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El domingo 19, la policía italiana asesinó a un inmigrante marroquí en Bolonia. Al detenerlo lo inmovilizaron por varios minutos y los ciudadanos escucharon sus gritos de ayuda hasta quedar ahogados entre los agentes.
El video del hecho se viralizó y desató la bronca de la población. La comparación con el asesinato de George Floyd que desató el Black Lives Matters en Estados Unidos apareció de inmediato en la prensa y en las redes. Esa misma tarde se reunió una vigilia espontánea en el lugar del crimen, con flores y pintadas que decían "el Estado mata". Al otro día, unas cinco mil personas marcharon hasta la Piazza Nettuno pidiendo verdad y justicia. Por la noche, grupos encapuchados se enfrentaron con la policía cerca de Piazza Maggiore y Piazza Roosevelt: hubo gases lacrimógenos, carros hidrantes, vidrieras rotas y contenedores incendiados. El propio gobierno reconoció 64 agentes heridos, aunque el sindicato policial Coisp habló de 56. Once manifestantes necesitaron atención médica.
La hermana de Fakir responsabilizó directamente a los agentes: "Estaba maniatado y ahora está muerto. Le atacaron y golpearon. Hay testigos". El cuñado de la víctima describió que los policías "le pusieron dos piernas en el cuello hasta que dejó de respirar" (Infobae, 20/7). El abogado de la familia, Fabio Anselmo, preguntó por qué Fakir terminó atado de pies y manos si nadie lo desató ni lo asistió mientras agonizaba.
La Fiscalía de Bolonia abrió una investigación por homicidio culposo contra los dos policías y cuatro trabajadores de la ambulancia. Pero ninguno fue imputado formalmente todavía. Esto ocurre porque en febrero, el gobierno de Meloni aprobó una reforma que impide la inscripción automática de policías investigados en el registro de imputados, lo que la oposición bautizó como "escudo penal". El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, salió a desmentir que exista tal escudo, pero la norma es la que hoy mantiene a los responsables de la muerte de Fakir sin cargos formales mientras la escena quedó filmada por cámaras.
Meloni defendió a la policía. Condenó "enérgicamente" los disturbios y pidió que la verdad se busque "sin prejuicios ni indulgencia para nadie" (La Nación, 21/7). En el mismo comunicado advirtió sobre "un clima de odio y de deslegitimación hacia todo un Cuerpo del Estado" y sostuvo que "transformar a miles de mujeres y hombres con uniforme en un blanco significa golpear a quienes cada día sirven a Italia con profesionalidad, sacrificio y coraje". Acusó a los manifestantes de usar la muerte de Fakir como "pretexto para sembrar el caos" y de no buscar la verdad sino "el enfrentamiento".
Meses atrás, en Turín, la represión de una protesta de izquierda dejó treinta detenidos y más de cien policías heridos. Meloni se sirvió de episodio para aprobar una ley de seguridad que amplía las facultades de detención preventiva antes de cualquier protesta callejera.
La condición de inmigrante marroquí de la víctima no es un dato menor. Crecen los discursos contra los migrantes y el gobierno insiste en presentarse como garante del orden frente a "la invasión". En este marco, Meloni salió a reivindicar su política antimigratoria. En una entrevista con Il Giornale, esta semana, dijo que Italia "ya no es el campo de refugiados de Europa" y se atribuyó el mérito de haber reducido "drásticamente" los desembarcos y aumentado "notablemente" las repatriaciones. Puso como ejemplo el nuevo reglamento de retornos que aprobó la Unión Europea, que permite expulsar más rápido a quienes no tienen papeles y abrir centros de deportación en países terceros, siguiendo el modelo que Italia ya aplica con Albania. Mientras un inmigrante agoniza gritando pidiendo ayuda, la jefa de gobierno festeja los números de las deportaciones y el cierre de fronteras. La política de mano dura contra los migrantes y la impunidad policial son la misma política.
El pueblo de Bolonia salió a la calle sin esperar el veredicto de ninguna fiscalía. Esa respuesta espontánea necesita organizarse para no diluirse ni quedar librada a la represión selectiva de "los violentos". La lucha contra los crímenes policiales, contra el escudo penal y contra las leyes de seguridad que criminalizan la protesta solo puede avanzar de la mano de la organización independiente de la clase trabajadora, sin depositar ninguna confianza en las promesas de "investigación exhaustiva" de un gobierno que ya eligió de qué lado está.
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