La defensa de los ocupantes de tierras, responsabilidad de todas las organizaciones obreras

El actual conflicto sobre ocupaciones de tierras no es una mera manifestación de la crisis habitacional. Por el contrario, está en curso una crisis de mayor amplitud.

En la geografía del gran Buenos Aires, las ocupaciones de tierras tienen lugar de un modo más o menos periódico o sistemático. Es el resultado de la explosión de las familias más jóvenes que se han formado en el hogar de sus progenitores – la explosión del hacinamiento. Los planes de vivienda de los gobiernos capitalistas ni siquiera cubren el crecimiento vegetativo de las necesidades de vivienda. Por lo tanto, el déficit habitacional, que en 2019 alcanzaba a cuatro millones de familias, no deja de crecer. Con seguridad, la pandemia agregó una legión muy importante de familias a esa cifra, como resultado de los despidos, seguidos de desalojos, y la completa ausencia de ingreso para los trabajadores precarios. El diseño de los planes de vivienda –y de sus sistemas de crédito- son incompatibles con la caída del poder adquisitivo regular, ni qué decir del que afecta al trabajo inestable o en negro.

Los actuales y pasados gobernantes conocen muy bien este escenario. Por eso, no hacen más que macanear cuando especulan con conspiraciones políticas y “hechos organizados” a la hora de explicar las tomas de tierras. En realidad, son ellos -los partidos de la burguesía- los que se han servido de estas tomas para instalar sinuosamente otro debate – el de la represión, bajo el disfraz de la ´seguridad´ o la propiedad privada. Un régimen que desvaloriza en forma constante la propiedad del trabajador, su fuerza de trabajo, se presenta como defensor del derecho de propiedad de quien explota esa fuerza de trabajo. Lo que está en el tapete es la política de represión del Estado y la movilización de su aparato de represión frente a un escenario de derrumbe social inmenso. La indignación de los políticos y de los medios de comunicación frente a esta rebelión de las masas, es la expresión del ‘enano fascista’ que nunca han dejado de llevar adentro.

Sergio Berni ha salido a amenazar con desalojos violentos y detenciones allí donde se produzca una toma. Este anticipo de mano dura le ha valido al funcionario de Kicillof y Cristina la condición de niño mimado de TN y todos los canales derechistas. Berni busca un apoyo que lo indulte en su responsabilidad por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo. Expone una desintegración del bloque oficialista, que tampoco quiere aparecer como respaldo del pueblo sin techo.

La campaña represiva que se ha desplegado alcanza ribetes fascistas en los episodios de Villa Mascardi, en Río Negro. Allí, la ocupación de tierras por grupos mapuches ha servido de excusa para el despliegue de bandas armadas, que esgrimen al mismo tiempo la necesidad de reabrir el turismo, el transporte aéreo, la hotelería y la gastronomía, cuando la pandemia se encuentra en incontrolable expansión. La inmensa disgregación social que deja la pandemia no sólo empuja a las masas a las calles, sino que desata el pánico de las clases medias que temen la ruina económica que les ha de causar la desorganización política y sanitaria del régimen capitalista que defienden. El gran capital le da manija a estos ‘banderazos’ en función de su interés de mantener el “orden” que propugnan, tanto económico como político-represivo.

El pseudo progresismo alojado en el ministerio de Seguridad de la Nación caracteriza a esta crisis como “habitacional” para advertir que los medios represivos no están a la altura de la magnitud de la rebelión que ha comenzado. Frederic sabe que el desalojo del predio de Guernica, con 2.500 familias, podría culminar en una verdadera batalla campal. Pero no denuncia que, incluso desde su propio gobierno, se la caracteriza como una crisis “de seguridad” - desde Massa hasta los gobernadores. En la franja de izquierda del kirchnerismo nadie plantea una movilización en defensa de los ocupantes, como tampoco lo hacen con la reforma previsional y la suspensión de paritarias que el FMI ha impuesto al gobierno de los Fernández

En el choque que se procesa en estas horas, no sólo está en discusión la política de ocupación de tierras. Se debate la conducta frente a las movilizaciones, las huelgas ´esenciales´, las ocupaciones de fábricas y todas las iniciativas que los explotados se verán obligados a adoptar, como ya ocurre con docentes, trabajadores de salud y los obreros del conglomerado Vicentin, frente al derrumbe social.

La defensa incondicional de los ocupantes; el censo integral de las necesidades habitacionales; la satisfacción al reclamo de un techo, son todas reivindicaciones que deben sumarse al rechazo a todo desalojo; fuera la policía de los asentamientos; fuera las bandas armadas; derecho incondicional de los trabajadores y explotados a luchar con sus métodos históricos, y llevar adelante sus reclamos en medio de la catástrofe social.