La clase obrera debe colocar su agenda

La pandemia está siendo el escenario de una brutal agresión contra las conquistas de la clase obrera, comenzando por una vuelta al trabajo en condiciones de indefensión sanitaria, sin equipos ni protocolos adecuados. El punto más álgido de ese ataque tiene lugar en los hospitales, donde la sobrecarga horaria de los trabajadores de la salud se traduce en miles de contagios y decenas de muertos. Detrás de ellos, la gran industria, los supermercados y el transporte siguen el mismo camino.

Mientras tanto, las oficinas de relaciones laborales de las patronales despliegan un operativo implacable de degradación laboral. Los trabajadores ´de riesgo´, licenciados, sufren descuentos en sus haberes; en otros casos, las patronales les ofrecen retiros voluntarios, para luego reemplazarlos por planteles más jóvenes y precarizados. Es que el llamado ´grupo de riesgo´ coincide con la franja de trabajadores bajo convenio o que reúne mayor antigüedad. La “renovación” de los planteles, al calor de la pandemia, es una reforma laboral de hecho. A ello, se suma la tentativa de congelar o postergar las paritarias, detrás de un esquema precario de sumas fijas.

Lavagna

Es inevitable encontrar un hilo conductor entre esta degradación ´pandémica´ del trabajo y las propuestas que hizo circular en estas horas el semioficialista Roberto Lavagna. El ex candidato a presidente también separó a la clase obrera en dos partes: la que cuenta con derechos adquiridos, y que seguiría bajo los convenios vigentes, y aquella que esta precarizada o desempleada, a la que se ofrecería trabajo en blanco bajo un nuevo status laboral. La principal innovación que propone el ex ministro de Néstor Kirchner es la eliminación del régimen indemnizatorio y su reemplazo por un fondo de desempleo bancado por el propio trabajador, a imagen y semejanza de lo que hoy ocurre en la UOCRA. Es un calco de lo que intentó el gobierno de Macri. Lavagna podría haberse ahorrado la promesa cínica de que serán “respetados” los actuales derechos de los trabajadores en blanco: si las patronales cuentan con la posibilidad de abaratar la contratación laboral, saldrán a desprenderse de los más antiguos a través de retiros “voluntarios”. Millones de trabajadores serían empujados a un despido encubierto y, para volver a trabajar, tendrían que aceptar las nuevas condiciones precarias de contratación.

El kirchnerismo y la CGT han “rechazado” la propuesta de Lavagna, la cual, de todos modos, se abre paso en el mundo fabril ante la vista gorda de la burocracia y el Estado. Más aún: desde otro ángulo, el gobierno y sus organizaciones sociales salieron a hacer su “aporte” al planteo precarizador, a través de la propuesta llevada al gobierno por la UOCRA, la burocracia pedracista y el SMATA, de un lado, junto a Grabois, del otro. Los susodichos plantean desviar parte del actual impuesto a las ganancias para la creación de un fondo para obra pública. Un porcentaje menor de los puestos de trabajo a ser creados quedarían bajo el convenio de la construcción, mientras que la mayor parte serían “trabajos sociales”, o sea, una variante de los actuales planes de empleo. Es muy claro que Gerardo Martínez, con esta “propuesta”, ha firmado un certificado de defunción del convenio colectivo de la construcción. Este dudoso plan fue bendecido por CFK en una reunión que sostuvo con los ´movimientos sociales´. Como ocurriera con la negociación de la deuda, la vice sigue aportando fichas a la agenda del capital.

Impostura

En una muletilla más pasada de moda que el propio Menem, capitalistas, funcionarios y “piqueteros” justifican esta escalada precarizadora en nombre de la ´creación de empleo´. Pero no hay degradación de la fuerza de trabajo que pueda rescatar a la economía capitalista de la bancarrota en que se encuentra. La pretensión de una reactivación “empujada desde el Estado” (y la obra pública) choca con la quiebra del propio Estado, y sus renovados compromisos con los acreedores internacionales. El capital privado, por su parte, reclama nuevas condiciones laborales para abaratar el costo del despido, no para expandir sus planteles.

Los actuales socios del gobierno han terminado copiando penosamente los planteos macristas –“crear las condiciones favorables para la inversión”. Pero el presente derrumbe mundial de las relaciones capitalistas no augura esas inversiones, aunque -como ya reclama todo un sector de la burguesía- la fuerza laboral, la tierra o los recursos del subsuelo de Argentina sean rematados a precio de chatarra.

Los planteos precarizadores están abriendo una deliberación y, con mayor fuerza, una lucha en las grandes concentraciones obreras. Esa lucha se expresa en la defensa de protocolos obreros frente al avance criminal del Covid – como ha ocurrido en fábricas de la alimentación, en el neumático y desde luego en los hospitales. Pero comienza a sonar también el reclamo de paritarias, cuando el salario está sufriendo el desarreglo de los precios máximos y los anuncios de aumentos tarifarios.

La situación que se viene va a sacudir a la clase obrera y a sus grandes sindicatos. La “alineación” política de sus dirigentes tendrá que dar cuenta de unas bases obreras sacudidas por la pandemia, las extorsiones precarizadoras, la caída del salario y las amenazas de despidos. Por caso, las expectativas de los aceiteros en una salida arbitrada a la quiebra de Vicentin ha terminado en un fiasco – también ahí ha llegado la hora de actuar. El desarrollo de un programa es el punto de partida para luchar por el frente único para poner a los sindicatos de pie: protocolos obreros redactados por los trabajadores; equipamiento e incorporación de personal de salud para asegurar la jornada de 6 horas; urgente convocatoria a paritarias; ningún despido ni suspensión; nacionalización de la banca y la gran industria, repudio de la deuda. Parar la producción allí donde se registren contagios masivos, huelga general hasta que se aseguren condiciones sanitarias compatibles con la vida y la salud de los trabajadores.

El impulso a plenarios, congresos obreros y coordinaciones de lucha debe servir para que la clase obrera imponga su propia agenda en la crisis, en un momento donde los capitalistas y sus agentes políticos intentan hacer lo propio.