Por una campaña contra la judicialización a los diputados del FIT-U de CABA – en la claridad

Apenas días después de ser adoptada por la cancillería argentina y luego por la Legislatura porteña, la resolución que condena por “antisemita” a cualquier opinión o ataque político al Estado de Israel ha mostrado sus verdaderos alcances. La Organización Sionista Argentina (OSA) vertió un comunicado donde amenaza con iniciar acciones legales contra los legisladores del Frente de Izquierda, luego de que estos ´rectificaran´ su voto a favor de aquella resolución. La OSA señala, justamente, que “la utilización de esta herramienta (la resolución) será puesta en práctica en forma inmediata por esta Federación en casos como este”. O sea que la imputación a los diputados invoca la disposición que ellos habían votado. Queda de manifiesto que la ley en cuestión sanciona el delito de opinión. La “rectificación” de los legisladores porteños del FIT-U no reconoce, sin embargo, la naturaleza proscriptiva de la ley de cuya votación se retractan. En efecto, la declaración que condena el ataque a sus diputados por parte de la organización sionista no destaca que la amenaza de la OSA es el resultado inevitable de la ley votada por la Legislatura.

La omisión de este aspecto central de la ley de marras pone de manifiesto que la votación casi unánime de la Legislatura representó un frente político entre el sector del FIT-U que la votó, con el macrismo y el peronismo, con el pretexto de la condena legal del antisemitismo. Es claro, sin embargo, que el antisemitismo solamente puede ser combatido por medio de la acción, y de ningún modo mediante el ofrecimiento al estado de nuevos recursos para atacar el derecho de opinión. Este aspecto político central no fue tomado en cuenta por ninguna de las críticas que recibieron los diputados, por parte de numerosos sectores de la izquierda. Para estas críticas, el apoyo a la ley fue, en resumidas cuentas, un ataque a “la causa palestina”. Esta posición unilateral vela el carácter democratizante y parlamentarista de lo ocurrido, algo que es común al conjunto del FIT-U. Tenemos entonces aquí una explicación de esa votación, que de otro modo daría la impresión de un acto irreflexivo, como pretenden exactamente quienes luego recurrieron a la “rectificación”. Tomando el hilo de sus críticos, fueron enseguida a la embajada de Palestina a recitar una ´mea culpa´ ante el representante de la Autoridad Palestina.

Estrictamente, la resolución del IHRA busca instalar el delito de opinión a nivel internacional en todo lo que signifique la denuncia de los atropellos nacionales del estado sionista contra el pueblo árabe palestino, porque va dirigido contra los judíos que cuestionan el carácter racista del estado de Israel. La resolución tiene, asimismo, una clara indicación fascista, porque apunta contra la izquierda internacionalista, impulsada, además, por un gobierno de clara filiación ideológica e histórica con el fascismo. No es casual que no denuncie al fascismo, denunciado por la IV Internacional como progromista, o sea de lesa humanidad, y que cuente con el apoyo de los gobiernos que flirtean con el fascismo, como el del húngaro Orbán. El delito de opinión, como lo hemos señalado en politicaobrera.com, hace pasibles de juicio político a los funcionarios que han impulsado este engendro, desde el canciller Felipe Solá hasta los legisladores que sumaron su voto, y especialmente a quienes propiciaron el proyecto. Como elemento agravante se añade la decisión de la comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura, de que el proyecto fuera votado sobre tablas, sin previa discusión en comisión, y sin discursos. La ley fue promovida por medio de todos los recursos de atropellos legales que las autoridades de la Legislatura tienen a su disposición.

Este el problema político de fondo de la “adhesión” al texto de la IHRA, lo reconocen los legisladores en cuestión, sin ambigüedades. Alegan que no habían percibido que la expresión “instituciones” judías, que figura en la ley, se refería al estado de Israel. Descontando ese ´equívoco´, entendemos que volverían a votar lo que no debían haber hecho, y acompañar el frente parlamentario con las bancadas que en la historia argentina bancaron, una, el anti-comunismo del primer peronismo, las tres A del segundo peronismo, los indultos del tercer peronismo, y los coqueteos con Israel de los cuatro peronismos. La otra, JpC, un descendiente directo de la Libertadora y la dictadura genocida. Es este frente parlamentario con la burguesía el que volvió a expresarse en esta ocasión, luego de una seguidilla de acciones similares en el pasado reciente, en especial el quórum a Capitanich para sacar adelante el Presupuesto de Chaco, y la emergencia alimentaria que selló el acuerdo de los M y los K, que precedió al triunvirato de la cuarentena.

La trayectoria histórica de defensores de “la causa palestina”, en torno a la que gira la “rectificación”, cumple en primer lugar la función de desviar la responsabilidad por el frente parlamentario con la burguesía, nada menos que en la sanción del delito de opinión. En segundo lugar, hace algo discutiblemente más importante: convierte a “la causa palestina” en el pretexto para otro frente – con la Autoridad Palestina, es decir con la agencia del imperialismo yanqui y el sionismo en el pueblo palestino. Esa Autoridad ha convertido a los territorios ocupados en un pseudo estado policial, donde opera como delegación del Shin Bet, el órgano de seguridad israelí – con el que tiene acuerdos firmados.

No es esta “la causa palestina” que defiende históricamente la IV Internacional. Para la IV Internacional el estado de Israel es una fortaleza de la reacción, del imperialismo y de la contrarrevolución en el Medio Oriente e internacional. Desde este ángulo planteamos el derecho a la soberanía política del pueblo palestino sobre todo su territorio histórico, incluido el derecho al retorno de todos los expulsados por la limpieza étnica del sionismo, y la lucha por una Federación Socialista de los pueblos de Medio Oriente y el norte de África.

En resumen, apoyamos, impulsamos y nos ponemos a completa de disposición de la defensa de los compañeros del FIT-U amenazados por la filial local de la Organización Sionista – en la claridad, sin confundir posiciones ni conductas. Es necesaria una campaña común, un frente único, sí, aquí sí, contra el atropello de Solá, Fernández, los Martín Ocampo y los Macri, que pretenden que las legislaturas, el Congreso y la Corte Suprema instauren el delito de opinión – como lo acaba de pedir, literalmente, el bloque de Schiaretti, en la Legislatura de Córdoba. Y, al mismo tiempo, una discusión clara en la izquierda. Es necesario erradicar el delito de opinión en la propia izquierda, que es lo que ha pasado con la expulsión de centenares de militantes por parte de una capilla del aparato del PO (oficial).