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La reciente decisión del gobierno provincial de intervenir el puerto de Reconquista es una derivación directo de la (frustrada) intervención a Vicentin, y de la investigación de sus operaciones comerciales.
Desde 1999, este puerto está concesionado por 30 años a la empresa Ríos del Norte SA que hacía las operaciones de carga y descarga de Vicentin y Buyati. Recién ahora, el gobierno provincial viene a descubrir que el puerto “oficialmente” no hacía operaciones de carga, y que desde el 2004 Vicentin-Buyati no presentaban los balances anuales del movimiento portuario correspondiente.
Denuncias que tuvieron lugar después de la intervención dejaron en claro dos cuestiones: 1) Que Vicentin realizaba operaciones no declaradas a la AFIP, con la vista gorda de las fiscalizaciones provinciales y 2) Que, para ello, tenía asegurada otra complicidad – la de la propia Prefectura Naval que opera en el puerto de Reconquista.
Una investigación a fondo demostraría que el procedimiento de embarque de granos sigue esa misma línea en el conjunto de los grandes pulpos cerealeros y aceiteros, que tienen concesiones portuarias por decenas de años. Lo de Vicentin no es la excepción sino la regla. Es el caso de la propia Vicentin en San Lorenzo, la ACA, Bunge, Nidera, Cargill, Molinos, Noble, Cofco y ADM Agro. La concesión y explotación de la hidrovía del Paraná es uno de los mayores puntos de fuga de las divisas de exportación, en medio de la escasa fiscalización de la provincia.
En mayo pasado, el Banco Central publicó un informe donde, al aludir a la fuga de capitales -que alcanzó a los 86.000 millones de dólares en los últimos años- alude a la falta de fiscalización de los 14 puertos concesionados que componen la hidrovía Paraná. Rápidamente, la Cámara Portuaria salió al cruce de ese informe, señalando que los puertos privados eran “un modelo de control del estado”.
Millones de toneladas de granos exportados reciben un liviano control de las autoridades. La provincia simula que fiscaliza y la prefectura simula que cuida. Después de la crisis con las retenciones, los grandes grupos encontraron una forma de evadir parcialmente las mismas elevando las toneladas exportadas no registradas. Es muy común también que muchas de las ventas a los productores de soja se hagan en negro.
La intervención del puerto de Reconquista entrará en el juego de maniobras que involucra a toda la cuestión Vicentín, y no sería de extrañar un nuevo recule oficial.
Los puertos privados en Santa Fe son una enorme olla podrida. El caso Vicentin es el de todas las exportadoras de granos. El único control real que se puede establecer sobre las operaciones de estos grupos es la nacionalización integral de los puertos bajo control de los propios trabajadores, la cual, en el marco de un plan económico único, aseguraría el ingreso de divisas en una economía dirigida por y para el conjunto de la clase obrera.
