“Plan Marshall” criollo: tierras para nadie

Escriben Bárbara Carrillo y Lucas Benvenuto

Sobre la ocupación de terrenos.

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La respuesta del gobierno nacional, a través de la ministra de Tierra y Hábitat, María Eugenia Bielsa, a Juan Grabois marca la orientación de la política de los Fernández acerca del problema de la tierra y la vivienda.

El cruce con Grabois se produjo a raíz de que señaló a los medios que “hay una oleada de toma de tierras que se va a profundizar”, porque “la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas” (Infobae, 11/8). Según la funcionaria, en cambio, “lo que está sucediendo respecto de las tomas, en muchos casos, tiene que ver con situaciones delictivas”.

“Tierras no, trabajo precario sí”

Juan Grabois, junto con un sector de la burocracia sindical y la iglesia proponen crear 4 millones de puestos de trabajo, “repoblar la Argentina” y conectarla con transporte multimodal, y también entregar tierras a las comunidades “agrarias”. Este “Plan Marshall criollo” (así lo definieron), intentará poner en pie 170.000 empleos registrados y 4 millones de puestos de “trabajo social”. Estos últimos se pagarían mediante un IFE de 10 mil pesos y tendrán “derechos laborales básicos”; la contraprestación es trabajar 60 horas por mes. Es decir que la salida de la cuarentena en los términos de Grabois y la burocracia no es otra que el trabajo precario, en la forma de cooperativas ‘nac & pop’, o incluso bajo la tutela de las patronales privadas.

Este “plan Marshall” se financiaría, en parte, mediante los recursos destinados al Salario Social Complementario, Hacemos Futuro y Tarjeta Alimentar, y el resto, por una afectación específica del Impuestos a los Bienes Personales, una “pequeña” reforma del Impuesto a las Ganancias, un aumento del Impuesto a las Bebidas Azucaradas y otra parte a través del “esfuerzo fiscal adicional del Estado Nacional”. La reestructuración de la deuda con los bonistas y la aprobación de la ley fiscal de la provincia de Buenos Aires a principio de año no le han servido de lección a Grabois para diagramar este anteproyecto: el propósito repetido del gobierno es obtener un déficit cero, sin tocar un pelo del esquema fiscal que favorece a los pooles de siembra y terratenientes y el pago a los bonistas y al FMI.

Poco se sabe sobre cómo este anteproyecto promoverá la “integración urbana de los barrios populares, el acceso al suelo y a la vivienda social”. ¿Serán los trabajadores los dueños de las tierras y las viviendas o se constituirá un esquema de títulos precarios que, más temprano que tarde, devendrá en desalojos ante la imposibilidad del pago de las cuotas? Esta segunda variante es el esquema que está promoviendo Larreta en Capital, por ejemplo, en las villas 31 y 31 Bis, a través de su Secretaría de Integración Urbana y Social.

Programa

El “fenómeno” de la ocupación de tierras tiene su mayor desarrollo, actualmente, en la lucha de las 2.500 familias que se encuentran ocupando predios en Presidente Perón. Las tierras están destinadas a la especulación inmobiliaria o su explotación por parte de los pooles de siembra. Ningún plan Marshall a manos de los verdugos de los trabajadores ocupados y desocupados van a satisfacer la necesidad de los sin techo.

Los medios quieren presentar este “fenómeno” como el resultado de una acción orientada por los punteros barriales, con el propósito de especular con la venta de los lotes a las familias que lo necesiten. La lucha de los trabajadores ocupantes ha apuntado y obtenido títulos de propiedad al Estado.

Un programa de salida a la “crisis habitacional”, debe partir de reorientar toda la economía en favor de los trabajadores. En primer lugar, estableciendo el no pago a la deuda externa y el destino de los recursos a un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores que contemple la entrega de terrenos (y sus escrituras) y un plan de infraestructura sanitaria y servicios para conformar barrios que cumplan con todos los requisitos para el desenvolvimiento de la vida. La movilización de los trabajadores a los centros de poder político en reclamo de tierras y viviendas y las asambleas generales en las ocupaciones abren la posibilidad de discutir este programa de salida.

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