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“Pasamos de una propuesta de expropiación a un rescate empresarial, donde no queda claro cuánto va a poner el Estado, pero queda claro que no va a tener el control de la empresa y que no evita la extranjerización”.
La frase no es un dirigente sindical combativo ni de un activista de izquierda. La emitió Claudio Lozano, el presidente del Banco Nación (Ámbito, 21/7). Lozano ha venido realizando giras por la provincia de Santa Fe, entrevistándose con productores y políticos patronales, en una campaña en contra de la extranjerización de Vicentin y a favor de la expropiación, en los términos que habilita la Constitución.
Los pasos del gobierno han dejado atrás definitivamente la expropiación de Vicentin. El directorio de la empresa, insólitamente, aún se mantiene al frente de la misma y está operando fuertemente y ha obtenido enormes resultados. Fernández y Perotti están avanzando en la conformación de un fideicomiso que aún no está definido.
El plan para reflotar a la empresa exportadora, cuya deuda es de u$s1400 millones, incluye la posibilidad de que los acreedores capitalicen parte de sus deudas y que los actuales dueños se queden con una porción minoritaria de acciones.
El proyecto se ha sometido a discusión con los bancos internacionales. El mayor interés de Perotti sería asociar a la empresa a productores y cooperativas agrarias, y sigue en pie incorporar al fideicomiso a YPF Agro. De arribarse a un acuerdo con tantos protagonistas cruzados, Vicentin podría salir a cotizar en la Bolsa en un plazo de dos años, claro que con una conformación accionaria diferente. Dicho esto existe una fuerte división entre los intereses agroindustriales acerca de la salida a esta quiebra, como se manifiesta en la división que se ha producido en la Mesa de Enlace. Dada la presencia de Vincentin Family Group en el sector lácteo, estos cabildeos han ampliado la crisis más allá de la cerealera.
Para el gobierno de Santa Fe, el objetivo primordial del fideicomiso es poner en marcha la empresa para saldar las deudas que la empresa con las cooperativas, acopios y productores que le vendieron granos. En cierta medida deberán ser incorporadas al capital de la futura compañía, lo cual abre la disputa acerca de la amplitud de derecho a voto que se les otorgue. El punto fundamental es cómo se zanjará la deuda con el Nación y otros bancos locales y con la banca internacional. Aquí el estado será invitado a poner la garantía de una renegociación de la deuda, una vez que zanje su propio acuerdo por la deuda externa jurisdicción extranjera.
La expropiación legal de Vicentin siempre iba a ser una moneda de canje para llegar a un arreglo, porque el estado no puede afrontar la deuda monumental del grupo, que ha perdido todo su patrimonio. Ese arreglo es lo que busca el fideicomiso, ya previsto en el proyecto de expropiación legal. La soberanía alimentaria fue la cortina de humo para meter en juego a cooperativistas y a YPF Agro, en un acuerdo con los acreedores extranjeros. El proyecto de Lozano no ha sido cambiado, salvo por el hecho de que ahora se sube al barco el propio Vicentin, sin que nadie se haya molestado en averiguar dónde fugo la plata este grupo – salvo los acreedores extranjeros, que sí lo están haciendo, mediante un procedimiento llamado “discovery”. En definitiva, el proyecto emancipador que reivindicaron diversas direcciones sindicales, nunca existió, lo que se ve mejor ahora con los entuertos que están haciendo los que querían expropiar con los eventuales expropiados. Alberto Fernández no se ha cansado de decir que recurrió a la amenaza de expropiación legal, porque el concurso de la quiebra no avanzaba. Ahora parece que lo enderezaron.
Con este panorama clarificado, aunque sigue confuso, el movimiento obrero debe exigir el derecho a supervisar las negociaciones y por sobre todo la apertura de los libros de la cerealera y de todo el Vicentin Family Group. De otro modo los derechos de la clase obrera serán el pato de la boda del negociado que están armando los protagonistas estatales, bancarios, internacionales y agrarios, bajo el amparo del concurso y, más todavía, fuera de él. Vicentin forma parte de un ‘holding’, entre cuyas empresas transfiere el dinero en oscuras operaciones, incluidos los paraísos fiscales.
Para defender el derecho a supervisar lo que se está haciendo y la apertura de los libros del ‘holding’, es necesaria una movilización de carácter político – pues se trata de interferir en los pasos que da el estado a espaldas del pueblo. Por eso proponemos un congreso de los trabajadores de todas las empresas del Grupo y, en esa línea, de toda la región y la provincia. No debemos olvidar que esta crisis ‘particular’ se encuadra en una crisis mundial y nacional gigantesca, en la que deberemos pelear por nuestras vidas.
