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En los últimos días, Sergio Berni se ubicó una vez más en el ojo de la tormenta, por el “rebrote” del delito en la provincia de Buenos Aires. Se ha cruzado con intendentes K del sur del conurbano y con la Ministra de seguridad Nacional Sabina Frederic, con la que tuvo dos fuertes cruces anteriores. Estos choques revelan una crisis política monumental en el aparato de seguridad estatal.
Según Clarín (23/7) Alberto Fernández le habría pedido al ministro del Interior, “Wado” De Pedro, que se ocupara del "tema Berni". Esto significaría que opere por su desplazamiento del gabinete bonaerense. De Pedro salió a desmentir esta versión. Berni repite como una letanía que no va a renunciar salvo que se lo pida Axel Kicillof.
Más allá de Berni, la crisis política en torno a la seguridad que se desenvuelve en el campo oficialista expresa un debate en torno a cuál debe ser la política represiva en el marco de la crisis económica y social. Unos y otros comparten el mismo diagnóstico: la inminencia de un “estallido social” a partir del desconfinamiento, lo que haría necesario el reequipamiento de la fuerza y su preparación a tono con ese diagnóstico.
En este sentido, los ministerios de Seguridad nacional y bonaerense han anunciado el inicio de “una nueva etapa de coordinación entre las Fuerzas Federales y policías de la provincia”, según trascendidos oficiales. Se trata de operativos complementarios de agentes federales (según información oficial, hay 7.500 desplegados en el área metropolitana) en los municipios de Avellaneda, Quilmes, La Matanza, Almirante Brown, Moreno, Esteban Echeverría, Florencio Varela y Lomas de Zamora. La distribución de los efectivos provocó reclamos de intendentes de Juntos por el Cambio, como el de Lanús, Néstor Grindetti, que pidió el mismo trato que el que se aplica a los municipios gobernados por intendentes oficialistas.
Mientras Berni quiere presentar como un logro propio este desembarco de fuerzas federales, tira la pelota afuera en relación a una cuestión candente: la desaparición forzada de Facundo Castro,, que involucra directamente a la bonaerense y cuenta con la complicidad de la Federal.y la Justicia. Esta “complementariedad” entre ´la bonaerense´ y la Federal también se aplica al “gatillo fácil”, el regenteo de las redes delincuenciales y de las zonas liberadas (ver).
Los “estallidos sociales” que preocupan a la burocracia de gobierno, siempre han tenido lugar, desde la hiper de Alfonsin, con la complicidad, cuando no la instigación, del aparato pejotista. De modo que estamos frente a un sainete que, bajo el pretexto de esos “estallidos”, busca proteger el aparato policial, incluidos sus negociados, y las operaciones políticas contra rivales políticos. Dedicar mayor presupuesto a la represión que a la salud, la educación y la vivienda. Es el ala del estado que busca preparar las condiciones de un estado policial, que se aplique a espiar, infiltrar y reprimir las luchas obreras, juveniles y femeninas y a sus organizaciones.
En su agenda política, las organizaciones combativas deben poner a discusión, la lucha contra ese espionaje y esa infiltración.
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