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La decisión del Banco Central Europeo de interrumpir las transferencias a Bielorrusia, muestra la decisión de la Unión Europea de producir un cambio de régimen en Bielorrusia. Asimismo, el banco destinará dos millones de euros a las víctimas de la represión de Lukashenko, un millón de euros para organizaciones sociales y medios de comunicación independientes y 50 millones de euros para paliar el impacto de la pandemia de la covid-19.
En la misma línea, los parlamentos de Lituania y Letonia se pronunciaron por nuevas elecciones en Bielorrusia. Por su parte, el gobierno lituano ha anunciado una “flexibilización” de sus políticas migratorias para el ingreso de ciudadanos bielorrusos que huyan de su país por "motivos humanitarios".
Represión militar
En las últimas horas, el gobierno ha ha ordenado a sus servicios secretos detener a los organizadores de las huelgas y reprimir cualquier movilización. Inmediatamente la policía dispersó una manifestación y detuvo a dos personas en la planta de Minsk Tractor Works (MTZ, por sus siglas en bielorruso). La policía también tomó el control del principal teatro estatal en Minsk, que se convirtió en el epicentro de las protestas de los artistas tras el despido de su director.
Bajo la excusa de evitar la afluencia de "combatientes y de armas", Lukashenko ordenó el refuerzo de los controles fronterizos. El Ejército desplegado en la frontera occidental está en “plena preparación para el combate”, reforzado por una división de misiles guiados, sistemas antiaéreos y drones.
La clase obrera
Desde el pasado miércoles nuevas fábricas estatales se unieron a la huelga, incluida la fábrica de potasio Belaruskali en Soligorsk (al sur de Minsk). Es el quinto mayor productor mundial del producto químico. Las emisoras estatales también se unieron a la huelga.
El desarrollo de la huelga general en Bielorrusia ha planteado un problema no solo a la pretensión de la UE de pilotear la transición sino también a Rusia, una operación de alto riesgo.
