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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado Argentino que rinda cuentas sobre de la grave situación denunciada por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), relativa a personas privadas de libertad sometidas a un régimen de aislamiento prolongado e indefinido, con la excusa del Covid19, tras entrevistas realizadas a distintos detenidos en cárceles federales del país. El Representante Regional de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas también había pedido informes al Estado por este tema.
Este emplazamiento se produjo luego de que la PPN advirtiera que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de San Martín rechazaba las solicitudes de arresto domiciliario de los detenidos pertenecientes al grupo de riesgo y, frente a la pandemia, ordenaba el cumplimiento de medidas compulsivas de aislamiento solitario por tiempo indefinido para esos detenidos. Los reclusos denunciaron ser sometidos, por lapsos de entre 60 y 95 días, a medidas de encierro de 23 horas diarias en condiciones inhumanas sin luz, ventilación ni calefacción.
La respuesta del gobierno
El pasado 7 de agosto, el presidente Alberto Fernández encabezó la inauguración de obras en tres cárceles bonaerenses, ubicadas en Florencio Varela, Magdalena y San Martín. Durante el acto dijo: “Necesitamos construir cárceles porque si el delito crece, más gente será condenada”. Agregó “La sociedad ha ido abandonando poco a poco el problema carcelario... no se puede seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento”.
La respuesta llega tarde y mal. La denuncia de la PPN y la CIDH se produce tras casi cinco meses de cuarentena en los que se hizo poco y nada para resolver la penosa situación de las más de 100 mil personas privadas de su libertad en Argentina, alojadas en calabozos y pabellones hediondos. En las cárceles del país las condiciones hacinamiento, la falta de comida, de elementos de higiene, de asistencia médica integral, de comunicación con familiares y la violencia de los Servicios Penitenciarios están a la orden del día. El 60% de la población carcelaria no tiene condena firme y está a la espera de juicio. El propio Estado reconoce que hay una sobrepoblación del 16%. En el caso de la provincia de Buenos Aires, más grave aún, la superpoblación equivale a dos veces la capacidad establecida. En 1995, había aproximadamente 25.000 presos en la Argentina. En el 2020, según datos del PPN, hay más de 100.000. Un crecimiento exponencial. Las cárceles son dispositivos disciplinarios clasistas habitadas por las clases bajas que no pueden acceder a defensas privadas ni a pabellones VIP.
Con la pandemia, esta realidad se agravó. La justicia, en vez de cumplir con las recomendaciones internacionales de disponer la prisión domiciliaria de reclusos por delitos menores con problemas de salud, suspendió la mayor parte de las medidas bajo la presión de una campaña mediática sobre liberaciones y domiciliarias masivas e indiscriminadas que nunca se comprobaron. La oposición se montó en ella para introducir su agenda política de “mano dura”, a la que se sumaron también oficialistas como Berni y Massa.
Desde el cinismo más absoluto, AF busca diluir la responsabilidad del Estado sobre las aberraciones cometidas en las cárceles usando categorías genéricas para achacarle a “la sociedad” haber “abandonado” el “problema carcelario”. Pero las cárceles federales dependen del Ministerio de Justicia de la Nación, al mando de la ministra Marcela Losardo.
Fernández, en vez de proponer medidas que apunten a resolver el origen de la descomposición, la violencia y el delito -que no es otro que la podredumbre del aparato del Estado-, refuerza su poder represivo. La cuestión del delito es la coartada para un fortalecimiento de la política punitivista, en un escenario pospandémico conformado por el desempleo y la pauperización de grandes franjas de trabajadores.
