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La situación de Jujuy ante el brote descontrolado de COVID-19 en la provincia es gravísima. En solo dos meses se ha pasado de 9 a más de 3.000 casos y 81 muertos.
Como ya lo denunciamos en otros artículos de políticaobrera.com, este brote surgió por responsabilidad de una red policial de contrabando ilegal de hojas de coca, que contó con encubrimiento gubernamental. El vaciamiento del sistema de salud y la vía libre a empresas como la minera Exar (más de 250 casos) y el grupo Ledesma (más de 236 caso), que incumplieron sistemáticamente los protocolos de bioseguridad, hicieron el resto.
Colapso político
Todos los medios nacionales han tomado nota de los dichos de Morales sobre el colapso de ciertos hospitales locales. Sin embargo, esto se precipitó al menos hace una semana en San Pedro y Libertador General San Martín, mientras el hospital central, el San Roque, se encuentra al límite.
Ante el colapso, el gobierno anunció la colaboración del sistema privado de salud, lo que no ha funcionado en tanto los capitalistas de la salud no quieren garantizar la atención gratuita del flujo de pacientes volcados a clínicas y sanatorios. En segundo lugar, Morales anunció un nuevo “flujograma" hospitalario, dado el colapso de los hospitales públicos, que convertía a los hogares de miles de jujeños en hospitales de hecho, con atención telefónica, mientras los pacientes debían hacerse cargo de los costos de sus medicaciones y gastos de cuidado. Varias de las muertes por COVID-19 de esta semana se produjeron por el ingreso tardío de pacientes con complicaciones graves al sistema hospitalario formal.
Ante el fracaso de esta política, Morales se declaró impotente, en lugar de disponer por decreto la centralización del sistema de salud privado y habilitar todas las instituciones públicas y privadas necesarias para recibir a los miles de casos sospechosos. Tampoco ha decretado la paralización del ingenio Ledesma, que sigue funcionando a pesar del brote descontrolado de casos en su complejo agroindustrial, que ya se cobró la vida de nueve obreros. Por el contrario, sigue trabando con una conciliación obligatoria trucha y criminal el paro decretado por el Soeail ante los casos del COVID-19 en el Ingenio y el incumplimiento sistemático de los protocolos de bioseguridad por parte de esta patronal.
Además, en vez de endurecer la cuarentena, Morales ha vuelto a habilitar la salida por terminación de número de DNI en varias ciudades, incluyendo la capital, y está a punto de habilitar algunos comercios bajo la presión de las cámaras patronales.
Tomemos la posta
Ante este desmadre y la declarada incapacidad completa del Estado y del gobierno jujeños, es necesario impulsar más que nunca la conformación de comités obreros y barriales, ya no solo por los protocolos de bioseguridad adecuados, sino también para emprender una lucha por la efectiva centralización de todo el sistema de salud, y que de manera gratuita se pueda garantizar la atención del conjunto de la población; la contratación inmediata de más personal de la salud y la reducción de su jornada laboral sin afectar el salario, la entrega adecuada de EPP, la ampliación del sistema y de camas disponiendo de todos los edificios públicos y privados que sea necesario y su adecuado equipamiento. Para esto es necesario desconocer la usuraria deuda provincial, que ya absorbió más de 2 mil millones de pesos sólo este año y destinar estos recursos para el sistema de salud; paralizar toda empresa que no cumpla con los protocolos de bioseguridad; garantizar los recursos necesarios para afrontar la cuarentena para toda la población que lo necesite.
Ante el colapso sanitario y del gobierno, los trabajadores somos los únicos que podemos dar una salida.
