Estatales de Jujuy: discutamos un programa frente a la pandemia

El Ministerio de Educación de Jujuy dispuso “la afectación transitoria del personal de Servicios Generales del Ministerio de Educación… para prestar servicios en el Comité de Emergencia… hasta nueva disposición de la superioridad” (resolución 1966–E–20, art. °1). Esta medida es la punta de lanza de una convocatoria más amplia a trabajadores de educación y otras reparticiones estatales.

Cuando en la provincia había unos pocos casos de contagio, el gobierno de Morales declaró el “pase a disponibilidad” de los trabajadores para atender tareas, sobre todo, de atención a los miles de jujeños que volvían a la provincia y debían cumplir cuarentena en hoteles, clubes barriales o instalaciones públicas. Hoy la situación es radicalmente distinta y las condiciones, muchísimo más gravosas: colapso sanitario, más de 5.500 personas contagiadas reconocidas oficialmente (número que se debe multiplicar por diez, según el ministro de Salud), amplia circulación comunitaria del virus, etcétera. El gobierno avanza por el área de Educación para intentar meter una cuña en la opinión pública; sin embargo, los trabajadores de educación no han dejado de trabajar, es más, tienen una sobrecarga laboral fenomenal y deben garantizar ellos mismos los insumos para conectarse con sus alumnos.

La preocupación de los trabajadores es justificada. El gobierno no ha expuesto cuáles son las tareas y funciones que deberá realizar el personal estatal afectado. Si tomamos de referencia cómo actuó con los trabajadores de salud, no garantizó las condiciones adecuadas para los trabajadores, el aprovisionamiento de EPP fue tardío y la falta de recursos materiales y humanos sigue sin ser satisfecha. Recientemente el gremio APUAP ha denunciado que el gobierno está realizando descuentos a profesionales de la salud que se encuentran de licencia por contagio de covid o en aislamiento por sospecha, incluso sobre el denominado “bono estímulo” de $5.000.

En la primera etapa, el estado presionó a la capa más precarizada de los trabajadores para realizar tareas asistenciales, aprovechándose de un cuadro de desprotección. Esto contó con la complicidad de la burocracia sindical, que no ha movido un dedo para discutir o defender los derechos de los trabajadores (de hecho, su último aumento salarial data de octubre de 2019). Mientras el gobierno dice que no tiene recursos, mantiene el pago de la deuda provincial al día, puntualmente.

Una verdadera movilización masiva de trabajadores para combatir el covid debe necesariamente poner a los trabajadores a discutir cuáles son las tareas y bajo cuáles condiciones; que tipo de capacitación debemos tener y la provisión de elementos de bioseguridad de calidad. Impugnamos el decreto y el pase a disponibilidad porque apunta al reforzamiento de la orientación gubernamental de hospitalización domiciliaria y seguimiento telefónico de los casos, para no volcar los recursos necesarios en la atención de los miles de pacientes contagiados.

Además de las condiciones de trabajo, se debe colocar la agenda propia de los trabajadores estatales: el pase a planta permanente, la reapertura de paritarias y un bono extraordinario del 30% para compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario.

Con este planteo proponemos la discusión y pronunciamiento en todas las instituciones educativas y reparticiones, para impulsar una gran campaña que ponga sobre el tapete la agenda de los trabajadores y como intervenir en la pandemia.