Transporte en Bariloche: el Estado debe garantizar su eficiencia

Los recortes en los servicios que aplicó en el último tiempo la empresa Mi Bus, que presta el servicio de transporte urbano de pasajeros en Bariloche desde 2016, ha producido un inmenso malestar en los trabajadores de la línea y en los usuarios. Dieciocho juntas vecinales de barrios del oeste se unieron para pedir al municipio mayor control.

La empresa accedió a la concesión mediante un contrato directo, tras licitaciones fallidas. Redujo brutalmente las unidades y la situación se agravó con la pandemia, ya que Mi Bus retacea la salida de las unidades y corta servicios en una acción de chantaje por mayores subsidios.

Al deterioro del servicio hay que agregar la desidia del Municipio y del Concejo Deliberante ante la falta de control y de hacer cumplir las normas a los empresarios.

Se han limitado a constituir una “comisión de seguimiento” que no ha dado ningún resultado efectivo, y solo dilata la situación. Los habitantes de Bariloche no tenemos por qué sufrir las consecuencias de mala política de funcionarios y empresarios.

Ante los fracasos señalados, es vital una salida que privilegie a trabajadores y usuarios, quienes deben constituirse en una comisión de control que garantice el buen funcionamiento de la línea. Como medidas transitorias:

1. Ante la inoperancia del sector patronal, que los trabajadores, a través de una comisión electa por asamblea, tengan el control de los ingresos y egresos con poder de veto. Que el dinero de la recaudación y los subsidios sean destinados, prioritariamente, a los insumos para el funcionamiento operativo de la empresa y los salarios del personal.
2. Que usuarios y trabajadores diseñen un servicio en función de sus necesidades.
3. Ante la tentativa empresaria de obstaculizar esta iniciativa, y teniendo en cuenta que el transporte es un servicio público, el Municipio debe hacerse cargo de la empresa bajo control de los trabajadores.

Esta experiencia es perfectamente posible. La vivimos en 2002 en Transporte del Oeste, que llegó a ser una de las empresas más importante del país, con 350 unidades y casi 1.500 trabajadores, a través de paros y movilizaciones con el apoyo de los usuarios. El cuerpo de delegados y trabajadores electos por asamblea constituimos una comisión con poder de veto que controló los ingresos y egresos de la empresa. Los trabajadores pasamos a supervisar su movimiento financiero. La prioridad fue el respeto por los salarios de los trabajadores y la compra de insumos. Los directivos pasaron a cobrar sus salarios de convenio igual que un trabajador. La comisión de control se dividió las responsabilidades, pasando a cubrir todas las aéreas de la empresa, talleres, administración, tráfico, etc. El control se hizo sentir a poco de andar, cuando se detectó la facturación trucha de 5.000 litros diarios de combustible, los curros con la rectificación de motores, y la sobrefacturación de los repuestos.

La conclusión es que 1) Se puso de manifiesto de cómo deliberadamente se llevaba una empresa al vaciamiento. 2) El contubernio entre empresarios sin escrúpulos, funcionarios, la dirigencia gremial (UTA) y el poder judicial. 3) Que los trabajadores estamos en condiciones de llevar adelante una empresa.

MiBus presta un servicio público. Quien debe garantizar su funcionamiento es el estado y lo puede hacer bajo control de los trabajadores. Manos a la obra.