Escribe Anahí Rodríguez
Es hora de impulsar la huelga general educativa.
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Del 11 al 16 se llevó adelante una semana de paro universitario. La semana arrancó el lunes 11 con un paro total de todas las federaciones universitarias, incluida FATUN (no docentes) lo que provocó que las unidades académicas prácticamente estuviesen cerradas.
El martes solo pararon los docentes nucleados en FAGDUT (UTN), CONADU y CONADU H. Sin embargo, el acatamiento fue muy alto. Miércoles y jueves solo pararon los docentes de las dos CONADU, que representan las federaciones que nuclean a la mayor cantidad de docentes a nivel nacional. Si bien el paro disminuyó en porcentaje, en comparación con el lunes, muchos docentes pararon pese a que el gremio que los nucleaba no lo hacía.
La semana de paro arrancó, en muchas universidades con el comienzo del segundo cuatrimestre. Si bien en esta semana las conducciones de las federaciones y la dirigencia de la mayoría de las asociaciones no impulsaron acciones de movilización, en las encuestas, la causa de defensa de la educación pública es considerada un reclamo legitimo por la opinión pública.
En medio del proceso huelguístico, el “Ministerio de Capital Humano” emitió un comunicado anunciando un incremento salarial en cuotas que sumadas totalizan un 7,5 % a cobrar en diciembre y un bono de $25.000 para la docencia con dedicación exclusiva. Las cuotas del “incremento” son 1,3 % en junio, 1,3 % en julio, 1,3 % en agosto, 1,2 % en septiembre, 1,1 % en octubre, 1,1 % en noviembre. Esas cuotas no alcanzan a superar o empatar los aumentos de precios pasados (en junio la inflación fue del 1,6 % y en julio del 1,9 %), ni tampoco la proyección inflacionaria para los próximos meses. Este aumento ya había sido anunciado semanas atrás por algunos medios de comunicación. Lo único novedoso del anuncio oficial es el bono. El gobierno exalta el bono único, en negro de $25.000 para los cargos full, $12.500 para los semi y $6.250 para los simple. Una verdadera burla en todos los sentidos. El comunicado que anuncia el “aumento” salarial también exalta que durante el 2024 el gobierno transfirió una partida adicional a las universidades para gastos administrativos y de funcionamiento, y otra también para los hospitales universitarios.
El anuncio del gobierno fue rechazado por todos los gremios universitarios y también por el CIN que sacó un comunicado remarcando: “La inversión en universidades nacionales en 2024 cayó 21,9 % en términos reales y se proyecta un retroceso adicional del 8,8 % en 2025, más la pérdida de diciembre de 2023. Más de 90 obras comprendidas en el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria continúan paralizadas sin cumplir los contratos firmados por el Estado nacional. No hay actualización de becas y programas de asistencia a estudiantes universitarios. Lo transferido en concepto de hospitales universitarios no comprende a la totalidad de los existentes. Y la situación del sistema científico es terminal, puesto que, prácticamente, todas las líneas de financiamiento están cortadas.”
La política del gobierno nacional ha colocado a las universidades públicas en una situación límite: recorte presupuestario histórico, congelamiento salarial que provoca la renuncia de miles de docentes, desfinanciamiento de becas y servicios estudiantiles y la posibilidad concreta de arancelamiento. El anuncio de incremento, lejos de frenar o producir un levantamiento del paro, generó repudio y más indignación, en medio de un clima de ascenso de los conflictos que envuelve al Conicet, el hospital Garrahan, y la lucha contra los vetos.
En ese escenario, el plan de lucha decreciente que han votado ambas CONADU, paros de 48 horass rotativos todas las semanas (21 y 22 de agosto; 26 y 27 de agosto; 1 y 2 de septiembre) solo conduce al desgaste y llevará a desinflar el proceso de lucha. Las conducciones están mirando el calendario parlamentario de la Ley de financiamiento Universitario que ya tiene media sanción en diputados y que Milei ha anunciado que va a vetar, y en paralelo el calendario de las elecciones parlamentarias de octubre haciendo olas a favor del voto al Frente Patria. Esta política nos lleva a un callejón sin salida.
Es necesario un replanteo del rumbo de la lucha. La tarea de las conducciones combativas y del activismo de las diferentes asociaciones es impulsar asambleas que se pronuncien reclamando plenarios y congresos de delegados con mandato para profundizar la lucha: la huelga general educativa y una inmediata marcha Federal educativa. Solo así se podrá asegurar que el proyecto legislativo pase al senado y se pueda quebrar el veto presidencial, lo que no solo significará un enorme golpe político al gobierno, sino que también abrirá las vías para arrancar los reclamos salariales y presupuestarios de la lucha.