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A una semana de iniciada la fase 2 del Plan “Paso a Paso” para el desconfinamiento total en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, y de la fase 4 en La Araucanía, Los Lagos y Aysén, Piñera se propone acelerar la implementación sus “iniciativas clave” para la recuperación de la actividad económica, mediante un gran proceso de rescate capitalista.
Una de ellas corresponde a los subsidios al empleo. Lo anterior, bajo una tasa de desocupación que podría alcanzar el 30%. Los plazos y montos para estos subsidios han sido discutidos por los equipos técnicos de los ministerios de Trabajo y Hacienda y, aunque Piñera lo mencionó grosso modo en su “cuenta pública”, el monto fluctuaría entre 2.000 y 2.500 millones de dólares, mientras que el plazo para ejecutarlo sería de al menos 6 meses -tiempo mínimo que según el gobierno la economía tardaría en recuperarse.
Otro punto de su agenda consiste en una nueva inyección -esta vez de 10 mil millones de dólares- al sistema financiero para la entrega de préstamos a las Pymes con garantía estatal. Hasta ahora, casi 200 mil empresas han accedido a préstamos de este tipo -por montos que superan los 40 mil millones de dólares.
Debido a que durante la crisis social y sanitaria las inversiones privadas en el ámbito local disminuyeron hasta un 25%, los capitalistas necesitan conocer los detalles del plan de reactivación lo antes posible. Al anticiparse una caída de hasta un 3,6% en el PIB para este año -y mientras el pronóstico económico para la clase trabajadora no deja de empeorar-, el gobierno propone que sean beneficiadas todas las empresas que acusen pérdidas durante la crisis, reforzando especialmente al retail, al turismo y a la industria inmobiliaria.
Hoy, las empresas que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo, es decir, a la Ley de Protección al capital, suman 112.117. Si bien no hay plazos definidos para que el gobierno ingrese el proyecto al Congreso, se espera que lo haga dentro de las próximas semanas, ya que pretende en septiembre u octubre tener aprobados todos los proyectos relacionados con la reactivación capitalista.
Por otra parte, tras la aprobación de la ley que permite de manera excepcional el retiro del 10% por parte de los trabajadores de sus ahorros jubilatorios -que administran las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFPs-, el pasado 23 de julio, el BC emitió un comunicado advirtiendo que intensificaría su vigilancia en los mercados financieros durante estas semanas.
En este contexto, el BC planteó que, debido a que el líquido de las AFPs no existen, la entrada en vigor del retiro conllevará una importante liquidación de activos por parte de éstas. Además, el texto afirma que la liquidación ordenada de dichos activos es esencial para preservar la estabilidad financiera y la eficiencia del proceso de formación de precios. Por otro lado, la entidad continuará con la ventanilla de compra de bonos bancarios de 4.100 millones de dólares -del programa de marzo- y agregará una ventanilla de compra de depósitos a plazo por hasta 8.000 millones de dólares.
A su vez, en un comunicado emitido la semana siguiente, el Banco Central anunció que desplegará un programa de operaciones de compra de activos por 10 mil millones de dólares. El pago será efectuado al contado en paralelo con la venta, a plazo, de instrumentos elegibles emitidos por bancos; el BC comprará, al contado, bonos bancarios y, conjunta y simultáneamente, venderá a plazo estos instrumentos a la misma contraparte, que son todas las entidades del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA), es decir, de la plataforma de negociación mediante la cual el BC interactúa con las instituciones financieras -para efectuar sus operaciones monetarias con el objeto de aumentar o disminuir las reservas bancarias1. Los plazos de venta serán entre uno y tres meses.
Mientras la burguesía lleva a cabo todo este proceso de rescate, la clase obrera sufre los despidos, las suspensiones, y la confiscación capitalista. El agotamiento del régimen está a la vista; la iniciativa es de los trabajadores.
