Deuda: Guzmán y la pileta sin agua

Escribe Marcelo Ramal

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La información de que el gobierno presentará una nueva propuesta a los acreedores de la deuda “con jurisdicción extranjera”, ha venido acompañada de otro dato: el rechazo anticipado de al menos dos de los tres comités de acreedores -donde revistan BlackRock, Ashmore y otros fondos- a esa propuesta que realizaría Guzmán.

La nueva oferta del gobierno añadiría, a los mayores intereses y menores descuentos de capital ya comprometidos, el reconocimiento de todos los intereses a vencer en 2020 y también el pago de cupones desde el año que viene, enterrando definitivamente la perspectiva del ´período de gracia´. El ´valor presente´ de la deuda, en esos términos, pasaría a superar el 53%, más de 10.000 millones de dólares por encima de la propuesta original de Guzmán. (El FMI juzgaba como “insustentable” cualquier oferta argentina por encima el 50%).

Sin embargo, el rechazo del grupo de acreedores que lidera BlackRock ya ha sido anticipado. Otro fondo, Ashmore, situado entre los que se catalogan como “moderados” en sus pretensiones, estaría reclamando que Argentina ´se ponga´ de inmediato con 2.500 millones de dólares.

Pero los desacuerdos tienen otras raíces. Más allá del regateo de cifras, los acreedores de la deuda contraída bajo el período macrista no están logrando la pretensión de equiparar las condiciones de emisión de sus bonos con aquellos que resultaron del “canje” de 2005-2010. Aquellos bonos -los que negociaron Kirchner-Lavagna- facilitan el inicio de pleitos contra el país en caso de default. Los bonos posteriores requieren un número mayor de adhesiones para ello. Lo que está en juego, en definitiva, no son las condiciones del “pago”, sino las del “no pago”, o sea, el horizonte de la previsible insolvencia argentina.”. La facilidad de pleitear la deuda argentina incide decisivamente en el valor de reventa de los bonos eventualmente renegociados, y que los BlackRock y compañía esperan desprenderse en el menor lapso posible. Naturalmente, si la discusión sobre la mesa es sobre cómo litigar ante un default futuro, ello coloca en el tapete la posibilidad del default inmediato. Kristalina, presidenta del FMI, ha abierto el paraguas en estos días, al señalar que con Argentina hay que “prepararse para lo peor”.

Guzmán, sin embargo, se zambulliría a la pileta sin agua, es decir, que anunciará de todos modos la propuesta probablemente fallida. Según los analistas, intentaría fracturar al frente de acreedores, ofreciendo “premios” a los bonistas que acuerden y se presenten primeros en la fila de cobros. Lo que se presenta como una estrategia audaz y hasta “académica”, no es sino otro episodio de entreguismo mayor, que consistiría en colocar a la Argentina -en bancarrota y cuarentena- ante un drenaje de divisas al contado.

Otros observadores anticipan un fracaso seguro de esta estrategia, porque los acreedores menores se encuentran atados a cerrojos legales por parte de los grandes bonistas. Pero incluso si prosperara, colocaría al gobierno ante otro escenario inviable o, tal vez, el peor de todos: cerrar un acuerdo leonino con un conjunto de bonistas, sin poder impedir, al mismo tiempo, el inicio de juicios por parte de otros y, por lo tanto, un escenario imposible en términos de financiamiento internacional.

Cuestión política

Así las cosas, un improbable arreglo de deuda, si tuviera lugar, colocaría a la Argentina ante un nuevo tutelaje colonial, que el FMI deberá refrendar más o menos rápidamente en torno a un “plan económico” (ajustador) – en medio del derrumbe industrial, social y sanitario más importante de la historia argentina. Los círculos de la burguesía -tan endeudada y quebrada como su Estado- presionan al gobierno para que arregle con los bonistas a como sea. Pero discuten también cuál será el régimen político que pueda hacerse cargo del “inminente colapso social y económico” (Longobardi dixit). La crisis en la coalición oficial, en definitiva, discurre en torno de esta cuestión crucial, aunque transite por los juzgados penales, los chanchullos de los servicios o los retenes de los controles policiales.

Es necesario denunciar el carácter inviable y entreguista de la “salida” de deuda de Guzmán-Fernández; y unir a la lucha por las urgentes reivindicaciones sociales y sanitarias el desconocimiento de la deuda y un plan económico de los trabajadores.

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