Terremoto político en Colombia

Escribe Emiliano Monge

Tiempo de lectura: 4 minutos

El pedido de detención de Uribe por parte de la Corte Suprema es un shock político para Colombia. La Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria del ex presidente por casos de sobornos y manipulación de testigos, en el proceso de una denuncia hecha hace varios años por el diputado del Polo Democrático, Iván Cepeda. Uribe es senador nacional y la Corte impuso una medida de aseguramiento para que no pueda utilizar sus fueros, por lo que deberá cesar su rol de legislador. Al ser elegido Senador en 2014, perdió su fuero presidencial y a partir de allí, sus actos quedaron bajo la tutela de la Corte Suprema de Justicia. “En el caso de Uribe proceden las mismas circunstancias que recién sacaron del cargo de gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Cuando la Fiscalía resolvió imponerle medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria” (semana, 4/8). No va a la cárcel, sino que cumplirá prisión domiciliaria (cárcel por casa), decidido por los magistrados.

La causa tiene que ver con el momento en que Cepeda quiso interpelar a Uribe en el Senado, acusándolo de organizar y financiar a la organización paramilitar más grande de Colombia (las Autodefensas Unidas Colombianas). Uribe solicitó pedir la investigación del legislador del Polo Democrático, y durante el proceso fue acusado de haber sobornado a un paramilitar para que atestigüe contra Cepeda. La semana pasada la fiscalía imputó cargos al abogado de Uribe, Diego Cadena, por ofrecer 200 millones al paramilitar Carlos Enrique Vélez y ayuda al otro paramilitar, Juan Guillermo Monsalve, para declarar a favor del ex presidente (el tiempo, 4/8).

Contra Uribe “se tiene una serie de interceptaciones en las que se demostrarían los presuntos sobornos a Monsalve y otros exparamilitares para que cambiaran su testimonio y exculparan al expresidente además de señalar que el senador Cepeda los había comprado para incriminar a su contradictor” (infobae, 4/8).

Duque salió a pedir la libertad de Uribe, horas antes de la definición. “Ya nadie está pidiendo que no se avance, que no se haga justicia, pero que se haga con las garantías de hacerse en libertad”, planteó el mandatario.

Crímenes de lesa humanidad y narcotráfico

Los motivos de su detención no tienen que ver con crímenes de lesa humanidad y de corrupción durante su presidencia. Uribe, desde sus comienzos en la política en Antioquia, tuvo manifiestos vínculos con el tráfico de drogas y el cartel de Medellín dirigido por Pablo Escobar. Posteriormente como gobernador de Antioquia crea las “fuerzas convivir”, bandas paramilitares para expulsar y matar trabajadores y campesinos, defender los intereses de los hacendados y los intereses del capital internacional. Esto da pie a la formación de las Autodefensas Unidas Colombianas (AUC) que impulsa el fenómeno paramilitar en el país, un ataque directo al movimiento obrero y campesino. Entre los delitos que se le conocen están las denuncias por “falsos positivos”, donde el ejército asesinaba campesinos, opositores políticos y los hacía pasar por caídos del enemigo en incursiones del ejército. Como también diferentes masacres a poblaciones civiles y decenas de atentados. Estos actos criminales y otras violaciones de los derechos humanos marcaron sus períodos presidenciales.

Uribe expresó el ascenso de una camarilla ligada al narcotráfico, las fuerzas armadas y a la concentración de tierras expropiadas a los campesinos. Uribe durante décadas fue la persona más poderosa de Colombia: “uno de los más grandes escándalos del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez tiene que ver con las interceptaciones ilegales a jueces, periodistas y miembros de la oposición, las cuales se orquestaron desde el extinto organismo de inteligencia adscrito a Presidencia y que se conocen como las “chuzadas del DAS”; de las cuales fueron víctimas varios magistrados del Supremo colombiano” (ídem).

Crisis política y social

El país atraviesa uno de los más duros períodos, que combina una crisis sanitaria y económica aguda. Claudia López, alcaldesa de Bogotá y el presidente Iván Duque tratan de minimizar el colapso sanitario e ignoran los reclamos de las asociaciones de trabajadores de la salud. La pandemia está haciendo estragos: los barrios más pobres son escenarios de cortes de calles para pedir comida.

Mientras Duque anuncia el éxito de la reapertura, Colombia tiene más de 9.000 fallecidos por Covid-19 y 9.000 muertos extra por otras enfermedades dentro de la pandemia, y más de 270 mil contagiados. Petro, candidato a presidente por Colombia Humana, dijo que el 90% de los muertos venían de los barrios más pobres de Bogotá (estrato 1, 2 y 3). Se obliga a volver al trabajo, y las nuevas disposiciones definen que no se hagan testeos, sino el aislamiento y la vuelta al trabajo después de ese aislamiento. Las protestas entre el personal médico crecen, ya que la amplia mayoría no tiene contrato laboral y les adeudan meses de salario.

La crisis también se desató por las denuncias sobre las fuerzas armadas por corrupción y abusos sexuales. Las fuerzas armadas y Duque ordenaron que más de 800 militares participaran en la fallida operación de destitución del gobierno Venezolano, junto a Trump.

Los acuerdos de paz implosionaron. Aumentaron los asesinatos políticos de líderes sociales, indígenas, ambientalistas y sindicalistas, y hay denuncias de que bandas criminales y paramilitares tomaron territorios desmovilizados (prensa-latina, 31/7). Las FARC dicen que ya son 220 los exguerrilleros firmantes de la paz asesinados desde la firma del Acuerdo y casi 1.000 los líderes sociales exterminados desde entonces (nodal, 4/8).

La crisis política y social en Colombia se agudiza como en todo el continente. Las condiciones que hicieron salir a millones de colombianos a las calles el año pasado e impulsar tres huelgas generales, las primeras en 40 años, no sólo no están superadas, sino que están agravadas por la pandemia y la crisis política.

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