Tiempo de lectura: 2 minutos
Se cumplieron tres años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Sus familiares y organizaciones de derechos humanos hicieron un acto virtual para recordarlo y reclamar justicia. Por la noche, una marcha en el centro porteño fue reprimida y terminó con diez detenidos.
La muerte de Maldonado involucró a funcionarios de primera línea del gobierno Macri. El operativo de Gendarmería del 1 de agosto de 2017 -un ataque brutal contra la comunidad mapuche Pu Lof Cushamen- estuvo al mando del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El gobierno nacional, en connivencia con los gobiernos provinciales de la región patagónica y con el gobierno chileno, pretendió “escarmentar” a los mapuches en defensa del negocio inmobiliario y de los pulpos petroleros, mineros y gasíferos que operan en la Patagonia. Noceti estuvo a la cabeza de un operativo coordinado con las fuerzas de seguridad de Río Negro, Neuquén y Chubut. Algunos meses más tarde, en otro operativo contra la comunidad mapuche, un prefecto asesinaba por la espalda al joven Rafael Nahuel.
En el transcurso de los 78 días en que Santiago permaneció desaparecido, el gobierno de Cambiemos, el juez Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila, llevaron adelante una campaña de encubrimiento. El cuerpo de Santiago fue hallado en el Río Chubut a pocos metros de donde se produjo la represión, en un sitio que había sido rastrillado tres veces. El juez federal Gustavo Lleral, horas antes de las elecciones legislativas de 2017, salió al rescate del gobierno afirmando que Santiago “murió ahogado”, liberando de culpa y cargo a los gendarmes y a sus encubridores políticos y judiciales. El reclamo por Santiago Maldonado había llegado a reunir a cien mil personas y conmovido al país entero.
Pasan los gobiernos, la impunidad queda
Apenas asumió su cargo, la ministra de Seguridad FF, Sabina Frederic, buscó distanciarse de Patricia Bullrich con respecto al “caso Maldonado”. Frederic dijo que iba a impulsar que se investigue la actuación de la Gendarmería en el operativo, pero bajo la carátula de “abandono de persona". Esto es el blanqueo de una política represiva -eso sí, “democrática”- para blindar los intereses capitalistas asociados a la explotación inmobiliaria y de los recursos naturales de la Patagonia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de los Fernández, que rinda cuentas de las medidas de gestión llevadas adelante para esclarecer lo sucedido con Santiago y establecer las responsabilidades en el hecho, en un plazo que no supere los tres meses, pero aún no hay ninguna novedad sobre la causa que debería investigar la actuación de la Gendarmería.
Como se ve, esta fuerza, ayer liderada por Berni, luego por Bullrich y hoy por Frederic, es el arma “predilecta” de los últimos gobiernos, para reprimir conflictos obreros, desalojar ocupaciones y “asegurar” los barrios del conurbano. La impunidad y el encubrimiento de las fuerzas de seguridad estatales, garantizadas por los sucesivos gobiernos de turno, tienen como resultado que hoy estemos reclamando la inmediata aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, quien permanece desaparecido desde el 30 de abril. La familia de Facundo apunta directamente a la policía bonaerense.
Seguimos reclamando justicia y castigo a los culpables por Maldonado, por Facundo y por todas las víctimas del ´gatillo fácil´ y la violencia estatal.
