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Con grandes expectativas se recibió la noticia que en Argentina se llevaría adelante un ensayo clínico de una vacuna contra el coronavirus, que preparan las compañías farmacéuticas Pfizer y BioNTech. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que tienen ya registradas 124 investigaciones en torno a una vacuna para prevenir el virus Covid19. De estas investigaciones sólo diez proyectos superaron las pruebas en animales y se encuentran en fase clínica, es decir, con [ensayos en humanos)(https://www.diagnosticsnews.com/productos-y-tecnologias/35133-35133 25/5/20).
Nicolás Vaquer, gerente de Pfizer Argentina, declaró que el estudio arrancó con fase 1 y 2, donde se pone a prueba la seguridad, con 200 voluntarios en Alemania y 360 en EEUU. En ese programa se estudiaron cuatro vacunas y, de ellas, la que resultó más avanzada fue luego probada sobre 45 personas. El resultado mostró un perfil de seguridad ´aceptable´ con “efectos adversos moderados” y una buena generación de anticuerpos, según informa la empresa. La próxima etapa -pasaje de la fase 2 a la 3- pondrá a prueba su eficacia a través de un incremento sustancial en el número de personas, y esa es la que involucrará a Argentina, entre otros países. En estos ensayos, la vacuna deberá demostrar que no sólo genera los anticuerpos necesarios para combatir el virus, sino también prevenirlo. Aunque no se sabe aún cuántos participantes de Argentina serán reclutados, la prueba no debería involucrar a menos de 30.000 personas en todo el mundo. Como ocurre con estos ensayos clínicos, la mitad de los probandos recibirá la vacuna y la otra mitad un placebo. Pfizer afirma que contará con resultados a partir de octubre-noviembre, los cuales, si son positivos, permitirían avanzar con un “uso de emergencia”.
¿Primeros en la fila?
La euforia que se instaló en la opinión pública frente al ensayo clínico de Pfizer se relaciona con la expectativa de una provisión futura de la vacuna con carácter prioritario, por el hecho de que Argentina participe de su desarrollo. Esta prioridad, sin embargo, no se encuentra garantizada de ningún modo, y se encuentra mediatizada por otras cuestiones – en primer lugar, por el carácter privado y capitalista de la producción de medicamentos. En la historia de la realización de ensayos clínicos de laboratorios internacionales (no sólo de Pfizer) suele denunciarse lo contrario, a saber, que una comunidad o país que participa de un ensayo sólo accede a los medicamentos por los medios mercantiles, o sea, comprándolos. Mientras tanto, estos ensayos son generalmente realizados en instituciones públicas y con fondos del Estado del país en cuestión. Los ensayos clínicos, en suma, suele encubrir una gran transferencia de recursos de los países que sirven de campo de experimentación en favor de los laboratorios internacionales.
A su turno, esa comercialización tiene lugar con un componente adicional -el régimen internacional de patentes, que otorga al “inventor”, en este caso, de la vacuna- el monopolio de su fabricación o su licenciamiento. Este sistema de propiedad privada sobre el conocimiento es la llave de los sobrebeneficios que han llevado a la industria farmacológica a ser una de las más poderosas del planeta. Pfizer, precisamente, se ubica entre los laboratorios que más recaudan en el mundo. Un artículo de la Red de Medicamentos (Alames) (1) da cuenta de algunas cifras. La industria farmacéutica pasó de tener un ingreso anual de unos 400 mil millones de dólares en el año 2001 a más de un millón de millones de dólares en 2014. Las principales empresas están en los grandes países industriales, cuatro en Estados Unidos, dos en Suiza, dos en el Reino Unido, una en Francia y una en Alemania. También hay empresas japonesas y nórdicas.
Las diez principales compañías farmacéuticas del mundo facturaron 426.000 millones de dólares en 2014. Pfizer, cuarta en el ranking, facturó ese año 49.605 millones. Las prácticas inescrupulosas en cuestiones tales como los ensayos clínicos o el abastecimiento han generado multas de organismos regulatorios a las grandes farmacéuticas por 11.000 millones de dólares durante el último trienio. Como se ve, esa cifra no representa más del 1% de la facturación anual de las “diez grandes”. El costo de violar las laxas normativas en materia de ensayos clínicos es mínimo con relación a los beneficios obtenidos.
Estudios multicéntricos
La eventual experiencia de Pfizer en Argentina formaría parte de la estrategia que en la jerga del sector se conoce como “estudios multicéntricos”. Se trata de ensayos clínicos que las multinacionales farmacéuticas llevan adelante a escala global, con un protocolo común para equipos de investigadores ubicados en diferentes países. Los laboratorios alegan que esta diversidad de experimentación permite conclusiones más confiables y veloces. Naturalmente, lo que no se dice es que, por un lado, los costos de la investigación, tanto laborales -becarios, profesionales- como operativos, son menores que en los países centrales. Y, por el otro, que las normas bajo las cuales se recluta y trabaja con los voluntarios son mucho más “flexibles” que en los países donde los laboratorios tienen sus casas centrales. De un modo general, el voluntario debe suscribir un consentimiento informado (prestar conformidad de su participación en el ensayo con el conocimiento de los riesgos y beneficios que este implica), pero este requisito, en muchos casos, suele ser abordado en forma administrativa, y no puede, por sí sólo, garantizar la legitimidad ética de un ensayo en donde el principal problema es la explotación de las comunidades. Estos ensayos tampoco aseguran un beneficio post ensayo, que sería el compromiso del laboratorio privado en el cuidado y seguimiento de las personas que fueron sometidas a tratamiento, lo cual, también, queda a cargo de los organismos públicos e investigadores del Estado en cuestión.
Argentina tiene experiencias cuestionables en el historial de ensayos clínicos realizados por distintos patrocinadores externos. Es el caso del estudio COMPAS realizado por GlaxoSmithKline, para probar una vacuna contra el neumococo en miles de niños en las provincias argentinas de Santiago del Estero, Mendoza y San Juan que tomó estado público con la muerte de 12 niños y terminó con una multa a la empresa y a los investigadores. Por otra parte, se atribuye la elección de Argentina por sus planteles de investigadores. Pero el país tiene otra “virtud” para los laboratorios: una reglamentación amigable con la industria. Un claro ejemplo de ello es la disposición 4008/17 de ANMAT en donde se acortan plazos en un claro intento por favorecer a la industria.
Guerra de vacunas, guerra comercial
En el caso específico del coronavirus, la cuestión del acceso a una hipotética vacuna futura tiene como telón de fondo la brutal guerra comercial entre las potencias del planeta por obtener una ventaja, ya sea en la vacuna o en un remedio para el coronavirus. El primer protagonista de esta puja es EEUU, recientemente denunciado por otros países por la compra de todas las dosis de remdesivir (del laboratorio Gilead) para aprovisionarse contra el coronavirus. Del otro lado del Atlántico, se destaca el acuerdo comercial entre AstraZeneca con cuatro países de la UE para obtener las primeras dosis producto de otro ensayo de vacuna. En el caso de Pfizer, si prospera la vacuna que está en experimentación, aspira a colocar unos 100 millones de vacunas a partir fines de este año, hasta llegar -a finales de 2021- con aproximadamente 1.000 millones de dosis colocadas en el mercado.
¿Cómo llegará la vacuna de Pfizer a Argentina? Por lo que expresaron hasta ahora sus directivos, sería importada desde Alemania y EEUU a nuestro país. Al parecer, no hay un acuerdo con relación a si extenderían una licencia para su fabricación en Argentina. Lo cierto es que nadie informa acerca de cuántas dosis recibirá Argentina ni tampoco cuándo. Finalmente, cabe agregar que BlackRock la empresa de administración de activos financieros más grande del mundo -y uno de los principales y más hostiles acreedores de la deuda argentina- posee el 6,8% de las acciones de Pfizer.
La futura provisión a Argentina es inseparable de los actuales debates internacionales sobre el destino de la hipotética vacuna. Pfizer, y otros laboratorios en carrera, tendrán dos grandes variantes de comercialización: una, por medios privados, a través de las cadenas farmacéuticas y seguros de salud. Pero teniendo en cuenta las necesidades de colocación masiva, es probable que los laboratorios tengan como grandes clientes a Estados nacionales, los cuales se encargarían después de la distribución al interior de sus países. Pero esta variante, por cierto, no implica ninguna garantía de provisión “coordinada” o “igualitaria” de la vacuna sino, probablemente, todo lo contrario. A fines de mayo, la OMS promovió con una treintena de países e instituciones internacionales a una plataforma de acceso mancomunado a tecnología sobre Covid19, con la pretensión de colectivizar derechos sobre tecnologías y explotación de productos para que estén "disponibles universalmente" y sean considerados "bienes públicos mundiales". Pero casi simultáneamente, EEUU anunciaba su ruptura con la OMS y el retiro de toda colaboración económica. La declaración en favor de la “plataforma común” tampoco la suscriben Alemania, China, Inglaterra o Japón, o sea, ninguno de las potencias que podrían registrar la primera vacuna. Ni EEUU, ni la UE, ni China, están dispuestos a ceder un ápice en la guerra por obtener la vacuna a como dé lugar. La consigna de Trump “America first” implica que los primeros cientos de miles de vacunas serán para ese país y después se verá su comercialización. La reventa posterior de la vacuna a terceros países no podrá sustraerse a esa guerra sanitario comercial. El escenario que tuvo lugar a fines de la década de 1990 con los cocteles antirretrovirales contra el HIV -con el estallido de crisis políticas y verdaderas rebeliones populares (Sudáfrica) por su abastecimiento- podría tener lugar ahora con la eventual vacuna del Covid 19.
Al problema de la explotación de la patente de esta vacuna, se añade la de impulsar instalaciones en las que puedan ser fabricadas, lo que también limitará el suministro a nivel mundial.
La expectativa de que Argentina podría sortear todas estas contradicciones por el mero hecho de “participar del ensayo clínico” es sólo eso, una ilusión. Entre la ciencia y la población explotada se levanta el abismo del beneficio privado, y de un régimen social que pretende servirse de la pandemia como arma de rivalidad con otros estados y monopolios capitalistas. La única garantía de acceso público a la vacuna es la nacionalización integral de la industria farmacéutica, la abolición de la legislación de patentes y una coordinación internacional de las investigaciones y sus resultados, incompatible con los monopolios privados.
Notas
