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Hace unos días, el ex canciller Bielsa presentó un libro –“Lawfare”- referido a lo que el kirchnerismo llama como “la guerra judicial-mediática construida con propósitos políticos”. En Argentina, solía asociarse esa escalada judicial al propósito de sacar a la ex presidenta del escenario electoral, como ocurrió con Lula en Brasil. Pero después de la victoria de la dupla F F, la secuencia de juicios contra Cristina se inscribe en un cuadro de otras características y de otro alcance.
Esta semana, Cristina Kirchner deberá comparecer en la causa Vialidad, en referencia a las concesiones de obra pública a Lázaro Báez en Santa Cruz, donde se la imputa como jefa de una supuesta asociación ilícita . La indagatoria forma parte de una saga que incluye siete causas elevadas a juicio oral, cinco pedidos de prisión preventiva y nueve procesamientos. La renuncia de Cristina como senadora la priva de los fueros parlamentarios, aunque un hipotético juicio político y destitución de su cargo requeriría también de los dos tercios de la cámara de diputados para iniciar la acusación y, luego, del voto del Senado.
En las últimas semanas, CFK colocó a su hijo al frente del bloque oficialista en Diputados, y también designó a una acólita, la ex gobernadora de Santiago del Estero, en la presidenta provisional del Senado, que integra la línea sucesoria del ejecutivo nacional. Reforzó este blindaje al vetar a varios potenciales integrantes del futuro gabinete, que en un caso de condena judicial pudieran renunciar a sus cargos si el Congreso no consuma el juicio político. Es el caso de Martín Redrado o Nielsen, que los medios interpretaron de otro modo, por supuestas divergencias acerca de la política económica. En el área de la Seguridad, quedó afuera el massista Diego Gorgal, pero quedó confirmado otro kirchnerista –Agustín Rossi, en el área de Defensa. El copamiento del futuro gobierno por parte de la ex presidenta, a expensas de los gobernadores del pejota y del massismo, responde en un 90% a las exigencias del blindaje judicial.
Presos políticos o detenciones arbitrarias
La guerra judicial ha dejado de ser el pasto de las fieras como Majul o Lanata, para trasladarse al teatro de la lucha de camarillas al interior de la precaria coalición de gobierno que asumirá el próximo 10. Al referirse a los funcionarios del kirchnerismo que se encuentran presos, Alberto Fernández se ocupó de aclarar que los consideraba “detenidos arbitrarios”, a causa de las prisiones preventivas, pero no “presos políticos”. Así dejó afuera de su paraguas, por ejemplo, a Boudou y Jaime, los dos con condena firme, y dejó entrever que no protegería a otros que fueran luego condenados.
A contrapelo de Alberto Fernández, Cristina Kirchner declarará en la causa Vialidad como “perseguida política”. Los diarios ‘hegemónicos’ denuncian la morosidad y tolerancia que gozan las causas contra CFK. Las causas judiciales serán un arma de extorsión en la lucha de poder al interior del Frente de Todos. En la agenda de esta pelea, están las discusiones de la deuda externa; la función de las fuerzas armadas y la “seguridad” interior; los acuerdos y desacuerdos económicos internacionales y en el Mercosur. La cuestión judicial condicionará la relación de las diversas camarillas sindicales con el próximo gobierno.
El kirchnerismo no tardará en proclamarse perseguido, no ya por los renovados ‘destituyentes’, sino incluso por sus actuales socios del Frente de Todos, y por sobre todo por los acreedores internacionales y el mismo Trump. Es el escenario para las presiones del FMI. De modo que el flamante gobierno debutará en un escenario de crisis política que lo precede.
La cuestión judicial podría convertirse en el ‘lei motiv’ golpista acondicionado a Argentina, si todo lo demás no se arregla – y rápido.
