España: La clase obrera sacude el bloqueo de la burocracia sindical

La huelga general en España -la primera en 14 años- estuvo precedida por ascenso de luchas sindicales y políticas. Los combativos piquetes del 11N se gestaron al calor de las huelgas de los trabajadores metalúrgicos, de la sanidad y la educación; de los empleados de comercio, los pilotos de aerolíneas, los empleados del sector público y el explosivo conflicto ferroviario desatado tras la tragedia de Urda. Y por supuesto desde los plantones (acampes), asambleas de barrio y movilizaciones por la vivienda que disparó el desalojo de Marcarmen Abascal.

La burocracia de la CCOO y UGT, que se encargó sistemáticamente de aislar los reclamos, le impuso "marco legal e institucional" a una huelga que fue creciendo desde abajo. Fue un operativo para controlar sus alcances. Pedro Sánchez se embarcó en un audaz operativo por capitalizar la protesta, a pesar de que gobierna desde hace 8 años. La última huelga general fue contra la reforma laboral de Rajoy. El "progresista" Sánchez dejó su núcleo en pie - el despido barato, la flexibilización laboral y los acuerdos por empresa. Bajo su gobierno, además, la cuestión de la vivienda y la carestía se agravaron en extremo.

Por sobre todo, el 11-N emergió como respuesta de las masas al ascenso electoral de la derecha reaccionaria y la ultraderecha de Vox, favoritos para los comicios adelantados del próximo 29 de noviembre.

El vigor de los piquetes

La huelga tuvo un alcance desigual en todo el país pero fue especialmente fuerte en todos los centros urbanos e industriales. Alcanzó el 90% en la industria automotriz (con bloqueos de turno desde la madrugada en plantas clave como Seat en Martorell) y en los principales puertos; superó el 85%-95% en la industria alimentaria y cárnica, el 85% en el transporte ferroviario y las comunicaciones, el 80% en la siderometalurgia y el 75% en el sector energético. Piquetes autoorganizados actuaron desde la noche previa en los grandes nodos logísticos: en Mercabarna (Barcelona) bloquearon los accesos de camiones y la Zona Franca con quema de neumáticos; en Mercamadrid, cerca de un millar de trabajadores levantaron barricadas en los accesos de abastecimiento; y en las grandes arterias comerciales como la Gran Vía madrileña o el centro de Sevilla obligaron a bajar las persianas de los comercios. Por la tarde, cientos de miles desbordaron las calles (400.000 en Madrid y cifras similares en Barcelona, según el Sindicato de Inquilinas, y más de 3 millones en todo el Estado según el cómputo global) bajo el grito unánime de "queremos vivir, no sobrevivir" y pancartas propias que desplazaron por completo a las banderas oficiales de CCOO y UGT.

El manifiesto oficial de UGT y CCOO vació deliberadamente las demandas de las calles con consignas difusas. Allí inscribía que su propósito era "desbloquear la negociación colectiva para subir salarios, reducir la jornada, mejorar la salud de las personas trabajadoras y erradicar la precariedad", sin especificar ninguna demanda, como la derogación integral de las reformas laborales de 2010 y 2012, la expropiación de las viviendas en manos de bancos y fondos buitre o la con la OTAN.

El gobierno de Sánchez

Pedro Sánchez intentó capitalizar electoralmente la huelga. Desde La Moncloa, sus funcionarios salieron a expresar su "máximo respeto" y respaldo discursivo hacia una huelga que dijeron que "no es contra nadie y sí a favor de derechos", buscando presentarse como los intérpretes institucionales del malestar callejero frente al "bloqueo parlamentario de la derecha" y llamando a traducir esa bronca en votos para el PSOE. La patronal (CEOE) y los medios de la derecha, por su parte, atacaron a la huelga y la tacharon de "fracaso".

El gobierno "progresista" del PSOE, mientras Sánchez decía "comprender" los reclamos, desplegó un operativo represivo brutal contra los piquetes y para garantizar "servicios mínimos". Hubo detenidos y choques con la policía, más de mil incidentes.

La furia de la derecha

Las cámaras empresariales, la derecha tradicional y la ultraderecha fascista descargaron toda su furia contra la huelga.

El presidente de las cámaras patronales (CEOE y Cepyme), Antonio Garamendi la calificó de "fracaso". No pudo evitar, sin embargo, dar cuenta de la importancia de los piquetes, al quejarse del cierre masivo de comercios en la Gran Vía madrileña asegurando que "no creo que les hayan convencido de una forma muy tranquila".

Alberto Núñez Feijóo, del PP, la tildó de "error histórico". Advirtió en tono amenazante "el 29 de noviembre no hay huelga y la gente va a votar". El secretario general del PP, Miguel Tellado, tildó a los sindicatos de "mafia" y acusó al paro de ser "el último servicio de los sindicatos a Sánchez". La jefa de gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exigió erradicar lo que denominó la "basura sindical".

Por su parte, Santiago Abascal, de VOX, prometió "acabar con los piquetes" e impulsar la prohibición o restricción severa del derecho constitucional de huelga.

Con el inicio formal de la campaña electoral a la medianoche de este jueves, todos los aparatos institucionales intentan desesperadamente reinstalar el eje de las urnas para encauzar el desborde callejero,

La lucha sigue

La tragedia de Urda y el colapso ferroviario han abierto una crisis política y operativa sin precedentes en el Ministerio de Transportes, dejando en la cuerda floja a la cúpula de Renfe y obligando a recomponer la dirección de Adif. Aunque el Sindicato Español de Maquinistas (Semaf) aceptó aplazar los paros previstos tras arrancar un decreto-ley de emergencia que limita las horas de conducción continua, amplía la jubilación anticipada por penosidad y faculta a los maquinistas a detener trenes ante riesgos en las vías, el conflicto estructural sigue completamente abierto. Este sábado 14 de noviembre el Sindicato Ferroviario marcha del Ministerio de Transportes al Congreso bajo la consigna de exigir "un ferrocarril seguro"; el lunes 16 realizan una concentración frente al Parlamento y el martes 17 de noviembre -coincidiendo con la huelga general en Francia- van a protagonizar una huelga general ferroviaria de 24 horas los trabajadores de Adif junto a los maquinistas de Renfe, Iryo, Ouigo y todas las operadoras de mercancías exigiendo personal, el fin de la tercerización y seguridad real frente al modelo privatizado. El 23 de noviembre -a seis días de las elecciones- habrá un nuevo paro nacional si el Gobierno no cumple con el resto de los compromisos pendientes.

Con huelgas docentes y universitarias en curso en comunidades clave como Madrid y Andalucía contra los recortes presupuestarios y los "servicios mínimos" que restringen el derecho a huelga, el movimiento estudiantil prepara una huelga general educativa para el viernes 20 de noviembre con manifestaciones en Madrid , Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y decenas de ciudades, coordinada con movilizaciones juveniles en Francia, Bélgica, Grecia, Italia y Alemania. La consigna apunta al corazón del régimen: "Dinero para educación y políticas sociales, no para el rearme y la economía de guerra de la OTAN".

El Sindicato de Inquilinas y el Sindicat de Llogateres, por otra parte, avanzan en la organización de comités de edificio y bloques en lucha para preparar una huelga de alquileres contra los fondos buitre y grandes tenedores.

La huelga del 11N deja plantada la formación de comités de acción desde la base.