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El caso Cerimedo que empezó como la investigación de un intento de feminicidio contra su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, dio paso a la revelación de un entramado de negocios, servicios de inteligencia, dinero de origen dudoso y crisis política que atraviesa, en principio, al gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia y que salpica del otro lado de la frontera a Javier Milei y su pandilla.
Uno de los datos que ha aflorado en las últimas horas es la aparición de una billetera digital -una "cold wallet"- vinculada al teléfono de Cerimedo. Según reveló el senador boliviano Leonardo Roca, que pertenece a la derechista Alianza Libre, el conocimiento de la existencia de esa billetera surge de un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) sobre las pesquisas forenses del celular del operador. Cerimedo habría acopiado criptomonedas que luego se traspasaron a otras diez cuentas, una de las cuales concentró sumas millonarias que alcanzarían los U$D 130 millones en una sola dirección (Urgente.bo, 25/8).
Dando cuenta de la crisis política que ha abierto el caso Cerimedo, Roca anunció que impulsará una comisión investigadora en el Senado y que se sumará como querellante a la causa por enriquecimiento ilícito, además de reclamar que se identifique a los titulares reales de esas cuentas y que se activen los tratados de lavado de activos que tiene suscriptos Bolivia.
A esto se suma lo hallado en los allanamientos realizados en un inmueble de la zona de Aranjuez, en La Paz, vinculado a Cerimedo, en el que la Fiscalía secuestró más de 500 mil bolivianos en efectivo, además de dólares, euros y equipos que incluían una presunta "mini granja de bots", según confirmó el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez.
Las denuncias de Beller contra Cerimedo también apuntan a vinculaciones con el narcotráfico. La abogada aseguró tener pruebas de conversaciones de Cerimedo con operadores del tráfico de drogas y lo vinculó con el otorgamiento de permisos para el despegue de avionetas ligadas al narcotráfico en el oriente boliviano, “negocio” que el operador político habría intentado disimular como un supuesto sistema de seguimiento por radares (La Nación, 18/8). Por su parte la Fiscalía boliviana abrió una investigación relacionada a una causa conocida como "narcoencomiendas", en la que se detectó el envío irregular de 350.000 bolivianos desde Santa Ana de Yacuma con la participación de un piloto de aviación y tres policías. Beller fue todavía más lejos al sostener que en Bolivia "no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo", y que existía un grupo de élite de la policía boliviana que operaba bajo las órdenes del consultor.
Sobre la mesa han quedado también expuestos los negociados de Cerimedo en torno al combustible y el petróleo. Luego del atentado comenzaron a circular audios que expondrían presuntos negociados con el tráfico de combustibles, seguros y oro, en los que aparecerían mencionadas la primera dama boliviana, Bibi Urquidi, el propio Cerimedo y autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En esas conversaciones se habrían cerrado acuerdos con traders de combustible con el cobro de un porcentaje sobre cada operación de compra. (LPO, 20/8) El dato adquiere una dimensión mayor en el marco de una severa crisis de abastecimiento de combustible por la cual atraviesa Bolivia, que se ha traducido en la suba del precio del diésel para la industria y los grandes consumidores, en momentos en que la escasez de dólares impide al Estado boliviano importar combustible, despertando el malestar de la Cámara Agropecuaria del Oriente por la demora en la cosecha y el impacto en los costos de producción (Cubadebate, 24/8).
Cerimedo ha ramificado sus negocios a partir de las vinculaciones que ha tejido con la derecha continental de la que se proclama representante. En este sentido, el operador aparece ligado a una firma vinculada a la Hidrovía a través de su socio Vicente Quintanal, quien, según las acusaciones de Beller, sería el socio con el que Cerimedo lavaría dinero de sus negocios en Bolivia. La propia Natalia Basil, esposa de Cerimedo y exfuncionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), estaría a cargo, según la denuncia de Beller, del manejo del combustible que entra por la Argentina hacia Bolivia a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Cerimedo no era un desconocido para el poder boliviano. Había llegado en 2024 como consultor de la campaña de Rodrigo Paz y terminó con un despacho junto al del propio presidente, participando de las reuniones de gabinete y decidiendo, según se denuncia, la designación de funcionarios y la línea editorial de medios oficialistas. El año pasado el propio Cerimedo se atribuyó públicamente la victoria electoral de Paz.
Rodrigo Paz, apenas estalló el escándalo, intentó despegarse rápidamente, sosteniendo que Cerimedo no tenía cargo oficial ni vínculo contractual formal – un Santiago Caputo del altiplano. La versión de Paz choca de frente con las declaraciones del propio vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, ya distanciado de su compañero de fórmula desde antes de asumir, quien confirmó públicamente que Cerimedo se desempeñaba como "asesor personal" del presidente y ratificó que participaba de las reuniones de gabinete, incidía en la designación de ministros, manejaba la línea editorial de medios afines y daba órdenes e instrucciones a los ministros. Lara también afirmó que los peritajes tecnológicos sobre los dispositivos de Cerimedo mostraban un contacto sistemático con los autores materiales del ataque contra Beller. Calificó el episodio como "un atentado a la democracia" y exigió que Paz explique al pueblo boliviano cómo llegó Cerimedo a acumular semejante cuota de poder sin ocupar ningún cargo formal (Perfil, 20/8). El desarrollo de la crisis política llevó a Lara a desafiar al presidente a un careo público y advirtió que impulsará mecanismos de fiscalización parlamentaria si el Ejecutivo no da explicaciones (La Patria, 21/8).
En la Argentina se conoció el entramado de empresas y contratos que Cerimedo construyó al calor del gobierno de Milei. Además de La Derecha Diario y de Numen Publicidad -su agencia de marketing político, con una filial en Miami-, sus firmas locales acumulan deudas millonarias y cheques rechazados según registros del Banco Central. Cerimedo también figuró en sociedades vinculadas a la gestión empresarial y la informática, como Compañía Inversora Sudamericana, Surlibre Inversiones y Bona Deportes, junto al mismo Vicente Quintanal, quien a su vez es socio de Roque Cambareri, empresario ligado a los sectores petrolero, minero y energético, y de emprendimientos de energía y combustibles que, según las acusaciones de Beller, operan en el cruce fronterizo entre la Argentina y Bolivia.
Cerimedo también está conectado con personajes ligados a la SIDE durante los gobiernos Macri y De La Rúa. Se supo, además, que sus últimos ingresos a los despachos de los “sótanos de la democracia” habrían sido autorizados por quien maneja a la inteligencia desde las sombras, Santiago Caputo. A esto se agrega la propia versión de Beller de que Cerimedo habría sido quien filtró los audios del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que dejaron pegada a Karina Milei con el cobro del 3% de comisión. Según Beller, este hecho habría sido el motivo del progresivo alejamiento de Cerimedo del oficialismo argentino.
El caso Cerimedo no es un simple affaire de corrupción individual, sino la manifestación concentrada de cómo operan los gobiernos derechistas de la región, que están montando gobiernos de excepción utilizando los aparatos de inteligencia para espiar, reprimir y coaccionar sobre las masas, a la vez que mantienen alianzas con el trumpismo, que con su accionar promueve la guerra civil en el continente.
