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Casa Bamba es una pequeña comunidad, un paraíso, ubicada entre la ladera de la Sierras y el Río Cosquín, al este de Carlos Paz, distrito de La Calera, departamento Colón. Nacida en 1897 como albergue para los trabajadores de la recién inaugurada Usina Bamba, actualmente viven allí unas 20 familias. Hace unos años ese pequeño paraíso entró en la mira de los desarrolladores inmobiliarios del lado este del rio y de una cantera de áridos del lado oeste. Las tierras, que fueran de la familia Minetti, fueron vendidas a la Minera Mogotes, propiedad de Camarassa, quienes instalaron un portón en el camino público de acceso al pueblo, dejándolo literalmente encerrado. Desde ese momento, sus pobladores están organizados y en lucha por la defensa de sus casas.
El pasado domingo 23 de agosto, las llamas fueron cercando desde arriba a las familias y, sorpresivamente en tiempo de sequía, abrieron las compuertas del lago San roque provocando una creciente de 2 metros dejando encerrados a los pobladores de Casa Bamba entre el fuego y la creciente del río sin puente para escapar porque hace 10 años descansa a su orilla sin haber sido instalado. Los bomberos tampoco pueden llegar. Todo esto ocurre a la vista del Ministerio de Ambiente, la municipalidad de La Calera, el guiño del Gobernador y la Justicia eterna como un calvario.
Este relato circunscripto a un pueblito serrano, revela la masacre ambiental cometida por el Estado. Se han sucedido los gobiernos y los funcionarios son los mismos y los 300 millones de pesos asignados al Plan de Manejo del Fuego no han servido para prevenir los incendios sistemáticos de miles de hectáreas de bosque nativo en el que luego florecen barrios privados y autovías. Mientras tanto, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, lo mira por TV.
La remediación tiene que comenzar inmediatamente, con fondos asignados a tal fin y controlado por las Asambleas Ambientales. No se puede permitir al gobierno de la provincia ni a los municipios el cambio de uso de suelo. El director de Defensa Civil Diego Concha y el Secretario de Ambiente Juan Carlos Scotto tienen que renunciar y ser juzgados por ineptitud como funcionarios públicos. El gobernador Schiaretti tiene que explicar que se hace con las partidas presupuestarias asignadas para combatir el fuego, ya que en la emergencia no había los insumos necesarios.
El cinismo con que se han manejado el gobernador Schiaretti y sus predecesores, impulsando desarrollos inmobiliarios y obra pública innecesaria para favorecer a empresarios amigos a cambio de naturaleza, dejan claro que debemos modificar los acuerdos sociales desde las bases. De otro modo no hay vida posible.
