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Un nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán consagra la impunidad de dos abusadores hijos del poder que habían sido condenados en octubre del año pasado.
Franco Trapani, hijo de uno de los empresarios citrícolas más influyentes de la provincia, y su amigo Álvaro Rodríguez, jugador de básquet de un importante club, recibieron la pena de 10 y 8 años de prisión, respectivamente, el por abuso con acceso carnal agravado contra Carolina Monteros.
La sustanciación del juicio, luego de una demora de 10 años, fue resultado de la tenacidad de Caro y de la lucha del movimiento de mujeres. La causa estuvo cajoneada durante varios años y se perdieron pruebas por un “supuesto robo” en la fiscalía a cargo de la investigación, además de las múltiples maniobras judiciales que interpusieron los abusadores. Ofrecieron también un arreglo. La denuncia pública a nivel provincial y nacional, la movilización antes y durante el juicio, arrancaron la condena.
Sin embargo, menos de dos meses después, el Ministro Público Fiscal "Pirincho" Jimenez, uno de los pilares del régimen de impunidad en la provincia, emitió un dictamen aconsejando la revisión de la condena. El máximo responsable de las investigaciones judiciales atacó la actuación de la fiscalía a su mando y puso en duda el testimonio de Carolina, las lesiones que sufrió, la declaración de testigos y las pericias médica y psicológica.
El fallo de la Corte, también exprés -porque demoró cinco meses cuando las causas que toma suelen dormir más de un año en sus despachos-, toma los argumentos del ministro público fiscal y absuelve a los abusadores bajo el beneficio de la duda. Los jueces Estofán, Leiva y Posse atacan el testimonio de Carolina planteando contradicciones en la descripción de los hechos, además de cuestionar las otras pruebas. Sostienen que el juez que dictó la condena tuvo una "valoración global o impresionista" del relato. De esta manera no sólo garantizan impunidad a los hijos del poder Trapani y Rodríguez, sino que también se suman a la corriente política y judicial que lleva adelante una cruzada contra los derechos de las mujeres con el llamado proyecto de las falsas denuncia.
Esta avanzada reaccionaria con la que se pretende imprimir un retroceso en nuestros derechos, al igual que al conjunto de los trabajadores, va de la mano de un blindaje al poder político y los empresarios amigos. Por ello la respuesta frente a este fallo de impunidad y la lucha por justicia para Carolina adquiere una importancia radical. Urge poner en pie una campaña provincial y nacional con acciones que retomen el camino de la lucha en las calles para enfrentar todos los ataques del gobierno libertario y los gobernadores.
