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La conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires del miércoles pasado llamó la atención no solo por su intento de esquivar roces con el gobierno nacional con relación al retorno a la “fase 1” de la cuarentena, sino también por el crecimiento de los números de contagio.
Dentro de ese panorama estremecedor, se informó que, de 1.200 trabajadores de la salud testeados, 300 -es decir uno de cada cuatro- arrojaron resultado positivo.
En el hospital Durand, se ha declarado el colapso en terapia intensiva por falta de personal cuando ya se había anunciado el colapso de camas de intención con respiradores. El escaso número de personal preexistente y la contratación a cuentagotas por parte del gobierno desgastan a los trabajadores. Estos afirman que la dinámica de la circulación comunitaria es más alta que la que informan oficialmente y que la mayoría del personal es portador de algún índice de carga viral.
A pesar de llevar tres meses de pandemia, aún seguimos lamentando pérdidas de trabajadores como las del médico Héctor Bornes, en Cañuelas, y la del ambulanciero Daniel Chaparro, de la empresa Vital, que podrían haber sido evitadas con las correspondientes licencias por grupo de riesgo. La semana pasada, un acto en puerta del hospital Durand y una asamblea con piquete en el hospital Rivadavia denunciaron las muertes de los trabajadores Julio Gutiérrez y José Aguirre. Por más que el director del hospital Fernández, afirme en su último informe interno que el personal es responsable por los contagios, no se puede tapar el sol con la mano.
Rodríguez Larreta afirma tener una política intensa en testeos, pero los trabajadores deben reclamar hasta el cansancio para ser testeados. Los testeos indirectos no son suficiente y sin un PCR (directo) negativo, el personal es enviado a trabajar promoviendo la circulación del virus. En el caso de ser positivos, el tramiterío para solicitar licencia y derivación se transforma en un martirio.
Los trabajadores toman conciencia y firmeza para efectuar sus reclamos cada vez de manera más abierta, ante el silencio cómplice que, durante estos tres meses, ha adoptado la burocracia sindical de UPCN, SUTECBA y ATE. La organización de los trabajadores en defensa de su propia vida muchas veces es respondida con la persecución y sanción como en el caso del compañero Daniel Iribarren, del Hospital de Clínicas -suspendido dos veces, por 30 y 60 días, sin goce de sueldo-, o los despidos en el hospital Materno-Infantil de Boulogne y en el Sanatorio del Talar.
Se ha abierto una deliberación con relación a qué tipo de testeo debe utilizarse y cómo. Los trabajadores exigen la apertura de los comités de crisis para imponer su agenda, esto es, la contratación del personal necesario en enfermería, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, reconocimiento profesional para el personal de enfermería, pago completo del aguinaldo.
Esta semana se han movilizado en Tucumán y Mendoza los médicos agrupados en Fesprosa. La asamblea de Residentes, organizaciones sindicales de base como APSS y AGHIM, preparan una nueva jornada nacional de lucha. Los trabajadores del Piñero han invitado a una asamblea abierta en la misma perspectiva.
Tomemos la iniciativa e impulsemos asambleas por hospital para discutir acciones colectivas en todo el país contra los despidos y persecución a los trabajadores. Por el ingreso de personal, por la apertura de paritarias y el pago del aguinaldo en tiempo y forma y por todos los reclamos.
