyectos de gas natural en alta mar y de crudo en tierra. Inició la exploración en el campo Loran -que estuvo sin avances durante veintitrés años- y que tiene reservas estimadas en 7,5 billones de pies cúbicos. El imperialismo necesita ampliar la extracción de gas para paliar la crisis energética mundial que él mismo ha generado a través de las guerras en Ucrania y Medio Oriente. Como parte del mismo proceso de expoliación del país, la “comendadora” Delcy Rodríguez acaba de firmar un acuerdo con General Electric para que se haga cargo de renovar el sistema eléctrico del protectorado. La reactivación de la explotación petrolera lo ha dejado al límite.

La mayor parte de la deuda externa de Venezuela -que en total equivale al 200 % de su PBI- se encuentra en manos de China. Los pagos acordados con este país eran en crudo, algo a lo que el imperialismo se niega. La reestructuración que planea está en función de no desatender la inversión, sobre todo porque no le cuesta nada dejar esperando a Xi Jinping. Desde el 3 de enero, cuando procedió al secuestro de Nicolás Maduro, Trump está discutiendo con las petroleras para que inviertan en Venezuela. Las empresas, dispuestas a llevarse las ganancias con el mínimo esfuerzo, pretenden que las arcas del Estado carguen con todos los gastos.

Ni el cipayismo de Delcy Rodríguez ni el ataque militar estadounidense en suelo venezolano han merecido el más mínimo pronunciamiento por parte de los líderes latinoamericanos. El colombiano Gustavo Petro apenas criticó las celebraciones del ataque y cuestionó la lógica de responder a problemas complejos mediante el uso de la fuerza militar, pero no ha dicho una palabra sobre la violación de la soberanía.

Los nacionales y populares creen que, si pasan desapercibidos, el bravucón del continente los ignorará. Hasta hace unos meses se les cuestionaba su falta de acción frente al bloqueo a Cuba, los ataques en el Caribe o el mismo secuestro de Maduro. Ahora ni siquiera se gastan en declaraciones verbales. Sin embargo, ni la inmovilidad ni el colaboracionismo pueden salvarlos de los planes de Trump. Por el contrario, la pusilanimidad envalentona al fascista del norte, que avanza con el escudo de las Américas en intervenciones militares directas que no tienen precedentes en el continente en lo que va del siglo.

La misma excusa de la lucha contra el narcotráfico ya fue ensayada retóricamente por Trump en Brasil y, de manera más concreta, en México. Pete Hegseth y Marco Rubio han extendido esa lógica a Cuba, a la que vuelven a presentar como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y frente a la cual han advertido sobre posibles respuestas militares y un endurecimiento de las medidas de presión. Como si no fuera suficiente la crisis humanitaria que están provocando en la isla a través del bloqueo. Las amenazas de Washington contra Cuba, Groenlandia y México muestran que el bombardeo en Venezuela es parte de una doctrina de intervención que busca legitimar la injerencia directa de Estados Unidos en los asuntos internos de los países de la región. La apelación al crimen organizado o a la seguridad funciona como cobertura ideológica de una política orientada a reforzar el control del continente americano en el marco de la disputa estratégica con China. Una amenaza semejante sobre las condiciones de vida de los trabajadores de toda América debe ser respondida con la movilización popular contra el imperialismo y todos los gobiernos cómplices.