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Desde el 16 de agosto, Eliana Mendilaharzu, de 26 años, se encuentra en coma, internada en Terapia Intensiva por los golpes y las patadas en la cabeza que le dio su marido, Ramiro Ponce, de 35, un sujeto que participa de maratones, carreras y hace atletismo. La pareja tiene un bebé de dos meses.
Luego de la denuncia presentada por la madre de Eliana en la Comisaría de la Mujer de Azul, la fiscal Karina Genusso pidió al juez Juan José Suárez la detención de Ponce, entendiendo que golpeó a su mujer con intenciones de matarla.
Sin embargo, el juez rechazó el pedido porque “de las pruebas colectadas no surge una mínima certeza que permita afirmar que los hechos hayan acontecido como afirma la Dra. Gennuso”.
Ponce dice que Eliana sufrió el golpe al caerse de la cama. La familia afirma que el hematoma epidural que la dejó en coma se debe a las patadas en la cabeza.
Los maltratos no son solo de la Justicia. Las organizaciones de mujeres locales denuncian que el médico que recibió a Eliana, todavía consciente, en el Hospital Pintos dijo que “estaba ebria” y la mandó a su casa.
Horas después la joven fue internada, en estado de coma, y operada de urgencia. El neurocirujano dijo que el golpe que le rompió el cráneo y dañó el cerebro solo podía explicarse por “un fierrazo contundente o una patada”. El intendente de Azul prometió un sumario para indagar qué pasó en el hospital.
A partir de que el juez se negó a detener a Ponce, el bloque del Frente de Todos presentó un proyecto en el Concejo Deliberante reclamando al intendente “una investigación minuciosa y exhaustiva” sobre cómo fue atendida en el hospital”. El voto en contra de Juntos por el cambio mandó el proyecto al archivo.
Como se ve, el manto de protección sobre Ponce va desde el hospital y la Justicia hasta los concejales oficialistas.
Los indicios de que se trata de un intento de femicidio son irrefutables. La madre y las amigas aseguran que los golpes eran cotidianos, incluso durante el embarazo. Un hijo de Ponce, de 10 años, dice que vio a su padre patear a Ely, y que no era la primera vez.
El único que considera que las sospechas “no son fundadas” es el juez.
Las organizaciones de mujeres, incluida las organizadas en la AMMA -Agrupación de Mujeres Maltratadas y Abusadas- se han concentrado ante la comisaría y los tribunales exigiendo que se detenga al agresor. Esta semana cientos de azuleños se sumaron a la nueva movilización, y el intendente se vio obligado a recibir a la familia y prometer una investigación sobre lo ocurrido en el hospital.
Funcionarias, legisladoras y agrupaciones feministas calificaron la decisión de juez como “sin perspectiva de género” y reclamaron que se aplique la ley Micaela. O sea que los funcionarios de los organismos del Estado “hagan un curso que los capacite en género”.
Ese camino no lleva a ningún lado, no es por falta de capacitación que la justicia es cómplice de los violentos. La violencia contra las mujeres, y contra los oprimidos en general, tiene una función aleccionadora de domesticación, de que acepten el papel subordinado que el régimen social les asigna. La impunidad se explica, muchas veces, por los lazos que unen a los violentos con el poder.
Exigimos la inmediata detención del agresor y una investigación exhaustiva. Que la familia de Ely sea admitida como querellante y pueda monitorear el proceso.
Las mujeres que acompañamos esta pelea debemos garantizar cada uno de estos reclamos a través de la movilización. ¡Justicia para Eliana!
