Crece el rechazo al “protocolo” de vuelta a clases

Escribe Emiliano Fabbris

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El ministro de Educación Nicolas Trotta ha informado la decisión de nueve provincias de retomar las clases presenciales a partir del mes de agosto, en forma escalonada. Sería el caso de Catamarca, Corrientes, Formosa, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis y Tucumán. La decisión recae en cada gobierno provincial, luego de que fuera lanzado nacionalmente un “protocolo de regreso a clases”, acordado en el Consejo Federal de Educación por todos los gobernadores y también por sindicatos como CTERA.

Se trata, sin embargo, de un anuncio improvisado, jaqueado por las nuevas cifras de contagios. Sonia Alesso, de AMSAFE Santa Fe y secretaria general de CTERA, tildó de “temerario” el retorno de clases en Santa Fe. En Tucumán, el movimiento docente autoconvocado ya votó en contra del retorno y el sábado 18 realizará una asamblea para tomar medidas. En Catamarca, en donde se está desarrollando un importante movimiento de lucha, la intersindical docente rechazó el regreso. El propio ministro de Educación admitió que, al menos hasta septiembre, no comenzarán las clases.

En provincia de Buenos Aires, hace dos semanas atrás se informaba que 71 distritos que estaban en fase 5 también volverían a clases presenciales en agosto. Sin embargo, mucho de ellos han tenido sus primeros casos positivos de COVID recientemente.

No solo la docencia rechaza este retorno a clases. Las familias de los alumnos no acuerdan en enviar a sus hijos a clases. Según una encuesta realizada por UDA (Unión Docentes Argentinos), el 78% de las familias considera que “no existen condiciones sanitarias, edilicias y de infraestructura para regresar a clases en agosto” (primerplanoonline.com, 14/7). Una mayoría desconoce, además, el contenido mismo del protocolo. Asambleas y plenarios de delegados convocados por seccionales Multicolor ya fue votado el rechazo al protocolo en La Matanza, Tigre, Escobar, Ensenada y Bahía Blanca.

El ministro Trotta anunció una “Campaña nacional para el retorno seguro a las aulas”, para “disipar los temores de la comunidad para la vuelta a la presencialidad e informar a alumnos y docentes sobre los nuevos hábitos que regirán en las escuelas desde agosto. Aquellas familias que no se sientan seguras de enviar a sus hijos a la escuela podrán continuar con clases a distancia” (Infobae.com, 15/7). Trotta ya preanuncia el fracaso de su propio operativo.

El protocolo, como lo hemos señalado , fue elaborado sin consulta alguna con la comunidad educativa y es impracticable porque no guarda ningún tipo de relación con la realidad de las escuelas públicas del país. El gobierno ha anunciado que destinará solo $2.300 millones de pesos para “adecuar” las escuelas y que deberán repartirse entre todas las 60.000 escuelas del país, es decir que en promedio no llega a $40.000 por institución. La mayor parte de esa partida es para comprar insumos sanitarios, que escasean o directamente no existen desde hace años en las escuelas, y una parte menor para obras de infraestructura. Migajas para una situación edilicia escolar en ruinas.

Este improvisado e inconsulto retorno a clases es complementario con el desastre educativo que ha tenido lugar durante la cuarentena, al no garantizarse los recursos tecnológicos necesarios para una continuidad pedagógica. Garantizar la vida y el derecho a la educación supone una inversión extraordinaria, incompatible con lo que el gobierno se predispone a gatillar a fondos internacionales y tenedores de deuda. Se pretende resolver esto exponiendo masivamente a trabajadores de la educación y toda la comunidad educativa a trabajar en sin garantizar las condiciones sanitarias, como ya lo hace con la entrega de asistencia alimentaria en las escuelas, en donde no entrega ni un alcohol ni un barbijo. Su propósito, en definitiva, es alojar a los hijos de los trabajadores que ya están volviendo masivamente a las fábricas y empresas.

CTERA, SUTEBA y otros sindicatos han avalado este protocolo contra la vida y la educación, sin tener ningún tipo de mandato de la docencia. Alesso, la titular de CTERA firmó el protocolo para luego tener que rechazarlo en su propia provincia. La realidad pone en evidencia que el seguidismo e integración al gobierno es un callejón sin salida para los trabajadores.

Es necesario profundizar la campaña contra el protocolo de regreso a clases en todo el país. Un petitorio virtual lanzado por Tribuna Docente (t) ya ha reunido en pocos días cerca de 1.500 firmas de docentes en rechazo al protocolo. Por Comités en cada escuela con poder de veto y un plan integral de obras de infraestructura escolar bajo control de los trabajadores. Por un congreso educativo nacional que elabore un programa integral para poner en pie una educación al servicio de los trabajadores, incluyendo un protocolo de retorno a clases.

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