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Primero el gobierno de FF determinó la suspensión de la fórmula jubilatoria por seis meses con la promesa (incumplida) de modificarla. Pero en junio, con la excusa de la pandemia, extendió la suspensión hasta fines de diciembre. La Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional, mientras tanto, sigue analizando una futura fórmula.
Según los medios (ver Clarín, 8/8), el nuevo aumento por DNU para el próximo trimestre orillaría el 10%. O sea $1700 sobre el mínimo de indigencia actual. Con relación movilidad jubilatoria suspendida, la pérdida mensual va desde $541 para el haber mínimo hasta los $14.000 para los que cobran jubilaciones mayores. A esto se suma el 40% de trabajadores en negro, los despidos y suspensiones, las sumas no remunerativas, la suspensión de los aportes patronales, la desvalorización de las arcas de la ANSES. En el centro de la agenda entre gobierno y FMI esta la reforma previsional. La suspensión de la movilidad fue una prenda de cambio a los acreedores para alcanzar el reciento ‘acuerdo de deuda.
El FMI exige elevar edad jubilatoria y desligar los haberes del salario en actividad. Promueven las jubilaciones privadas como complemento de los haberes de indigencia del sistema estatal. A la cabeza de esto está Black Rock, uno de los mayores administradores de fondos de pensión del mundo, que ahora hará pie en Argentina.
Se apunta a una pensión asistencial a la vejez, liquidando los derechos previsionales.
