El derecho al aborto, en la agenda

En 24 horas, la cuestión del aborto volvió al centro de la escena política y si no estuviera en juego la salud y la vida de tantas mujeres, se podría decir que casi como una comedia de enredos útil para curar en salud al presidente electo, que en las últimas semanas prometió enviar un proyecto de ¿legalización? de la interrupción del embarazo al Congreso.

Adolfo Rubinstein, secretario de Salud, dio rango nacional a un protocolo ya existente para la interrupción legal del embarazo (ILE), que subraya derechos consagrados en el Código Civil de 1921 y ratificados por el fallo FAL de la Corte Suprema en 2012: que el aborto no es punible en caso de violación y cuando corre riesgo la salud o la vida de la embarazada, y que la ILE se dirime entre el médico y la gestante, sin necesidad de denuncias judiciales.

Por decreto

El protocolo se adecuaba al nuevo Código Civil y a parámetros de la Organización Mundial de la Salud: privilegiaba la decisión de las niñas a partir de los 13 años. En la Argentina hay un promedio de 3.000 madres niñas por año y la continuidad de esos embarazos es una cruel e irrenunciable exigencia de evangélicos y católicos. El protocolo sostenía algo científicamente irrefutable: que el embarazo infantil multiplica el riesgo de muerte materna y entraña un grave riesgo para la salud. Esto abría las puertas a que todo aborto de una menor fuera no punible, rugen. Mienten: toda niña embarazada es una niña violada. La ley no admite el consentimiento de las menores. La puerta estaba abierta desde siempre. No es por falta de sustento legal que se somete a las nenas a la maternidad.

Otro aspecto que los enardeció fue la obligación de que los objetores de conciencia practiquen la ILE en caso de urgencia y si no hay nadie que los sustituya en el hospital o centro de salud.

Los cruzados saltaron como leche hervida. Federico Pinedo directamente pidió la renuncia de Rubinstein por haber “ampliado de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitado la objeción de conciencia médica”.

La piel de los cruzados

El devenir del protocolo ILE vuelve a marcar la cancha a Alberto Fernández, que la semana anterior, orlado de aplausos y pañuelos verdes, había prometido mandar “su” proyecto de legalización -no el de la Campaña- al Congreso. "Debemos respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Y cuando uno despenaliza y legaliza el aborto no lo hace obligatorio", declaró Fernández en una entrevista con Página/12.

La promesa lo hizo merecedor del anatema del cavernícola de Aguer y de una advertencia de “Tucho” Fernández, obispo de La Plata y gran amigo de los “movimientos sociales”. El “mejor intérprete” de Bergoglio y garante indispensable de cualquier Pacto Social le preguntó, casi cariñosamente, por qué durante la campaña había dicho que la legalización del aborto no era algo prioritario si ahora la prometía. Sin embargo, “Tucho” Fernández distinguió entre despenalizar –“Sería simplemente blanquear una situación”, escribió– y legalizar, el “aborto libre”. Lo mismo dijo Eduardo Valdéz, que gusta llamarse un “puente” entre el Vaticano y el PJ. Despenalización sí. Legalización no. Más claro: si te hacés un aborto clandestino nadie te mandará a la cárcel. Pero ni sueñes con que te lo hagan en el hospital. Es la clave: la clandestinidad tiene como principales víctimas a las mujeres más pobres, que no pueden pagar un aborto clandestino pero seguro. Alberto Fernández rehuyó las explicaciones de género o filosóficas –“mi cuerpo es mío”- y admitió varias veces que el “problema” del aborto es una cuestión de salud pública: en ese caso, la única salida es el aborto legal y en el hospital.

El movimiento de mujeres

En la dirección feminista del Frente de Todos lo que se escucha es una deglución de sapos anticipada: mejor un poco que nada, le contestaron airadamente a la filósofa Diana Maffia, que le había preguntado a Alberto Fernández por qué no impulsaba el proyecto de la Campaña (aunque igual se mostró eufórica con el presidente electo) y sobre sus vínculos con el tucumano Juan Manzur, una bestia negra y gobernador de la provincia donde estuvo presa Belén.

La enorme marea que ha ganado las calles necesita, por un lado, el respaldo organizativo de asambleas de hombres y mujeres en centros de estudio, lugares de trabajo, barriadas, donde se discuta como imponer el trípode indispensable de “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Debe servir de puente para discutir con las trabajadoras que son llevadas a oponerse al derecho al abordo por una campaña manipuladora desde los púlpitos, los medios, la burocracia de los sindicatos y la de los ‘movimientos sociales’ vaticanos. En una lucha tan indispensable como decisiva, porque es necesario que las obreras puedan ejercer el derecho al aborto sin temer el despido, y plenamente capacitadas para defenderse de la dictadura ‘marital’. El movimiento verde podrá triunfar si se desembaraza de la tutela política ‘nacional y popular’ en la que milita un largo contingente clerical.

Hay que ganar a nuestras filas a quienes no entienden que el derecho al aborto es en defensa propia. Hay que desenmascarar a los curitas bonachones que hacen la opción por los pobres, pero quieren tener atadas a las mujeres y a las niñas a la maternidad compulsiva. La separación de la Iglesia y el Estado es indisociable del logro de nuestras reivindicaciones.

No se puede admitir la objeción de conciencia, que tanto desvela a Pinedo. Es la llave maestra para bloquear la ley más amplia, como ocurre en España, Portugal, Italia, Irlanda o Uruguay.