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Más de 200 presos de la Unidad Penal N° 4 (Villa Floresta), ubicada en Bahía Blanca, han iniciado una huelga de hambre en protesta por los 11 casos positivos de Covid19 registrados, el hacinamiento y la falta de condiciones sanitarias presentes en el penal.
Los presos denuncian que se puso en funcionamiento una unidad de aislamiento que no tiene baño ni ducha. Los internos realizan sus necesidades en botellas y apenas reciben comida. Hay cinco ayudantes de salud, internos también, que han hecho cursos a inicios de este año, y que trabajan para cuidar a los pacientes de riesgo y los enfermos. No obstante, denuncian falta de guantes, agua, luz y medicamentos en dicho espacio de asilamiento. Los familiares de los detenidos apoyaron la huelga de hambre con una concentración frente a tribunales.
En 2017, la población carcelaria del penal de Bahía Blanca llegaba a 1.021 internos cuando su capacidad es de 617 (Lanueva.com, 09/09/17). Los problemas de hacinamiento ya habían sido puestos de manifiesto de nuevo al inicio del ASPO, cuando se produjeron protestas en distintos penales de la provincia, cuyas unidades penitenciarias están ocupadas a un 150% (albergan a más de 50.000 personas).
Como ocurrió en mayo pasado en otras unidades, los presos reclaman una descompresión del penal, otorgando arresto domiciliario a pacientes de riesgo o con enfermedades preexistentes y encarcelados por delitos menores y no violentos. El defensor oficial presentó un pedido de habeas corpus colectivo por la situación de más de 130 internos. Está destinado a aquellos presos que estén a seis meses de obtener algún beneficio excarcelatorio. En el penal de Batán, cerca de Mar del Plata, han circulado reclamos similares. Allí, hasta ahora, sólo hay dos casos positivos. Son los propios internos quienes advierten una vez más sobre la posibilidad de que los penales se conviertan en focos de contagio masivo.
Dar curso a prisiones domiciliarias para internos que estén contemplados en las condiciones para su excarcelación monitoreada es imperativo. Esto debe ser objeto de control de una comisión especial integrada por organizaciones de derechos humanos y sanitarios. Se deben garantizar condiciones sanitarias, medicamentos y unidades de asilamiento adecuadas para los internos y adecuadas medidas e insumos de higiene y seguridad, en especial para el personal médico y para los internos que voluntariamente colaboran en el cuidado de los pacientes críticos. Un nuevo episodio de la crisis carcelaria en el medio del pico de la pandemia en la ciudad podría implicar una catástrofe sanitaria para el conjunto de los trabajadores.
