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Una caravana de vecinos hizo sentir sus reclamos este jueves, en Salvador Mazza, frente a la situación que atraviesa el departamento San Martín, con más de 600 casos de COVID-19. Sólo en Tartagal, hay 486 registrados contagios y 23 fallecidos. Los vecinos se movilizaron hasta el hospital de la ciudad fronteriza para realizar un abrazo y exigir equipamiento con insumos y personal de salud, testeos masivos, respiradores, acceso al tratamiento con plasma y que las obras sociales se hagan cargo del 100% de los tratamientos y dolencias. Salta ya tiene más de 1.500 casos. Es el segundo reclamo que hacen los vecinos ante la desidia del gobierno de Sáenz. En mayo pasado, presentaron un petitorio con los mismos reclamos, pero recibieron fuerzas de seguridad, siendo peor el remedio que la enfermedad, ya que muchos efectivos venían de otras provincias donde el virus circulaba en mayor número.
La preocupación de los trabajadores y vecinos es real. Resulta que Salvador Mazza es vecina de la ciudad de Yacuiba, en territorio boliviano, cuyo sistema de salud colapsó y la población muere en las calles. Por segunda vez, la respuesta del gobierno provincial fue enviar más efectivos de gendarmería y de la policía a “reforzar” las fronteras, tanto en Salvador Mazza como en Orán. Una respuesta reaccionaria que intenta echar las responsabilidades a los trabajadores bolivianos que comercian con los trabajadores argentinos. Es que la única actividad comercial es el bagayeo y el trajín con carros, la precarización por excelencia que ha sido sostenida por todos los gobiernos de turno. Sáenz pretende que las familias trabajadoras abandonen el único sustento sin responder a la desocupación crónica del norte salteño y sobrevivan, en el mejor de los casos, con un IFE de $10.000.
Ahora, hay otro agravante. Cambiaron protocolos con respecto a los testeos, no se realizan más a los aislados sospechosos por haber tenido contacto con un positivo si no presentan síntomas. Regatean los testeos por falta de reactivos y eso es una bomba de tiempo para la propagación del virus.
Los vecinos están decididos a darle continuidad a este reclamo. La orientación de gobierno es pagar la deuda fraudulenta de la provincia con acreedores. Ya ha desembolsado 16 millones de dólares.
Rechacemos esta sangría: es el pago de la deuda o la vida de los trabajadores. Hay que colocar todos los recursos necesarios para garantizar la cuarentena de bagayeros, trajines y comerciantes.
Desarmemos los grandes negociados de fronteras donde están involucrados la aduana, gendarmería y la policía. Para responder al colapso sanitario, hay que disponer, urgentemente, de los edificios públicos y privados necesarios para hospitales de campaña para alojar casos sospechosos y asintomáticos con el seguimiento de profesionales terapistas. Los trabajadores de la salud y profesionales deben trabajar 6 horas, con dedicación exclusiva.
Por la centralización del sistema de salud pública que asegure la atención universal y gratuita de todo tipo de dolencia y que las obras sociales se hagan cargo del 100 % de los tratamientos. Salario igual al costo de la canasta familiar y apertura de paritarias. Organicemos asambleas en los lugares de trabajo y comité barriales para enfrentar la desidia del Sáenz y los caudillos municipales que nos llevan a la muerte.
