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En Brasil, cerca de 81 millones de personas se encuentran en situación de morosidad y alrededor del 80 % de los hogares están endeudados. Un 30 % de los ingresos de las familias se utiliza para pagar deudas, un récord histórico. La mora en los créditos al consumo alcanzó un máximo del 5,6 %, según datos de julio del Banco Central de Brasil. Los brasileños registran más incumplimientos ahora que en 2015 y 2016, cuando el país atravesó su recesión más profunda en décadas, e incluso más que durante la pandemia de Covid-19, cuando las tasas de interés cayeron a un mínimo histórico y los bancos aplazaron los vencimientos de clientes. Los analistas del mercado señalan que esas cifras podrían ser aún peores en 2027.
La tasa de referencia de Brasil, llamada Selic, se ha mantenido por encima del 10 % durante los últimos cuatro años. Ahora está en el 14 %. Brasil ha logrado mantener estable la inflación después de la pandemia, pero al costo de mantener alto el valor del crédito. Además, esta estabilidad convalidó lo devorado por la inflación previamente, sobre todo en materia de alimentos y transporte.
Como en la Argentina, el problema tiene como origen las tarjetas de crédito y su refinanciación permanente a través del pago mínimo. Esto genera una bola de nieve de intereses que llegan al 400 % anual en un país que tiene una inflación anual en torno al 4%. Los mismos banqueros acusan a la desregulación y a la expansión del crédito, y al hecho de que cada brasilero tiene seis tarjetas de crédito para usar. Brasil tiene una deuda pública de más de un 90 % de su PBI, aunque casi la totalidad de la misma está en reales.
Con vista a las elecciones presidenciales, el gobierno de Lula lanzó, en mayo pasado, el plan "Desenrola Brasil". Había lanzado un programa similar en 2023, pero limitado a los ingresos más bajos. El programa actual es más amplio, destinado a incluir también a los sectores de ingresos medios. Según los banqueros, el programa de "alivio y condonación de deudas" redujo la morosidad de los consumidores brasileños en sólo 2 puntos básicos.
El programa consiste en que el Estado brasileño ofrece fondos de garantía a los bancos asociados para motivarlos a dar los “mayores beneficios posibles” a sus clientes. Está destinado a trabajadores y familias con ingresos mensuales de hasta 5 salarios mínimos, microemprendedores individuales y microempresas con deudas activas en líneas de crédito productivo. El plan ofrece quitas sobre el valor original de la deuda, con descuentos que van desde el 30 % hasta el 90 %. Las deudas reestructuradas se consolidan en una nueva operación de crédito que se puede pagar en hasta 48 cuotas mensuales, fijando un tope máximo para la tasa de interés de 1,99 % al mes, cuando la inflación mensual es de apenas 0,7 %. Los bancos, por otra parte, deberán retirar de los registros de morosos a quienes deban menos de 100 reales (20 dólares), una cifra insignificante.
Como el Estado federal actúa como garante de esta refinanciación a través del Fondo de Garantía de Operaciones (FGO), a pesar de las quitas y descuentos, es un plan de salvataje para el capital. El Tesoro Nacional estipuló un aporte de 5.000 millones de reales y ya había un remanente del plan anterior de 2.000 millones.
Por otro lado, para pagar las deudas, el programa les permite a los trabajadores el uso de su fondo laboral (Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio, FGTS), un ´ahorro´ obligatorio utilizado para cubrir las indemnizaciones por despido, entre otras prestaciones. Los beneficiarios tienen permitido retirar y destinar hasta un 20 % del saldo de su FGTS (o un tope de 1.000 reales, lo que sea mayor) para amortizar directamente el total de las cuotas. El FGTS es el equivalente brasileño al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) argentino que inventó Milei. En el país vecino existe desde 1966 y fue decretado por la dictadura. Con esta medida, que permite usar una parte para pagar deudas, al trabajador se lo empuja a desfinanciar su propia indemnización futura si es despedido. El “Desenrola” de 2023 ha desembocado en una crisis del crédito aún mayor.
Las deudas de los consumidores son un problema estructural. El capital busca suplir la insuficiencia del consumo en relación a la capacidad productiva con préstamos que inflan una bola de deuda. Los bancos, las billeteras virtuales y los prestamistas particulares han aceitado una maquinaria de pillaje que arrebata los ingresos. Las quitas, refinanciaciones y las bajas cosméticas de las tasas de interés no alcanzan para resolver una crisis sistémica.
